La Fiscalía General de Colombia impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a tres bienes que eran parte de la infraestructura logística de la banda criminal conocida como Los Gallegos, dedicada al tráfico de migrantes, en su mayoría venezolanos, en el suroccidente del país.

Fueron afectados con embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión un parqueadero, un hotel y un restaurante ubicados en Ipiales (Nariño). Los activos serían utilizados para alojar, ocultar y movilizar extranjeros, principalmente venezolanos, en tránsito irregular hacia Ecuador, Perú y Chile.

La Fiscalía documentó, al menos, 30 casos en los cuales los propietarios de bienes afectados con las medidas cautelares habrían recibido altas sumas por permitir la salida de buses con migrantes irregulares. 

En uno de los operativos, las autoridades interceptaron un vehículo que transportaba 31 ciudadanos quienes no portaban la documentación legal. 

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La ruta

La Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión de un parqueadero, un hotel y un restaurante ubicados en Ipiales (Nariño) que pertenecían a la organización delincuencial ‘Los Gallegos’. Este grupo estaría dedicado… pic.twitter.com/10kceplSoh

En este caso se constató que estas personas cruzaban Colombia hacia el sur del continente.

La Fiscalía evidenció que en el hotel serían alojadas las personas en condición migratoria irregular, su propietaria tendría nexos con los cabecillas de la organización. 

El parqueadero servía punto de embarque de buses que salían clandestinamente hacia el puente internacional de Rumichaca y otras rutas ilegales.

La acción se cumplió de manera coordinada entre las direcciones especializadas contra las Violaciones a los Derechos Humanos y de Extinción del Derecho de Dominio, impactando el patrimonio de estructuras delincuenciales que se lucran con esta actividad delictiva.

Con esta medida se busca frenar la utilización de bienes con fines delictivos.

Con información de Fiscalía de Colombia

La crítica situación de los migrantes que se encuentran en Turbo y Necoclí, esperando una embarcación para seguir su camino hacia Centroamérica, obligó a las autoridades de Turbo a habilitar viajes desde el muelle de Turbo hacia Acandí y Capurganá.

El alcalde de Turbo, Andrés Felipe Maturana, afirmó que las salidas de migrantes se están haciendo con todas las condiciones legales y lo están haciendo con la intención de evacuar a las personas que se encuentran represadas, sobre todo en Necoclí, donde ya hay unas 10.000 personas, la inmensa mayoría venezolanos.

Wilfredo Menco, personero de este municipio del Urabá antioqueño, señaló que el lugar contará con carpas y unidades sanitarias aptas para que estas personas estén en un lugar con mejores condiciones humanitarias.

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En Necoclí están adecuando un espacio para que los migrantes puedan ser albergados mientras encuentran cómo continuar su recorrido, en un lugar con mejores condiciones y en el que no interfieran con la realización de las Fiestas del Coco, próximas a celebrarse la semana entrante.

La Procuraduría solicitó una mesa de trabajo con representantes de los migrantes y las alcaldías de estos municipios para tratar de buscar una solución humanitaria a la situación registrada con estos extranjeros.

A pesar de los esfuerzos por evacuar a las personas que llenan las calles del Urabá antioqueño en su camino de migración, desde Medellín siguen llegando más migrantes.

El informe Lesiones fatales de ciudadanos venezolanos realizado por Medicina Legal reveló que al menos 309 venezolanos murieron de forma violenta en la Costa Caribe de Colombia.

Los departamentos de Atlántico y Sucre son donde se registran el mayor número de casos, según los datos aportados por Medicina Legal hasta noviembre de 2021.

El informe citado por Semana resalta que como forma violenta se consideran las muertes  por homicidios (en todas sus modalidades), accidentes de tránsito, muerte violenta “por otras causas” y suicidio.

Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato de un joven venezolano a finales de diciembre. Reseña Semana que en la madrugada del 30 de diciembre fue asesinado a bala en la Costa Caribe, exactamente en el barrio La Pradera, de Barranquilla, el venezolano Anthony de Jesús Díaz Díaz, de 24 años.

Según la publicación Díaz Díaz fue el último venezolano que engrosó la lista de fallecidos de manera violenta en esa región de Colombia.

