Este 26 de agosto se cumplieron 10 meses de la detención del periodista Roland Carreño, activista de Voluntad Popular y a quien imputaron por delitos de terrorismo.

Tras calificar como un «proceso amañado», el Colegio Nacional de Periodistas, abogados y familiares de Carreño, exigieron su libertad Plena. Tinego Guía, presidente del CNP, denunció que este caso es el ejemplo de la persecución y abuso de poder, por parte de funcionarios de seguridad del Estado.

“Todos los agremiados del Colegio Nacional de Periodistas están en riesgo de ser perseguidos o encarcelados por decir algo que no le parezca a un funcionario”, sostuvo Guía.

Remarcó que la persecución se incrementa cada vez más contra los periodistas y medios de comunicación. Por ello, exigió respeto por los derechos a la información y libertad de expresión.

El agremiado remarcó que el caso de Carreño y el tema de las violaciones a la libertad de expresión están en manos de la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet.

El CNP seccional Caracas también se pronunció y aleró que «en Venezuela se usa la justicia para criminalizar la disidencia y la libre opinión».

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La abogada de Carreño, Ana Leonor Acosta, ratificó que la detención del comunicador se hizo «sin pruebas».  

Denunció que el juez de la causa «tiene la instrucción de que mantener a Roland preso, no por temas legales sino por política”.

Dijo que prueba de ello es que el Ministerio Público no ha investigado para determinar la presunta culpabilidad de su cliente.

A la rueda de prensa convocada por el CNP, acudió Franklin Carreño, hijo de Roland Carreño.

«Ninguno de los delitos por el que está siendo imputado mi papá, ninguno es cierto. Yo conozco a mi papá y digo: Esto es una locura. Hasta los policías son cómplice, cuando vamos a visitar a mi papá nos dicen que injusticia”, agregó.

Por su parte, y a través de sus redes sociales, el embajador de EE.UU. para Venezuela, James Story, se unió a la exigencia de libertad para Carreño.

“Libertad para Roland Carreño y para cada preso político de Venezuela (…) ninguna persona merece estar presa por sus ideas políticas, o por pensar distinto a quienes gobiernan”, manifestó.

Durante febrero, se produjeron en Venezuela 38 violaciones a la libertad de expresión en 19 casos distintos. La información la dio a conocer la ONG Espacio Público.

Las agresiones más frecuentes tienen que ver con la censura, la intimidación y las restricciones administrativas. «Los trabajadores públicos (28 %), periodistas (24 %) y los medios de comunicación (20 %) son las víctimas más frecuentes», señala la ONG. Mientras que los victimarios, en su mayoría, son instituciones del Estado, los cuerpos de seguridad y funcionarios.

La mayoría de los casos corresponden a impedimentos de la cobertura o búsqueda de información, bien por trabajadores de la prensa o «infociudadanos».

Para la organización existe una «arremetida contra la prensa». Cita como ejemplo que el Ministerio Público del estado Carabobo citó el 4 de febrero, al reportero del diario El Carabobeño Kevin Arteaga. Lo hizo, en calidad de «investigado», por su cobertura de una protesta por servicios, publicó la agencia Efe.

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«Dos semanas antes, una comisión del Cicpc, solicitó al departamento de recursos humanos de El Carabobeño los datos filiatorios del periodista», denuncio. Dijo que el Cicpc no explicó «el motivo de ese requerimiento».

El periodista acudió a la Fiscalía de Valencia. Una fiscal auxiliar le informó que el procedimiento «tenía que ver con la cobertura de una protesta». Y También con el hecho de «dar a conocer las denuncias de los habitantes de esa comunidad».

La organización también recoge la queja del observatorio de Internet VE Sin Filtro. El mismo denunció el bloqueo del portal web de InSight Crime por parte de la Cantv.

Según la denuncia de la que se hace eco Espacio Público, el bloqueo se llevó a cabo el martes 9 de febrero. Ocurrió días después de que publicara su informe anual sobre homicidios en Latinoamérica.

Entre los casos reportados también destaca que Diosdado Cabello, sugirió al Ministerio Público abrir una investigación contra Efecto Cocuyo. Lo hizo después de que el portal replicó un trabajo de la revista Semana de Colombia acerca de la presencia de disidentes de las FARC en territorio venezolano. 

La ONG espacio Público denunció este martes que la periodista Mmi Arriaga fue detenida nuevamente, por funcionarios del Cicpc.

«Funcionarios del Cicpc privan de libertad nuevamente a la periodista Luisa Mimi Arriaga porque aún aparece con orden de captura, a pesar de que tiene la medida de arresto domiciliario», informó la oNG en su cuenta en Twitter.

Arriaga fue detenida indebidamente hace dos semanas, acusada supuestamente de estar detrás de cuentas falsas en Twitter y tras permanecer presa por más de 48 horas, fue imputada por instigación al odio y excarcelada, con medida de arresto domiciliario, prohibición de salida del país, del uso de redes sociales y de declarar sobre su caso.

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Espacio Público informó que Arriaga está detenida en la sede del cuerpo policial en Parque Carabobo, «a la espera de que sus abogados lleguen con el acta de la cautelar para que pueda ser trasladada a su casa. ¡Basta de hostigamiento a los periodistas!», pidió la organización.