La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Justicia Especial para la Paz, anunció la apertura del nuevo macrocaso número 11 que investigará y determinará los hechos, conductas y responsabilidades cometidas por actores armados y fuerza pública respecto a la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros “crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano”.

En la fase de agrupación y concentración de este nuevo caso, la Sala de Reconocimiento obtuvo un registro de 35.178 víctimas de esos crímenes por parte de todos los actores armados, entre 1957 y 2016.

De este universo provisional de victimas registradas, a partir de los informes y bases de datos presentadas por la sociedad civil y por entidades estatales, 89,2% son mujeres. 35% de las víctimas sufrió estas violencias cuando eran niñas, niños y adolescentes.

“Aunque en 78% de los registros no se cuenta con datos sobre la pertenencia étnica de las víctimas, la Sala cuenta con información sobre hechos cometidos contra personas negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, indígenas y del pueblo Rrom”, indicó el Alto Tribunal.

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Según la JEP, los hechos de violencia basada en género se atribuyen a: Grupos paramilitares: 33%; Extintas Farc-EP 5,82%; y Agentes del Estado 3,14%. “En 30% de los registros no se identifica el presunto actor armado responsable”, acotaron.

La apertura de este macrocaso, pone un precedente en el país, pues la JEP se convirtió en el primer tribunal transicional del mundo en abrir un macro-caso de violencia sexual y “reconocería así la violencia intrafilas como un crimen de guerra, en la misma línea que la Corte Penal Internacional (CPI) Así dio a conocer María Angélica García en Publimetro.

En Colombia, el Fondo para la Reparación de Víctimas comenzará esta semana la entrega de indemnizaciones judiciales a 8.287 víctimas de tres grupos paramilitares cuyo valor ascenderá a 27.000 millones de pesos en bienes entregados por estos grupos.

Este es un proceso que ya comienza en Santa Marta y que implicará a más de 8.000 víctimas de los bloques paramilitares de Central Bolívar, Mineros y Libertadores del Sur, después de que éstas hayan ganado sentencias judiciales dentro del marco de Justicia y Paz, la ley vinculada a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el mayor grupo paramilitar de Colombia y el más sanguinario del conflicto armado.

El Fondo de Víctimas estará entregando las indemnizaciones hasta el 27 de enero y el valor de las mismas saldrá, tanto de los presupuestos del Estado -3.300 millones de pesos (69.3234 dólares)- como de recursos propios del fondo adquiridos a través de los bienes incautados y entregados por los integrantes de los grupos paramilitares que ascienden a 23.770 millones de pesos (499.345 dólares)

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Se trata de la primera distribución de recursos propios del Fondo de Víctimas desde 2019 y los indemnizados lo serán por más de 10.000 hechos victimizantes, incluidos desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura y violencia sexual.

En los actos de entrega de las indemnizaciones judiciales también se realizarán actividades de reconocimiento y significación de víctimas, acompañamientos psicosociales y asesorías sobre cómo invertir adecuadamente los recursos para que tengan un efecto reparador en sus condiciones de vida, según explicó en un comunicado la Unidad de Víctimas.