En 2021 hubo un incremento en los casos de migrantes venezolanos respeto a 2020 cuando, según los datos de Medicina Legal, se registraron 272. Igualmente destacan que en los departamentos de Atlántico y Sucre tuvieron un repunte considerable de las muertes de dicha población en la Costa Caribe.

La comunidad de venezolanos en Colombia está cercana 1,84 millones según Acnur; mientras que Migración Colombia informó que llegando al millón 300 mil agendas y en biometría cerca 860 mil registros.

Cabe destacar que Migración Colombia ya aprobó 224 mil Permisos por Protección Temporal para venezolanos.

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En el departamento del Atlántico se registraron hasta noviembre 110 muertes violentas, frente a las 79 que se registraron durante el 2020; de estos casos, 84 fueron por homicidio, revela el informe de Medicina Legal.

Mientras que  Sucre, hasta noviembre de 2021, reportó 11 muertes de este tipo (seis homicidios) frente a los dos que registró en 2020.

En el departamento de Bolívar, documentaron 32 fallecimientos de forma violenta en 2021 de ciudadanos venezolanos, frente a los 43 ocurridos en 2020;  mientras que en Cesar contabilizaron 41 muertes de forma violenta, de las cuales 20 fueron homicidios.

El departamento de Córdoba registró 13 muertes violentas (nueve por homicidio), mientras que en 2020 contabilizó en total 10. De La Guajira se documentaron 54 muertes violentas (31 por homicidios), frente a los 58 casos que registraron en 2020.

El informe de Medicina Legal también estableció que en el departamento de Magdalena hubo 48 fallecimientos violentos (31 homicidios), mientras que en 2020 se registraron 44.

La crisis migratoria venezolana afecta a toda la región; por lo que los gobiernos toman en cuenta las implicaciones sociales, políticas y económicas que implica esta migración.

De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur); en los últimos siete años las solicitudes de los ciudadanos venezolanos que buscaban refugio en cualquier otra parte del mundo fuera de su país aumentaron un 8.000 %.

Un robo de cables de electricidad en una finca desencadenaron un lamentable accidente en el cual una joven venezolana de 17 años murió al recibir una descarga eléctrica luego que intentara cargar su teléfono celular.

Un llanto inconsolable que se sentía desde muy lejos hizo que Luis Daniel Otero Quintana regresara a su casa después de haberle dado “vuelta” al ganado que está bajo su cuidado en una finca en zona rural de Arjona.

El trágico hecho ocurrió el ayer martes y apenas amanecía, según cuenta Luis Daniel, pareja de la víctima, que volvió a ingresar a la casa para ver qué era lo que sucedía.

Al entrar a la casa fue cuando se encontró con una escena desgarradora: su mujer, Anaís Pérez Wilches, una adolescente de 17 años, estaba tendida en el piso con un cargador de celular en la mano y el teléfono en el piso.

El desconsolador llanto era el de su bebé de dos meses de nacido, que estaba en un chinchorro cerca del cadáver de su madre.

Todo pasó tan rápido que en ese instante no sabía qué pasaba. “Como no sabía me fui sobre ella para ayudarla y recibí una descarga también; pero como yo tenía botas logré zafarme. Como pude le brindé los primeros auxilios, pues fui militar y eso lo aprendí allá. En ese instante llegó un amigo que diariamente va a buscar leche y la subimos a la moto para llevarla al hospital. Llegamos, pero ella prácticamente ya iba muerta”, relató.

Dentro de las  causas que desencadenaron esta tragedia para esta familia venezolana, estiman que pudo haber ocurrido porque hace unos días ladrones ingresaron a la finca y hurtaron algunos cables de energía.

Entre las cosas que se llevaron estaba la varilla de polo a tierra. “Yo le comuniqué de eso al patrón, pues la luz se subía y se bajaba. A veces salían como chispas porque esos cables iban del transformador hasta la finca”.

Es por ello que estima que “al conectar el cargador, en una de esas subidas de la energía fue cuando ella recibió el corrientazo”, reseñó El Universo.co.

