Organizaciones de víctimas denunciaron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se sienten abandonadas en cuanto al Proceso de Paz;pues aunque se ha avanzado en los procesos de restitución y de acompañamiento económico y social a la víctimas, en el caso de las mujeres y niñas que sufrieron abusos sexuales por parte de los exguerrilleros aún no han recibido verdad ni reparación.

En cabeza de esta petición se encuentra Karla Pérez, coordinadora de la corporación Sisma Mujer, quien aseguró qué: “en nuestros informes sobre víctimas del conflicto armado, hemos evidenciado el silencio en el reconocimiento de la violencia sexual de los exintegrantes de las Farc, que afectó principalmente a mujeres y niñas”.

Según Sisma Mujer, persiste en Colombia un panorama de impunidad histórica frente a estos crímenes y una desaceleración en la implementación de las medidas de género establecidas en el Acuerdo Final de Paz. Por ello, presentaron un documento en el que se exponen los argumentos que sustentan la apertura del caso como medida urgente en una justicia transicional con perspectiva de género.

La organización aseguró que la violencia sexual, reproductiva y otros hechos motivados en la orientación sexual o identidad de género de las víctimas; tienen suficiente capacidad explicativa sobre lo sucedido en el marco del conflicto armado y, por lo tanto; tiene las claves para transformar las condiciones que dieron lugar a la violencia y discriminación que existen contra las mujeres, las niñas y las personas LGBT. 

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La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que priorice los hechos de violencia sexual en medio del conflicto armado; y diseñe nuevas estrategias para que los miembros de la desaparecida guerrilla realicen su aporte a la verdad de manera plena, detallada y exhaustiva, y reconozcan su responsabilidad.

En un oficio enviado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, el Ministerio Público señaló que “hasta este momento no se ha alcanzado un énfasis determinante que logre respuestas efectivas que satisfagan a las víctimas de violencia sexual – violencia basada en género, en el reconocimiento de sus derechos”.

Además, expuso que, de acuerdo con el análisis realizado a los informes de las organizaciones de víctimas, encontró escasez de verdad en los relatos de los comparecientes, lo que “ha generado una perpetuación en el silencio de las víctimas, ahondando aún más en la invisibilidad que han tenido a lo largo de los años de conflicto”.

De igual forma, indicó que, si bien la desigualdad de género es preexistente al conflicto armado, la violencia se instrumentalizó y exacerbó, por lo que “deberán reconocerse medidas de reparación y restauración, el sufrimiento especial de las mujeres y la importancia de su participación activa y equitativa en la JEP”.

Según la Procuraduría, las estrategias que implemente la JEP deberán lograr una efectiva sensibilización y concientización de los exintegrantes de las Farc, con el fin de que sea comprendida la relevancia de contar la verdad sobre los hechos de violencia sexual – violencia basada en género.

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, comenzó este lunes su visita a Venezuela bajo la presión de familiares de víctimas que denuncian violaciones de derechos humanos y la oposición, que demandan reuniones con el alto funcionario, con el fin de que escuchen sus testimonios.

Desde temprano, familiares de los denominados «presos políticos» salieron a las calles a solicitar que el fiscal jefe de la CPI, informó EFE.

Khan tiene la responsabilidad de determinar si abre o no una investigación contra el Estado venezolano por las denuncias de delitos de lesa humanidad en manifestaciones ocurridas en 2017, los escuche.

Desde una pequeña protesta en Caracas, los familiares de estos reos exigían la libertad para sus allegados, quienes -aseguran- están presos por motivos políticos.

Y Margareth Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, fallecido recientemente mientras se encontraba en prisión, también pidió un encuentro Khan a través de sus redes sociales.

«Somos una de las cientos de víctimas y familias que hemos sido sometidos a crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a derechos humanos», dijo Margareth.

La familia Baduel rechaza la versión sobre la muerte del general dada por la Fiscalía venezolana, que asegura que falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio por COVID-19, y sostienen que el exministro fue «asesinado» por el Gobierno.

Asimismo, las ONG de diferentes ámbitos se sumaron a las demandas de reuniones con Khan.

Tal fue el caso de la ONG Médicos Unidos, que indicó en Twitter que «las muertes de pacientes en todos los grupos etarios por falta de medicamentos, atención médica deficientes por falta de recursos, los trabajadores de la salud fallecidos al ser expuestos sin la debida protección, también constituyen delitos de lesa humanidad».

Una denuncia similar realizó la Federación Médica Venezolana, desde donde se denunció «la gravedad de la crisis de los servicios públicos de salud, por la falta de medicamentos, equipos quirúrgicos, insumos, agua y electricidad», algo que también consideran «crimen de lesa humanidad».

Entretanto, la ONG de derechos humanos Provea difundía en Twitter testimonios de víctimas de violación de derechos humanos, indicó EFE.

Mientras esto ocurría, el fiscal jefe de la CPI se reunió, a puerta cerrada y sin declaraciones a la prensa, con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el canciller, Félix Plasencia.

A través de un escueto comunicado de la Presidencia, Maduro agradeció a Khan «haberse abocado a conocer en profundidad el caso Venezuela» y que tenga dichos encuentros «en el espíritu de cooperación con la CPI».

La reunión tuvo como fin, según el Gobierno, «inaugurar la agenda de tres días» de Khan en Venezuela, «en la que está previsto celebrar reuniones con las autoridades y partes interesadas».

La conversación entre el alto funcionario y Maduro «se enmarcó en el férreo compromiso y máximo respeto a la CPI que tiene Venezuela como uno de los primeros signatarios del Estatuto de Roma», siempre según el comunicado.

«Venezuela está dispuesta a tender puentes para establecer un diálogo de cooperación positiva», concluyó la información, señaló EFE.

La oposición liderada por Juan Guaidó alertó de que el Gobierno utilizará la visita de Khan para «hacer creer» que el país cuenta con un sistema de justicia independiente, algo que, considera, es «falso».

Del mismo modo, el partido opositor Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López y en el que ha hecho buena parte de su carrera Guaidó, señaló que la visita del fiscal jefe está siendo «absolutamente controlada» por las autoridades.

Sin embargo, Guaidó mostró su esperanza de que prevalezca la justicia y que el fiscal se reúna con «víctimas de las atrocidades de la dictadura» que considera que ejerce Maduro.

«Los venezolanos buscamos justicia porque en nuestro país está denegada y secuestrada por la dictadura. Frente a ello, la presencia en Venezuela de (…) Khan es histórica. Maduro y miembros del régimen están señalados por delitos de lesa humanidad», escribió el exdiputado en Twitter.

La visita del fiscal a Venezuela es parte de un viaje de diez días a América Latina con una agenda centrada en Colombia, donde estuvo la semana pasada; y Venezuela, que se mantiene a la expectativa de la decisión final sobre las denuncias por crímenes de lesa humanidad, que el Gobierno niega.

La exfiscal de la CPI Fatou Bensouda adelantó en noviembre del año pasado que existían «fundamentos razonables para creer» que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ahora está en manos de Khan la decisión de abrir la investigación.

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