Luego de más de dos años cerrados la frontera de Venezuela con Colombia, al fin la administración de Nicolás Maduro removió los tres contenedores que impedían el paso por el puente internacional Simón Bolívar.

La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, hizo el anuncio formal y enfatizó que esta “apertura comercial binacional” se realizará respetando todas las medidas de bioseguridad por la pandemia de la COVID-19.

“A partir de mañana (martes) daremos apertura comercial entre nuestros países”, dijo Rodríguez.

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Precisó que una de las medidas que se deberán cumplir para el tránsito de los comerciantes “es tener su carnet de vacunación contra el virus”.

Freddy Bernal, protector del estado Táchira impuesto por Maduro, ordenó remover el último de los tres contenedores que mantenían cerrado el paso a Colombia.

Aseguró que ya el “44 % de la población de la zona fronteriza ha recibido una vacuna contra la COVID-19”.

“Tenemos puestos de vacunación en los cinco municipios de frontera, y estamos garantizando que sea una frontera biosegura”.

Analistas colombianos como Néstor Rosanía, Pedro Viveros y Andrés Villota le confirman a Impacto Venezuela que si fue la GNB quien lo abatió, se confirmaría que efectivamente estaba en Venezuela.

«Sería una persona menos, con vínculos con las disidencias de las FARC y con el narcotráfico en esta lucha contra las drogas que Colombia», asegura el analísta político Pedro Viveros.

Quien también considera que la muerte del líder guerrillero se converte en una «piedra en el zapato muy grande para Venezuela» porque se confirmaría que efectivamente estaba escondido ese territorio.

«Y si quien lo abatió fueron unos mercenarios, queda demostrando que es un país frágil para la intervención de mercenarios», asegura el analista político colombiano.

Así mismo surge la duda sobre los móviles del abatimiento de Santrich en el sentido de que» hasta hace unas horas el Gobierno de EE.UU. estaba interesado en la extradición del guerrillero y se autorizó su extradición en Colombia y horas después aparece abatido», dice Viveros.

Luego, también hay una cantidad de circunstancias que a medida que pasen las horas, todos los interesados en la transparencia de este caso sabrán qué ocurrió con quien «traicionó los principios del proceso de paz y traicionó a Colombia», concluye el politólogo.

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La sospecha del papel que puede estar jugando EE.UU en la muerte confirmada por medios de comunicación colombianos también la tiene el internacionalista y columnista de Impacto Venezuela, Andrés Villota.

«EE.UU tenían que empezar a hacer eso para desmontarlo, eso no se podrá probar; pero tenían fichado hace mucho tiempo y a las FARC en general con el tema de tráfico de niños, no tanto por el narcotráfico», asegura Villota.

Por otro lado considera que «tenían que matarlo», asegurando que fue el Gobierno Venezolano quien lo hizo para que no se repitieran denuncias de invasión y violación de Derechos Humanos como cuando mataron a Raúl Reyes.

Recordemos que Raúl Reyes murió en 2008 durante la ejecución de la Operación Fénix, ejecutada en territorio ecuatoriano, por la Fuerza Aérea Colombiana con el apoyo del ejército y agentes de su policía.

Allí, en la zona selvática de Angostura, cercanías de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, cayó muerto alias Raúl Reyes, entonces comandante del bloque sur de las FARC.

Incluso, hubo versiones que la localización de Reyes a menos de dos kilómetros de Colombia, se dio tras una comunicación satelital de Hugo Chaves para agradecerle la liberación de varis excongresistas colombianos.

Otra lectura que también ofrece Andrés Villota, es que existe una división marcada entre las Fuerzas Militares Venezolanas que llevaron al desacato de una orden.

«Puede haber una división muy grande en las fuerzas militares y lo mataron en contra de órdenes superiores», asegura.

Tres variables pueden manejarse sobre la muerte de Santrich. El análisis para Colombia es que evidentemente hay una «guerra a muerte» entre dos disidencias de las FARC en territorio entre Venezuela y Colombia.

Por un lado, el grupo de Gentil Duarte con lo que él ha denominado la «verdadera FARC» y por el otro Iván Márquez, Jesús Santrich, alias El Paisa y Romañan, que conformaron la «Segunda Marquetalia».