Fue en horas de la mañana del miércoles, cuando Luis Daniel, natural de Turbaco, reclamaba el cuerpo de su esposa venezolana para darle cristiana sepultura. Con Anaís llevaba dos años de relación y en la finca tenían cerca de cuatro meses de estar laborando.

El hecho de sangre ocurrió a las 8:30 p.m. de este domingo 26 de septiembre, cuando dos hombres en una motocicleta NKD blanca llegaron a una edificación de la carrera 30A con la calle 30, en Medellín según el reporte policial.

Los vecinos contaron que los sicarios vestían jeans, chaquetas negras y cascos negros, y subieron hasta el apartamento 301.

Allí vivían en alquiler los venezolanos David José Andrade, de 36 años, y Freymar del Carmen Mesa Figueroa, de 23, en compañía de la niña.

Relataron que los visitantes tocaron la puerta e ingresaron. Luego de un par de minutos, se escucharon dos detonaciones en el recinto, y los hombres de negro salieron rápidamente.

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Una patrulla de Policía llegó al poco tiempo, alertada por la comunidad, y encontró los cadáveres de los extranjeros, junto a su hija. Cada uno tenía un disparo tipo ejecución en la sien derecha.

Las víctimas llevaban un mes arrendando el apartamento en el que ocurrió el crimen. Hasta el momento se desconocen las razones del ataque, informó El Colombiano.

Reporte de prensa indican que se trata del segundo doble homicidio ocurrido en una vivienda del oriente de Medellín en un lapso de apenas 48 horas.

Hay un cambio de «visión política» en los países de acogida de los migrantes venezolanos y los casos particulares de Colombia y Ecuador son ejemplos «alentadores» hacia la integración. La afirmación la hizo el representante especial conjunto de Acnur y OIM para migrantes y refugiados de Venezuela, Eduardo Stein.

«Hay ya una visión integradora como no conocemos haya ocurrido en otras regiones del mundo. América Latina resulta ser pionera en buscar un eslabonamiento (sic) en las capacidades del país para integrar esta población en procesos de vida digna y oportunidades duraderas». Así lo dijo Stein en una entrevista con Efe al terminar una visita de cuatro días a Colombia y Ecuador.

Resaltó los casos de esos países andinos, «cada uno en su terreno», como ejemplos de un cambio de «visión política», en cierta medida impuesto por las necesidades de la pandemia, para pasar de la fase de «regularización» de la migración venezolana a la de «integración».

En este proceso, el representante especial también mencionó otros ejemplos como Brasil, Perú o República Dominicana.

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En total, desde que comenzó la migración, son algo más de 5,7 millones los venezolanos que han salido del país a raíz de la crisis. Según Stein, «desde hace meses hemos detectado la voluntad de muchos de no retornar a su país. Esto, por no encontrar en el corto plazo condiciones de seguridad, acceso a derechos y oportunidades socieconómicas dignas».

Todo ello exige un cambio de visión hacia la integración. Por ello califica como «muy refrescante y tremendamente estimulante» los encuentros con los presidentes Iván Duque y Guillermo Lasso esta semana.

«Ya no se habla solamente del tema de regularización sino que se está eslabonando directamente con buscar las condiciones de integración socioeconómica. Es decir, ya es una mirada que supera el horizonte de atenciones humanitarias», aseguró.

Stein dijo haber realizado esta visita para estimular y apoyar las políticas integradoras en ambos países. Lo hizo acompañado por otros altos representantes regionales de ACNUR y de la OIM para América Latina y la migración venezolana.

Y atribuyó una parte del «cambio de visión» a que los 17 países receptores han tenido que ir adaptando sus legislaciones. Lo han hecho para acomodar planes como la vacunación contra la COVID-19, y no dejar a los venezolanos fuera. No solo por ser un «derecho humano», sino también para poder obtener la inmunidad de rebaño de sus propias poblaciones.

«No se podía seguir dejando por fuera a una población por no tener documentos en regla. Cada país ha ido buscando la manera de generar estados temporales para que esta población tenga sus papeles en orden. También para que existan legalmente si se quiere y tengan acceso a derechos y oportunidades laborales dignas», explicó.

De su reunión con Lasso, Stein destacó que encontró «un compromiso de voluntad política». Esto para enlazar «los esfuerzos de regularización documental de esta población, con los horizontes de inserción económica y social». Todo, unido a una «capacidad participativa espectacularmente mostrada en la vacunación de 9 millones de personas en 100 días» de gobierno.

A su juicio, este hecho «representa un horizonte de transformación que conjuga los esfuerzos domésticos a nivel interno. A lo que se une el tratamiento regional de estos fenómenos migratorios».

De Colombia, el país con mayor población venezolana, Stein destacó decisiones como la de ofrecer «un proceso de registro y regulación amplio a toda esa población». Además de la «modificación de varios de sus aparatos legales para poder acomodar este fenómeno». Todo para naturalizar «a decenas de miles de hijos y hijas de padres venezolanos, nacidos en territorio colombiano, para evitar un fenómeno de apatridia».

Se trata de un proceso que sin duda seguirá requiriendo de asistencia financiera internacional, según requieren los países de la región más afectados.

Stein dijo que se ha concretado cerca de 40 % de la ayuda ofrecida. Son «cantidades superiores a los 2.000 millones de dólares (..) con un porcentaje importante de este dinero ofertado en préstamos blandos» de parte multilaterales como el BID o el Banco Mundial.

Y destacó el «notorio cambio» en el compromiso internacional al recordar que, «de la primera conferencia de donantes a la segunda, el dinero en donaciones casi se duplicó respecto al disponible en préstamos blandos», estos últimos supeditados a las condiciones fiscales de cada país.

El plan para la próxima reunión de donantes está en vistas, pero pendiente de algunos procesos electorales como los casos de Alemania o Canadá.

En Colombia, principalmente en Cúcuta, han surgido ONG o grupos de personas que se dedican a apoyar a los migrantes venezolanos. A través de la Voz de América, se conoció de al menos tres refugios donde brindan apoyo, comida y atención a miles de venezolanos que salen del país y pasan por allí, bien para quedarse o para seguir hacia otros destinos.

La joven Liliana Trillos es del estado Monagas, al oriente de Venezuela. La semana pasada semana llegó a Cúcuta, Colombia.

«Caminado, un poquito caminando, un poquito de cola», dijo sobre la forma que consiguió para salir del país, un día después de llegar a Cúcuta. En su pueblo quedaron sus tres hijos y los padres de Liliana, que viajó con su cuñada y un bebé de un año. 

Explicó que quiere llegar a Ibagué, la capital del Departamento del Tolima, donde la esperan con un empleo. Llegar hasta allí desde Cúcuta le tomará unas 18 horas por carretera.

«Voy a trabajar para que mi familia pueda comer», dijo mientras era asistida en el Centro Humanitario Los Patios. Este es uno de tres sitios similares que dan refugio temporal a los migrantes venezolanos.

«Estoy muy agradecida, me han atendido muy bien», explicó cubierta por un tapabocas, signo de estos tiempos. «Aquí dormimos, comemos, nos bañamos. Están pendientes de nosotros, (tenemos) médicos», agregó en alusión al centro con capacidad para unos 320 migrantes.

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Miladis Gonzaga es una peluquera venezolana que fue acogida también en el Centro Humanitario Los Patios junto a un familiar enfermo que viajó con ella hasta Cúcuta. Quiere llegar a Bogotá para poder trabajar en su oficio.

«Venía caminando y me conseguí (encontré) a la Cruz Roja», dijo. El familiar que viajaba con ella tenía un dolor intenso en una pierna. «Le expliqué el caso de él, le enseñé la historia (clínica). Ella (una doctora) lo revisó, vió que él casi no podía caminar y me mandó hacia este refugio». 

Tanto Liliana como Miladis se benefician de la labor conjunta que desempeñan la gobernación del Norte de Santander. Esto sumado a unas 24 organizaciones internacionales que apoyan el plan para dar asistencia humanitaria a los migrantes venezolanos. 

«Llegué acá por la situación que está pasando Venezuela. Me siento muy agradecida por los colombianos que nos han ayudado mucho acá a los venezolanos, en este refugio se han portado muy bien las muchachas con nosotros», dijo. En Cúcuta tiene un hijo y otros familiares. En Venezuela está su hija y otros cuatro parientes. «Casi toda mi familia está acá», recalcó.

El Centro Humanitario Los Patios, en Cúcuta, es uno de tres centros de este tipo surgidos para apoyar a migrantes venezolanos.

El coordinador Juan Pablo Conde, dijo que la intención es «intervenir» en apoyo a grupos de migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Explicó que no es un albergue abierto para todo el que por allí pasa.

«Como el resto de los centros de su tipo, está enfocado en los más vulnerables. Principalmente los discapacitados, adultos mayores, niños abandonados y otros casos», explicó.

A su vez comentó que el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios (GIFM) es «el soporte para la intervención a la comunidad vulnerable y cuenta con 24 socios cooperantes».

Entre los organismos que apoyan este esfuerzo están la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Noruego, la Cruz Roja Colombiana y el Fondo Mundial de Alimentos (FAO). Además interviene la Secretaría de Fronteras.

«Es una respuesta de atención instalada con la intención de garantizarle a la población migratoria vulnerable una estrategia de respuesta e intervención sobre alimentación, alojamiento, restablecimiento de lazos familiares, atención en salud y otras líneas de intervención que demanda esta población», espec ic ó Conde.

También buscan de forma temporal dar garantías de seguridad a los migrantes y una condición digna para los beneficiarios.

«Es un espacio que no es abierto, es un espacio que viene referenciado por tres puntos que son: Puente Internacional Simón Bolívar, Centro de Referencia de Los Acacios y el punto de referencia de Monte Bello», aclaró Conde.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Estados Unidos ha sido “el mayor donante individual a la respuesta a la crisis en Venezuela y la región. Ha proporcionado más de 1.000 millones en asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y de salud para refugiados y migrantes venezolanos en 17 países de la región.

Según un documento del USAID, Colombia ha recibido un poco más de 132 millones de dólares. Sin embargo, las necesidades son mayores.

Esta organización tiene 60 años y se dedica a asistir a personas y comunidades de todo el mundo. Su desempeño de décadas se basa en asistir en primera línea los desafíos donde sea que se presenten.

Kurt Henne, director de Prject HOPE en Colombia, explicó que en Cúcuta están apoyando a la gobernación de Norte de  Santander en su objetivo de asistir a los venezolanos que hasta Cúcuta llegan.

«Somos una de varias organizaciones que estamos ayudando aquí», dijo Henne. Explicó que concretamente dan apoyo económico al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.

Tenemos un equipo que está trabajando en los registros de los migrantes que llegan aquí. Encaminamos a los migrantes hacia los servicios que ellos necesitan», afirmó.

Incluso dijo que ha estado «impresionado con el servicio» que pudo palpar durante su paso por el centro Los Patios el viernes pasado.

«La solidaridad es lo que justamente debemos mostrar en esta crisis humanitaria y no han perdido ni un detalle aquí. La limpieza impecable, la organización ideal. Esto es un ejemplo pequeño para la complejidad de las necesidades de la gente que viene de Venezuela pero es bonito ver a todas las organizaciones juntas haciendo su mejor esfuerzo para ayudar a la gente en su camino», detalló Henne.

La canciller de España, Arancha González Laya, viajará la próxima semana a Colombia. Una de sus misiones es conocer sobre el terreno la situación y necesidades de los inmigrantes venezolanos en Cúcuta.

González Laya viajará a Bogotá el próximo 25 y el 27 se desplazará a la región de Norte de Santander. Su despacho asegura que la funcionaria verá las medidas de acogida a los miles de venezolanos que diariamente cruzan la frontera.

La ministra española tiene previsto reunirse con el presidente colombiano, Iván Duque. también con la canciller, Claudia Blum, con quien mantendrá consultas políticas para impulsar la relación bilateral.

González Laya también tiene previsto reunirse con representantes de las instituciones surgidas de los acuerdos de paz. además de autoridades locales y empresas y ONG españolas, detallaron las fuentes a la agencia Efe.

El sábado 27, viajará a Cúcuta. Mostrará solidaridad y compromiso de España con los esfuerzos de Colombia para gestionar la llegada de 1,72 millones de venezolanos en los últimos años.

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Igualmente, espera reconocer la «muy generosa» iniciativa del Estatuto de Protección Temporal para los emigrantes venezolanos.

Según datos de Migración Colombia, hasta el pasado 31 de diciembre había en ese país 1,72 millones de migrantes venezolanos. De ellos cerca de un millón son indocumentados, además de unos 800.000 que están con su situación regularizada.

La medida del Gobierno colombiano ha sido aplaudida por diferentes gobiernos, organismos internacionales e incluso por el papa Francisco.

El Ejecutivo colombiano calcula que los favorecidos con la medida pueden ser unos dos millones de personas, toda vez que quienes ya han regularizado su situación en el país también podrán acogerse al nuevo Estatuto Migratorio para poder permanecer los diez años en Colombia

Los migrantes venezolanos en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, hacen literalmente de todo para sobrevivir. Cantan, hacen malabares, venden artesanías o bolsas de dulces. Otros simplemente piden una moneda. Lo hacen para comer y pagar el techo diario. Ya no son uno o dos, hay familias enteras. Madres con sus niños en brazos se ven obligadas a buscar el sustento, rodeados de incertidumbre.

Los semáforos, entonces, se convirtieron en teatros o tarimas para aquellos que solo buscan la manera de subsistir, destaca un trabajo de la Voz de América.

Resalta el caso de Jesús Manuel Camacaro, quien prefiere que le llamen The New Crack. Llegó a esta ciudad colombiana desde Barquisimeto, donde según él “nació el folclor (…) viene la música”.

“Vine a Cúcuta a buscar un mejor progreso. Ya saben que mi país está pasando por una crisis muy crítica y no podemos conseguir los recursos que en realidad podemos conseguir aquí, rapeando en busetas (vehículo de transporte público)”, explicó Camacaro.

Dice que en las calles encuentra de todo: transeúntes y pasajeros que solidariamente les dan una moneda o comida, o los rechazan por su condición de inmigrantes; en algunas ocasiones, incluso sus propios compatriotas.

Y así como Branyer, Jesús sueña con darse a conocer y viajar a otras ciudades y hasta países llevando su música. Tiene incluso una motivación adicional: su bebé de cinco meses, para quien paga diariamente el sitio donde vive y sus alimentos.

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Edward Oliver Contreras Beltrán llegó a Cúcuta, desde el Estado de Táchira. Estuvo preso y confiesa que es preferible ganarse la vida haciendo figuras con un alambre dulce.

En Venezuela se dedicaba a la agricultura, pero luego paró en la calle y, años después, fue a parar tras las rejas, donde aprendió a hacer figuras con alambre, las cuales vende en promedio a un dólar.

“Con esto me gano la vida, siendo un hombre pobre acá en Cúcuta. Es mejor estar en esto que estar robando, haciendo el mal a la gente. (Vivir) honradamente, para no hacer quedar mal, más mal a los venezolanos que venimos acá a echarles bolas y a trabajar”, dijo.

El constante paso de migrantes venezolanos por las localidades de la frontera con Colombia tiene casados a sus habitantes. Están conscientes de que se trata de una situación derivada de la crisis. Pero los residentes de Villa del Rosario, Cúcuta y la Parada, por ejemplo, se quejan por la cantidad de migrantes venezolanos que deambulan por las calles.

«Ya no sabemos qué hacer con tanto migrante en el municipio. Si no están pidiendo en las casas, en los negocios o en las calles, entonces se dedican a deambular por todas partes. Son muy pocos los que trabajan”. El relato es de Yesid Rojas, habitante de Villa del Rosario.

A su juicio, «a la administración municipal, el control de los migrantes se le salió de las manos», reseña La Opinión.

Los comerciantes de la zona también se quejan, porque cada vez son más los que llegan a la región. Esto, pese a que los pasos fronterizos continúan cerrados.

El uso de las trochas sigue siendo la vía para la llegada de los migrantes. Algunos buscan de comida y medicinan, otros con la ilusión de encontrar un empleo y mejorar sus condiciones de vida. Pero una gran mayoría está sin rumbo fijo. «Ocasionan caos en el municipio durmiendo en las calles, pidiendo limosna», etc. 

“Si aquí en el centro estamos cansados, no me imagino en La Parada. Allí piden ayuda a gritos. Pero pareciera que esa zona no le perteneciera a Colombia, sino a Venezuela. Ir allá es arriesgarse a muchas cosas”, añadió Rojas. 