Estas dos facciones se están peleando el poder de toda la salida de la droga y el corredor va hacia Brasil y hacia Venezuela», describe Néstor Rosanía, analista, investigador y corresponsal de conflictos armados, y Director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.

El territorio Venezolano es un gran botín porque no solo es el tema del narcotráfico, sino minería ilegal, tráfico ilegal de combustibles, las cuotas sobre las trochas por donde pasan los migrantes, etc.

«Y eso genera lo que se llama ‘portafolios de economía ilegal’, que forman parte de esa es la guerra entre esas dos grandes disidencias», dice Rosanía.

Además, para nadie es un secreto que del lado venezolano también hay grupos como «La línea», «La frontera» y un alto nivel de corrupción e influencia por parte de la Guardia Nacional Venezolana.

«Que historicamente ha protegido los intereses del ELN y que hoy parece esta más cercana a la disidencia de Iván Márquez y la «Nueva Marquetalia», explica el analista colombiano.

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Rasanía concluye que la muerte de Santrich, se trata de un tema más simbólico y un impacto de opinión, pues carecía de poder político, militar y económico en la estructura guerrillera.

«No tenía una gran ascendencia, su papel era el de ideólogo, pero no tenía una capacidad militar y económica dentro de estas estructuras».

Es así como la desaparición de Santrich no cambiaría el mapa de seguridad en la frontera colombo venezolana donde son más de 15 los grupos que delinquen.

Y donde hay millones de dólares en juego que se mueven en tema de narcotráfico a diario.

«Que desaparezca Santrich no cambia en términos general todo el mapa de seguridad regional que tenemos en la frontera colombo – venezolana», concluye el politólogo colombiano.

Por medio de un comunicado conjunto de las Conferencias Episcopales de Colombia y Venezuela, los obispos de ambos países exponen sus consideraciones frente al conflicto fronterizo.

Hacen un llamado urgente a que adoptar soluciones de fondo que permitan a la población permanecer en su territorio o regresar a él.

Además, manifiestan su solidaridad con quienes se están viendo afectados, considerados «los más vulnerables».

Establecen que la reconciliación, el diálogo y la concertación son la guía para solucionar los conflictos.

«Siempre anteponiendo a cualquier otro interés el respeto de la dignidad humana y de los derechos de las personas», dice el comunicado.

Obispos de Colombia y Venezuela están preocupados y de esta manera exponen sus consideraciones frente a esta problemática que viene en constante crecimiento.

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La afectación a la población más vulnerable es lo que más le preocupa «ante la situación dramática que se vive en la frontera de Venezuela y Colombia, especialmente en el Estado de Apure y en el Departamento de Arauca».

Consideran que un número creciente de comunidades están padeciendo el desplazamiento transnacional por diversas circunstancias.

Y por eso la iglesia quiere plantear una solución que inicia con manifestar su cercanía con la población afectada.

Los obispos concluyen compartiendo su anhelo de que «la luz de Cristo resucitado ilumine este momento de nuestra historia y nos ilumine a todos el camino que nos lleva a superar las dificultades».

Confiando en que «Nuestra Señora de Coromoto o como Virgen del Rosario de Chiquinquirá, para que migrantes y desplazados, encuentren condiciones de vida digna y de desarrollo humano integral».

1- Nos preocupa el conflicto armado que lamentablemente se está dando y cuyas consecuencias, además de poner en peligro la paz y convivencia ciudadana, se hacen sentir en la población más vulnerable.

2- Es necesidad apremiante que las autoridades de ambos países avancen hacia soluciones de fondo, eficaces, dialogadas y concertadas, frente a la problemática que se vive a lo largo de la frontera, siempre anteponiendo a cualquier otro interés el respeto de la dignidad humana y de los derechos de las personas.

3. En cuanto a la situación específica en Apure y Arauca, expresamos solidaridad y cercano acompañamiento a las personas que han debido atravesar la frontera.

Hacemos un llamado para que se propicien las condiciones que permitan a las personas permanecer en su territorio o regresar a él. Con sentido de comunión eclesial, ratificamos nuestra solidaridad con las diócesis de Arauca y Guasdualito.

Sus obispos, unidos a sus presbíteros, religiosos, laicos y grupos de pastoral social están dando un decidido testimonio de fraternidad, acompañamiento, defensa y dignificación de quienes más sufren por esta situación que viven en sus territorios.