Los comerciantes de la zona céntrica señalan que a diario son cientos de caminantes los que transitan por el municipio.

Los más lastimoso es que gran parte son mujeres con niños pidiendo monedas o comida. En los últimos días, han visto adultos mayores. “Se la pasan con una caja de dulces pidiendo plata. Y para completar, muchos sin tapabocas y el virus suelto. Si seguimos así, los contagios van a aumentar y la seguridad, peor”, indicó Jhon Ortíz, otro comerciante de la zona. 

Así mismo, la comunidad ha denunciado que durante los últimos toques de queda decretados por las autoridades departamentales, se ha visto a muchos migrantes infringiendo las normas, por lo que exigen acciones que frenen esta conducta.

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El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, dijo que desde el año pasado se tiene activado un plan, “un trabajo conjunto con el Ejército Nacional, Policía Nacional y Migración Colombia para reforzar el control en los pasos fronterizos, sin embargo, la porosidad de nuestra frontera genera ese flujo de migrantes”.

Ante esta situación, Serrano aseguró que está activado un plan liderado desde Norte de Santander, en donde  se va a coordinar con los gobernadores y alcaldes del país para establecer un protocolo de atención a la población migrante. 

“Cooperación Internacional ha sido fundamental y seguramente a partir de la otra semana comenzaremos a activar todo este plan de acción, para atender humanitariamente a todas estas personas como lo hicimos cuando se dio el proceso de retorno”, añadió el funcionario. 

Con respecto al incumplimiento de las medidas durante los toques de queda, Serrano detalló que efectivamente más de 500 venezolanos han sido sorprendidos infringiendo estos confinamientos. 

“Han sido conducidos al Centro de Atención Sanitario de Tienditas, permanecieron allí y una vez terminó la restricción se permitió su tránsito normal porque son caminantes y son migrantes”, mencionó el Gobernador. 

La Policía Nacional informó que se reforzarán los controles en las zonas de frontera,  en conjunto con la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional y el Grupo Especial Migratorio, con el objetivo de hacer cumplir las medidas decretadas para estos fines de semana de restricción total para la movilidad de personas y vehículos.

Hasta noviembre del 2020 1.721.195 de migrantes venezolanos viven en Colombia. De esa cantidad 765.708 se encuentra en condición regular (44%). Mientras que 955.487 no poseen algún documento que los regularice en en país vecino.

Las cifras las proporcionó Migración Colombia al ofrecer un balance anual. Destacó la institución que esa cantidad de venezolanos vive en los 32 departamentos de ese país.

Por otra parte, el balance señala que 24% de la población migrante en Colombia es menor de edad (0 a 17 años). Lo que significa que en ese país viven más de 400.000 niños y adolescentes venezolanos.

Según los datos que maneja el organismo migratorio, 58% de la población venezolana se ubica en edades entre los 18 y 39 años de edad.

“82% de la población migrante venezolana en Colombia está entre los 0 y 39 años de edad. Ese no es otra cosa que una concentración de adultos mayores en Venezuela”, señaló el director nacional de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), 4,6 millones de venezolanos han salido del país y de estos 36% ha llegado a Colombia.

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El Permiso Especial de Permanencia (PEP) es uno de los instrumentos temporales que empleó el gobierno colombiano para regularizar a los venezolanos en el país. Hasta la fecha se han entregado 7 versiones del mismo. Dependiendo de las distintas fases por las que ha pasado la migración.

Según Migración Colombia, en estos últimos meses se llegaron a entregar 715.555 PEP. De ellos, actualmente se encuentran vigentes 685.834.

Espinosa, detalló que durante el 2017 se entregaron más de 68.000 permisos especiales. Mientras que en el 2018 más de 480.000 venezolanos recibieron el documento. Luego, en el 2019 esta cifra se ubicó en casi 48.000. Y finalmente en el 2020 expidieron 118.000 permisos de permanencia.

«80,2% de los documentos fue otorgado a venezolanos entre los 0 a 39 años de edad. A los niños, niñas y adolescentes se les han otorgado 101.000 PEP”, dijo.

El director de Migración precisó que para este 2021 se espera comenzar a implementar el sistema biométrico de identificación. Este mecanismo servirá para identificar y caracterizar a los venezolanos en Colombia.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López la emprendió este jueves contra los venezolanos que han migrado a Colombia. Aunque reconoció que «no son todos», sí los culpó del aumento de la criminalidad en la capital colombiana. «En Bogotá, el homicidio ha aumentado 1%», aseveró y remarcó que no han logrado bajar la cifra.

La burgomaestre hablaba del aumento en los delitos en la ciudad, puesto que según sus propias palabras, no han logrado bajar estos índices. Dijo que sobre todo han incrementado los casos de homicidios. Fue allí que arremetió contra los migrantes venezolanos.

«No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos», aseveró en una rueda de prensa.

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Aseveró que habría que «poner a trabajar a Migración Colombia», porque «aquí el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido sea. Pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos sin contemplación».

Por ello, aunque valoró el trabajo de Migración Colombia, dijo que debería trabajar mejor. Lo hace «de manera muy chiquita, muy precaria», remarcó.

Las reacciones por redes sociales no se hicieron esperar. Varios usuarios de las redes reaccionaron contra el comentario xenófobo. «Si aquí en Venezuela alguien decidiera hacer lo mismo con los colombianos que delinquen, créame que le devolveríamos muchos más de los que ustedes nos devolverían. Y no es xenofobia, mi mamá era colombiana», comentó Luigino Bracci.

«Muchos confiamos en que una mujer víctima de discriminación histórica, sería respetuosa con colectivos vulnerables y en riesgo», escribió por su parte Gabriela del Mar.

"No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente: alcaldesa @ClaudiaLopez#TuGobiernoEnKennedy pic.twitter.com/3s1K4Dn1XA

La migración venezolana en Colombia se siente más afectada por la situación laboral y desalojo de sus viviendas que por contagiarse de COVID 19 en medio de la pandemia. Es el análisis de los datos derivados de la encuesta de la organización Equilibrium CenDe de junio de este año.

Según esa encuesta 48,3 por ciento de los migrantes se han quedado sin trabajo durante la cuarentena, decretada por el gobierno colombiano el 25 de marzo de este año. 15,8% había perdido su trabajo antes de la cuarentena y 11,4 por ciento de los migrantes venezolanos en Colombia no tienen trabajo ni se encuentran en su búsqueda.

La investigación también arrojó que 7,4% sale a trabajar porque se encuentra entre las actividades autorizadas por el gobierno colombiano, 1,8% está trabajando desde casa y 4,4% salen a trabajar asumiendo riesgos, porque no se encuentran autorizados, publicó el diario La Nación.

Este panorama negativo del empleo para la migración venezolana en tiempos de pandemia también ha tenido sus efectos en las remesas que se envían desde Colombia a Venezuela. 72% de los que enviaban remesas lo han dejado de hacer desde que se inició la situación y 14,6% continúa enviando dinero, pero en menor cantidad.

58,4% de los migrantes, según lo determina la investigación de Equilibrium CenDe, afirma no haber recibido ningún tipo de apoyo o ayuda humanitaria en la pandemia versus un 40,4 por ciento que señalan que sí.

De estos últimos 85% han recibido ayuda en alimentos, 14% ayuda económica y 7% en kits de salud e higiene. Sobre quién les provee de ayuda, 39% dicen que el gobierno colombiano, 27% amigos y familiares y 32% de la iglesia y otras organizaciones humanitarias.

Sobre el impacto directo de la COVID 19 en la población migrante venezolana en Colombia, el último informe disponible del Instituto Nacional de Salud, de fecha 17 de julio, indica que se han presentado 2099 casos de venezolanos contagiados, lo que representa 1,3% de la estadística nacional.

La mayoría de los casos de contagio de venezolanos han ocurrido en Bogotá, con 1276 casos, en Barranquilla, 156 casos, Antioquia, con 139 casos, en Atlántico, con 119 casos. En el Norte de Santander se han presentado 25 casos de venezolanos contagiados por COVID y en Santander 15 casos hasta la fecha de registro del informe. En total han fallecido 42 venezolanos por COVID en Colombia.