Están demostrando, como nos lo ha enseñado el Papa Francisco, que la Iglesia no tiene fronteras y es madre de todos.

4. Invitamos a continuar las muestras de efectiva solidaridad con estos hermanos y hermanas, recordando que el Papa Francisco ha exhortado a toda la humanidad a acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y desplazados.

5. Reconocemos y agradecemos los esfuerzos de diversas instituciones oficiales y privadas, de organizaciones nacionales e internacionales de ayuda humanitaria.

Así como de personas individuales, de comunidades católicas y de otras confesiones para acompañar y asistir a los migrantes.

También resaltamos las manifestaciones cotidianas de solidaridad que se dan entre nuestros pueblos y que son testimonio de los vínculos estrechos que nos han unido a lo largo de toda nuestra historia.

6. Renovamos el llamado a la comunidad internacional a proseguir la tarea de unir esfuerzos y articular acciones en favor de las poblaciones migrantes y desplazadas.

Dos años sin relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, es decir, sin contacto diplomático ni consular.

Son algo más de 720 días de un intento fallido de Colombia por ayudar a Venezuela que derivó, para ese entonces, en la decisión de la administración Maduro de expulsar a todo el cuerpo diplomático colombiano de territorio venezolano.

Ya lo había hecho con el último embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano.

Un quiebre que permitió no solo expulsar al cuerpo diplomático y consular, sino cerrar la frontera.

Han sido dos años sin relaciones entre los dos Estados y en simultánea 720 días más donde se consolida Maduro en el poder.

Después de dicha acción anti diplomática, Venezuela y Colombia atraviesan hoy el peor momento de su historia.

«La relación entre las autoridades de los dos países se limita a la diplomacia del micrófono y a las mutuas acusaciones y descalificaciones», según el politólogo e investigador Ronald Rodríguez.

En la actualidad el cierre de la frontera tiene un sentido preventivo a raíz de la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, con el anuncio del director de Migración Colombia de extenderlo hasta junio, se cumplirá el periodo más largo de la historia en el cual están cerrados los pasos fronterizos.

Entre las dos naciones hay siete pasos fronterizos (seis han funcionado normalmente).

Se trata del mayor periodo de cierre desde 2015 desde cuando inició la crisis migratoria, momento en el cual 22 mil ciudadanos colombianos fueron expulsados de Venezuela.

En medio de este panorama hostil, sin relaciones diplomáticas y una frontera cerrada, la migración no cesa.

Pero aparece el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos que el presidente Iván Duque decretó el 1 de marzo.

Y en el mismo momento en que un comando especial contra el narcotráfico y las amenazas trasnacionales inicia operaciones en la zona de frontera por parte del Ejército colombiano.

«Un Estatuto que tuvo más de 300 recomendaciones (…) y que habrá que ver cómo fueron incluidas y cómo una frontera cerrada influye en su implementación», asegura María Clara Robayo, internacionalista del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

En ese sentido la también internacionalista de la Universidad del Rosario, Daniela Monroy asegura que para una adecuada implementación del Estatuto se necesitaría tener relaciones consulares abiertas y plenas.

«Si bien es cierto hay una excusa válida que es la emergencia sanitaria, se ha vuelto excusa para mantener las fronteras cerradas y, aunque pase la pandemia, no hay intensión de los dos gobiernos de reanudar las relaciones», explica.

Es así como tener una «agencia» sobre la frontera resulta difícil sin tener cooperación entre los dos Estados, teniendo en cuenta la extensión de la frontera y la presencia de grupos al margen de la ley que permanecen allí.

Si bien es cierto en el caso colombiano se reconoce a Tomás Guanipa como embajador y a Juan Guaidó, no tienen incidencia en la agenda bilateral.

«La verdad es que el control efectivo del Estado venezolano está en manos de Nicolás Maduro y el ‘régimen chavista'», explica Ronald Rodríguez.

Es así como ni Guaidó o Guanipa tienen incidencia en los temas de la agenda bilateral.

A esto se suma que las relaciones también están rotas con las instituciones con las cuales se debería tener algún tipo de diálogo para manejar el tema consular.

En medio de la polarización entre Maduro y Duque, habría que pensar si ha llegado el momento de despolarizar la relación y empezar a ver un tema común.

Y podría ser la migración. En la actualidad 3,4 millones de colombianos aún permanecen en Venezuela y 1,7 millones de venezolanos están en territorio colombiano.

Además, después de dos años de la ruptura de las relaciones consulares, el gobierno del presidente Duque no ha logrado establecer un canal de atención para esos colombianos en territorio venezolano.

«La realidad es que nuestros nacionales en Venezuela han quedado desamparados ante un gobierno que es reconocido como violador sistemático de los derechos humanos», dice el politólogo colombiano.

Colombia no tiene un representante para sus nacionales en Venezuela y la negativa del gobierno de establecer cualquier diálogo con Maduro, ha empeorado la situación.

«Si bien se afirma que los temas del COVID-19 son manejados en el marco de la OPS y la respuesta a la migración se aborda desde el Estatuto de Protección, ninguno de los dos mecanismos garantiza la atención y protección de los colombianos en Venezuela», explica Rodríguez en una columna escrita para El Espectador.

Para la socióloga venezolana Ligia Bolívar, tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro han apostado hace muchos años al aislamiento de Venezuela frente a los países democráticos (Comunidad Andina o Mercosur).

Incluso, dice la socióloga, han apostado por rupturas de las relaciones con países europeos, la expulsión de embajadores, como la reciente de la representante diplomática de la Unión Europea y tiene en la mira a España.

«Ese aislamiento hace que tengamos hoy una población más vulnerable en esta etapa de la pandemia, con los ‘caminantes’ en condiciones muy negativas, sometidos a todo tipo de situaciones de riesgo», explica.

Y concluye:»La ruptura de relaciones no está afectando solamente a dos gobiernos y bloques comerciales, sino a un pueblo que se quedó sin poder tramitar ningún documento».

Lo peor del caso es que la administración Maduro se estabiliza y los ciudadanos realmente se preocupan más por su cotidianidad y lo político les resulta cada vez más ajeno.

Además, «desde que se cerró la frontera no hay espacios de acompañamiento para los caminantes quienes deben recorrer un largo trayecto sin hidratación, orientación, baño, saber de la geografía colombiana…», describe Bolívar.

Después de dos años de una dolorosa y preocupante ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, se hace urgente buscar alternativas de restauración.

Es así como los analistas consultados por Impacto Venezuela, plantean la reconstrucción de la infraestructura institucional y recomponer unas relaciones mínimas consulares.

Así como establecer prioridades e intereses del Estado colombiano para relacionarse con el Estado Venezolano en favor de los nacionales de cada país y, principalmente, de los migrantes.

Lograr que el desentendimiento político entre Caracas y Bogotá se solucione requiere:

«La reanudación de algunos servicios consulares porque las carencias de la población migrante venezolana y la colombiana en Venezuela ameritan algún tipo de contacto consular», propone Txomin Las Heras, periodista e investigador venezolano.

Un contacto que no significa que sea político, sino que abarque una dimensión integral como es el enfoque desde los derechos humanos.

La migración venezolana no va a parar y no cesará ante una frontera cerrada, ni una condición de pandemia, ni cerca a una crisis cercana de refugiados.

Pero sí existen una serie de acuerdos que se pueden generar en temas migratorios, a pesar de que Venezuela niegue la diáspora, no sea un estado de derecho ni una democracia formal.

«Hay que pensar como región la manera de apoyar a población venezolana y la forma de afrontar la gobernanza de la migración desde el plano nacional y local; además crear alternativas novedosas y creativas», propone la investigadora María Clara Robayo.

Entre las propuestas están la efectividad con la presencia de organizaciones internacionales y la creación de puentes entre gobernantes locales colombianos y venezolanos.

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Así como a principios de los años noventa se habló de la «desgolfización» de la relación bilateral. Para ese entonces (1987) los dos países estuvieron a punto de irse a una guerra.

Tal vez el momento más punzante de la relación bilateral e incluso se llegó al hostigamiento militar, no obstante, después de ese evento se decidió «desgolfizar» la relación.

Y no fue más que construir una relación comercial mutuamente beneficiosa para los dos Estados.

«Buscar el interés superior de los ciudadanos de los dos países y recuperar la relación comercial, comercio que dio frutos entre las dos naciones e hizo a nuestras dos economías crecer en su momento», concluye Ronald Rodríguez como propuesta.

Con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia