El Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela publicó su nuevo informe, “Voces Silenciadas: El Colapso de la Sociedad Civil y el Fracaso de la Disuasión Internacional en Venezuela”, en el marco de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. 

El documento ofrece uno de los análisis más detallados hasta la fecha sobre la creciente crisis de derechos humanos en Venezuela, describiendo cómo la represión orquestada por el Estado no solo ha persistido, sino que se ha intensificado entre 2014 y 2025, a pesar del proceso en curso que desarrolla la CPI.

Según el informe, las autoridades venezolanas ampliaron y perfeccionaron un sistema de violencia sistemática que incluye tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. 

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El Panel examinó cifras de documentación desde 2014, registrando un total de 1.634 casos de tortura, la mayoría ocurridos después de que la CPI iniciara formalmente su involucramiento, también registró 116 desapariciones forzadas, de las cuales dos tercios se produjeron mientras el examen preliminar o la investigación de la Corte estaba en curso. 

En total, se han registrado 18.582 detenciones arbitrarias desde 2014, incluyendo más de 2.200 arrestos en un período de nueve días durante la represión postelectoral del año 2024.

 Datos combinados del Estado y de la sociedad civil indican además al menos 16.808 presuntas ejecuciones extrajudiciales en la última década, “este informe demuestra, con evidencia irrefutable, que la represión en Venezuela no solo persiste: se ha vuelto más estructurado y letal. La ausencia de consecuencias reales ha permitido que los perpetradores actúen con total impunidad. Es urgente que la comunidad internacional asuma que miles de víctimas no pueden esperar más”, afirmó Rodrigo Diamanti, Secretario del Panel de Expertos Independientes.

Aunque actualmente se reportan menos casos de forma pública, el Panel advierte que esto no refleja un avance, sino más bien una dramática “desaparición estadística” causada por el colapso de la sociedad civil en Venezuela. 

“La caída abrupta en el número de denuncias no es una señal de mejora; es el reflejo de un país donde las víctimas ya no tienen a quién acudir y temen hablar ante la ola represiva que enfrentan. El desmantelamiento de la sociedad civil ha generado un silenciamiento forzado que constituye, en sí mismo, una forma de violencia. Por eso es imprescindible actuar ahora: cada día que pasa, más voces son silenciadas”, alertó Joanna Frivet, miembro del panel de expertos.

Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela han sido sistemáticamente desmanteladas mediante persecución legal, allanamientos, vigilancia digital, intimidación y exilio forzado.

 La adopción de la “ley anti-ONG” en el año 2024, junto con la criminalización de la cooperación internacional y amenazas directas a trabajadores humanitarios, ha limitado de manera drástica la capacidad de los grupos independientes para documentar abusos. 

Como resultado, las víctimas permanecen cada vez más en silencio, a menudo debido a la coerción, el miedo a represalias o la ausencia de organizaciones seguras capaces de recibir sus denuncias.

El Panel identifica 2024 y 2025 como los años más violentos del período analizado, operativos como “Furia Bolivariana” y “Operación Tun-Tun” generaron la mayor ola de detenciones políticas en más de una década. 

El informe también señala el asesinato de al menos 28 manifestantes en el contexto postelectoral y un aumento alarmante en el uso de tortura, que incluye asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, golpizas severas y aislamiento prolongado. 

Además, el Panel documenta la extensión de la represión estatal más allá de las fronteras venezolanas, incluyendo ataques e intimidación dirigidos a defensores de derechos humanos venezolanos en países vecinos.

Una conclusión central del informe es que la participación de la CPI no ha disuadido la comisión de crímenes. 

El Panel sostiene que el Estado venezolano ha utilizado la apariencia de cooperación con la Corte como estrategia para desviar la presión internacional, más que como un paso genuino hacia la rendición de cuentas. 

En este contexto, el Panel insta a la CPI a fortalecer los mecanismos de responsabilidad penal individual y avanzar en la emisión de órdenes de arresto contra altos funcionarios identificados como responsables de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte.

“Los hallazgos del Panel en este nuevo reporte, que examina a profundidad la última década desde 2014, muestran con claridad que el Estado venezolano ha consolidado un sistema de represión estructural y sostenido. Ante esta evidencia alarmante, la única vía real para proteger a las víctimas es avanzar con decisiones firmes respaldadas por un compromiso inequívoco de los Estados Parte para alcanzar la justicia”, advirtió el presidente del Panel de Expertos, Santiago Cantón.

También solicita una mayor protección para víctimas, testigos y grupos de la sociedad civil que operan bajo severa represión. 

El panel al publicar el informe “Voces Silenciadas” durante la Asamblea de Estados Parte de la CPI, busca llamar nuevamente la atención sobre una de las situaciones más graves ante el sistema de justicia internacional, instando a los Estados a adoptar respuestas coordinadas y reforzar los esfuerzos para garantizar justicia a miles de víctimas.

Con información de nota de prensa

La reparación con las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, además de la rendición de cuentas de parte de los responsables y la persistente violación de los DD.HH, son las principales razones por las cuales seis países y dos ONG internacionales, se han unido a decenas de organizaciones nacionales para exigir la permanencia de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Se trata de Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú, además de las ONG Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), los que presentarán la petición ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el próximo 26 de septiembre.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, hizo el anuncio a través de su cuenta en Twitter, con la intención de la misión siga investigando «las graves violaciones de DD.HH. cometidos en Venezuela al menos desde 2014».

“Las violaciones de derechos humanos en Venezuela continúan, es un esfuerzo que hay que hacer para salvar vidas”, dijo Guevara Rosas, el 7 de septiembre pasado, en un evento donde las ONG venezolanas argumentaban las razones de su petición.

Esta serie de solicitudes se hacen en el marco del 51 periodo de sesiones del Consejo de DD.HH., que comenzó el 12 de septiembre y se extiende por aproximadamente un mes.

En ese lapso, la Misión de Determinación debe rendir su más reciente informe que incluye datos sobre la responsabilidad de altos mandos en la violación de los DD.HH. y la situación de los mismos en el Arco Minero.

Según un comunicado de AI, en el documento se presentarán también las recomendaciones sobre si la labor debe continuar de esta instancia de la ONU debe continuar en Venezuela.

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Simultáneamente, HRW, a través de su subdirectora para las Américas, Tamara Taraciuk, lamentó que los «grandes ausentes» en esta petición Colombia, Argentina y Honduras, precisamente porque representantes de estos tres países encabezaron la creación de la Misión de Determinación sobre el país, en el 2019.

Para la renovación del mecanismo en el Consejo se debe producir una votación, donde el resultado debe ser de una mayoría de votos entre los 46 estados que conforman el organismo.

De resultar aprobada la resolución se establecerá el nuevo lapso de funcionamiento de la misión y los temas a investigar.

*El Consejo de DD.HH. creó la misión en 2019 para investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género.

Ese año se estableció que el mandato inicial de un año se extendió por otros dos, y el mismo vence en septiembre de 2022.

*En 2020, la FFM presentó su primer informe, en el que establecía que existían motivos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, como “asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violaciones y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada […] y otros actos inhumanos de carácter similar”.

En su informe, la FFM concluía que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y que “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y […] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.

*En un segundo informe, presentado en septiembre de 2021, la misión documentó la falta de independencia judicial, impunidad por las violaciones de derechos humanos y un sistema de justicia que sirve como mecanismo de represión en vez de garante de derechos, lo que anima a los agentes del Estado a seguir cometiendo posibles crímenes contra la humanidad.

Las organizaciones de la sociedad civil que documentan violaciones de derechos humanos y acompañan a víctimas y sobrevivientes en Venezuela, consideran que «persisten los problemas que impulsaron la creación de la misión.

Aseguran que en Venezuela sigue vigente «la impunidad estructural por las violaciones de derechos humanos, la falta de mecanismos internos de reparación y los intentos constantes del gobierno de eludir el escrutinio internacional, a pesar de su apariencia de cooperación con estos esfuerzos».

??? Se confirma que Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú son los países que encabezan el esfuerzo de renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela, en resolución que será presentada ante el @UN_HRC #Quesigalamision https://t.co/FuclC4Tftp

También se extendería el mandato de la OACNUDH. Ambos mecanismos son clave y complementarios. Más info aquí:https://t.co/jhmRRnqNDp

«El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela».

La petición la hicieron 124 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, nacionales e internacionales que trabajan en el país, puesto que consideran que persiste la violación de esos derechos y, sobre todo, la impunidad.

La Misión, establecida en 2019 para investigar violaciones sistemáticas de DD.HH en Venezuela, «ha desempeñado un papel central en el reclamo de que haya rendición de cuentas por delitos graves cometidos en el país», señala el documento presentado este miércoles, por las ONG, en una conferencia de prensa virtual.

También piden que se asegure «el escrutinio internacional sobre la crisis en curso».

El objetivo de la misión es investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género.

Esto, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.

La solicitud se realizó en virtud de que los expertos de la Misión presentarán su tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, desde el 12 de septiembre al 7 de octubre.

En consecuencia, se requiere una resolución para extender el mandato de la instancia después de septiembre. Anteriormente, varios países de América Latina lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión.

De someterse a votación, se requerirá una mayoría simple de los miembros votantes para que se apruebe.

Las organizaciones, encabezadas por Provea, hicieron un llamados a los «gobiernos latinoamericanos» para liderar «nuevamente esta iniciativa y promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato», dijeron.

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En 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela sehabían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel teníanconocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.

En su segundo informe, publicado un año más tarde, la misión documentó «la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos».

Manifestó que «el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos».

Los expertos de la Misión piensan que «la falta de implementación de las recomendaciones de la instancia, por parte de las autoridades venezolanas y las condiciones estructurales que llevaron a la creación de la misión persisten, incluyendo la impunidad, la falta de mecanismos internos de reparación a las víctimas y continuos intentos, por parte del gobierno, de eludir el escrutinio internacional, dijeron las organizaciones».

Por ello, las ONG consideran que, «frente a un gobierno que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos».

Igualmente, sostienen que «si se renovara el mandato, los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, podrían reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias».

desde que la Misión trabaja en Venezuela, ha servido de «complemento y respaldo al papel de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)».

Asimismo, destaca que «puede ayudar a fortalecer las negociaciones políticas, ayudando a asegurar que cualquier discusión incluya un enfoque de derechos humanos que contribuya a mejorar la situación en Venezuela».

Las organizaciones alertan que «las autoridades venezolanas están adoptando una estrategia de aparente colaboración que no es genuina, con el Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos de este organismo, tal como ocurrió en 2019 y 2020».

No obstante, aclaran que «en su actualización oral de julio 2022, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que a su equipo ya no se le permite el acceso a dos centros de detención de Venezuela, Helicoide y Boleíta, ni a centros de detención militar donde los presos se encuentran arbitrariamente detenidos por motivos políticos».

La administración de Maduro «tampoco puso en práctica las recomendaciones que formularon varios expertos de los mecanismos de derechos humanos de la ONU».

Por otro lado, «las reformas al sistema de justicia anunciadas recientemente por las autoridades venezolanas no abordaron de modo significativo el grave daño causado a la independencia judicial, y no garantizan que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces de las violaciones de derechos humanos, explicaron las organizaciones».

«Nuestra petición y llamado es a que siga la misión. Es una meta muy importante para los organizaciones, para las víctimas, pero, especialmente, para la justicia y la verdad en el país y para no caer en este olvido y justamente generar una respuesta que no de impunidad en Venezuela», dijo Beatriz Borges, de la ONG Cepaz.

“La presencia de la OACNUDH en Venezuela y la investigación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, no reemplazan el trabajo de la Misión de la ONU”, manifestó Borges.

Mientras que Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, insistió en que «la la oficina de la CPI es diferente a la presencia de la OACNUDH en el país. No tendrá un espacio físico abierto y no se revelará quienes la integran por seguridad. Trabajará confidencial”.

“A nivel internacional se está diciendo que las autoridades están cooperando con la Corte Penal Internacional, lo cierto es que han ocurrido situaciones muy graves que son objeto de este monitoreo internacional”, añadió.

Las ONG esperan que en el próximo encuentro del Consejo de Derechos Humanos de ONU «los Estados puedan levantar su voz por los venezolanos y entender que un país como Venezuela, si no cumple con los requisitos, no debe tener una silla» en esa organización.

El integrante de la misión de la determinación de hechos sobre Venezuela, en la ONU, Francisco Cox, adelantó parte de un informe que la instancia presentará, en Ginebra, en septiembre. Cox, en entrevista con CNN Chile, dijo que en el país se vulneran los derechos fundamentales.

«Las principales vulneraciones es que existe una política de Estado de persecución y aplastamiento a los líderes opositores», dijo. Explicó que esta política «se lleva a cabo a través de los órganos de inteligencia civil y militar».

También detalló «los diferentes métodos que utilizan» los organismos de seguridad del Estado para reprimir.

“Hay detenciones arbitrarias y torturas. Y en algunos casos existe la desaparición forzada de corto tiempo. Pero esa no califica como crimen de lesa humanidad», aclaró.

Sin embargo, enfatizó en que «las torturas que se practican son con: electricidad, golpes fuertes y abuso sexual de hombres y mujeres».

Incluso, dijo que «se dejaba a las personas desnudas con el aire acondicionado prendido durante uno o dos días. Dejan a la persona expuesta a un frio muy alto sin posibilidades de ir al baño o dormir”, afirmó.

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Francisco Cox destacó, como ejemplo, las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo u OLP. «Se hacían operaciones de liberación del pueblo, que consistían en operativos de fuerzas especiales donde se hacían ejecuciones extrajudiciales», denunció.

«Ahí podemos decir que hay una política de Estado de limpieza social. Las ejecuciones se producen con personas que creen que pueden ser delincuentes. Por lo tanto las ejecutan sumariamente sin proceso y dejando de lado a sus familiares”, alertó el funcionario.

Igualmente, criticó las afirmaciones de funcionarios de la administración de Maduro que dicen que se castigan esos hechos.

Cox ratificó lo que señalan los diversos informes presentados por la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, acerca de que la responsabilidad de esas violaciones también recae en la cadena de mando.

“Nosotros validamos que hay unas investigaciones. Pero esas generalmente no escalan y no ven la cadena de mando que hacen que se produzcan estas violaciones a los derechos humanos. Ellos nos respondieron a nuestro informe con cifras pero que no tienen los datos para poder respaldarlas”, respondió.

«Hay una cadena de mando y de conocimiento sobre estos hechos. Incluso, hemos conocido que ha existido la solicitud expresa del presidente Maduro de seguir a estas personas, y llevar a cabo estos actos”, aseveró.

El abogado también anticipó lo que puede ser el futuro de la relación de Maduro con la Corte Internacional de Justicia.

“Es interesante ver lo que dijo la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, que había manifestado su intención de pasar de un examen preliminar a una investigación. A veces ni siquiera se abre una causa. Pero ante esto, el gobierno venezolano interpuso una acción que fue rechazada y eso hizo que la corte le señalara al nuevo fiscal que tenía que establecer un dialogo interactivo con las autoridades. Ahora solo queda ver como avanza esa investigación”, concluyó.

La medida de la administración de Nicolás Maduro de ordenar el registro de las ONG en la oficina contra la delincuencia organizada causa repudio. Más de 660 ONG emitieron un comunicado en el cual advierten que se pone en riesgo a los más vulnerables.

Lo hacen porque la providencia ordena registrar no solo a las ONG, sino a sus beneficiarios. Destacan el riesgo de que estas personas se deben registrar «bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros».

Alertan que una consecuencia sería «la posibilidad de ilegalización e inclusive cárcel», contra los miembros de las ONG. «Se pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población», sostiene.

Dice que todo empeora «en un momento en que millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria. también el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos».

Califican la normativa como «sub-legal, que regula asuntos reservados a las Leyes, con un rango inferior incluso a reglamentos y resoluciones».

Repudian que en la norma se establezcan «procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones para las ONG no contemplados en ningún instrumento jurídico venezolano. Por lo tanto, son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir».

Recuerdan que en el país hay «normas constitucionales, leyes y resoluciones que protegen y regulan la actividad de las organizaciones conforme a su naturaleza».

También impone «la aplicación de sanciones abiertas por presunción de delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, entre otras. Además de multas, prisión y revocatoria de actividades».

En ese sentido, «las organizaciones declaran que la Providencia coloca en grave amenaza a todas las personas que seencuentran bajo el deber de amparo».

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Denuncian que se «obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia».

Las organizaciones se comprometen a resguardar tales derechos en cualquier circunstancia, incluyendo evitar riesgos de delación.

Asimismo, «la providencia viola el derecho humano a la libertad de asociación, cambiando su marco regulatorio actual».

Igualmente advierten que en el ejercicio de este derecho pueden existir regulaciones, siempre que sean establecidas por leyes legítimamente adoptadas.

Y finalmente, alertan que la norma «viola los principios de presunción de inocencia y de legalidad. Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha».

Concluyen que la orden de Maduro «se inscribe en los patrones de criminalización sistemáticos contra las organizaciones de la sociedad civil. Sin duda representa el evento de mayor gravedad que se haya visto hasta ahora. Todo con el claro propósito de cerrar el espacio cívico, mediante un cerco de severas restricciones a la sociedad civil».

«La aplicación de esta providencia administrativa es inaceptable y traería mayores consecuencias lamentables de sufrimiento humano para la población venezolana», advierten.

A los periodistas de NTN24 les violaron sus derechos humanos en el estado Apure. Los autores de estas violaciones son funcionarios de la FAN, quienes evitaron no solamente que cumplieran con su labor de informar, sino que el país se enterara de lo que pasa realmente en La Victoria.

Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, narraron los detalles de su detención. Contaron cómo quedaron incomunicados y robados por funcionarios militares.

«Un coronel insistía en que debíamos ser presentados por traición a la patria», dijeron en entrevista con el programa La Tarde de ese portal informativo.

Denunciaron que jamás les explicaron los motivos para llevarlos al cuartel en Guasdualito. Y, de paso, les robaron sus equipos de comunicación.

Aseguraron que las autoridades castrenses sabían lo que pretendían grabar en el pueblo. Incluso, los militares se ofrecieron a prestarles apoyo.

No obstante, cuentan que todo cambió cuando un equipo periodístico de un medio del Estado que estaba en el lugar, se percató de su presencia.

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Relatan que ese otro equipo se acercó a los militares que se ofrecieron apoyarles y luego de una breve conversación, los uniformados cambiaron radicalmente el tono. «Luego una profesional de la comunicación habló con el coronel, lo cual generó que la situación cambiara y se generara un ambiente tenso», dijeron.

A partir de ese momento todo era diferente. Los llevaron al cuartel, les pidieron los teléfonos y equipos de grabación «por unos minutos». «Pasó algo que nos asustó muchísimo: un coronel insistía en que éramos traidores a la patria y debíamos ser presentados», destacó Hernández.

Posteriormente, los llevaron donde tienen a los detenidos y allí estuvieron confinados por más de 24 horas. Estuvieron incomunicados por completo, por 24 horas. También les tomaron fotografías de espaldas con las manos atrás y todos los equipos en el piso, como se hace con delincuentes.

«Violaron nuestros derechos humanos», sentencia Luis Gonzalo. «Nuestro trabajo era tener las dos caras del conflicto, hablar con los funcionarios», aseguró.

«Nada hubiese sido más bonito que registrar a los militares, con las botas llenas de barro por enfrentar a estos irregulares, para que el país se entere de lo que está pasando», dijo a su vez Rafael Hernández.

Las violaciones a los DD.HH registradas en el estado Apure, desde el 21 de marzo, son más evidencias para la Corte Penal Internacional (CPI).

La afirmación la hizo Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, en Twitter.

Broner calificó los abusos documentados por su organización como “un caso de estudio». Tomando en cuenta «todas las barbaridades que el régimen ha venido haciendo y que sigue haciendo con toda impunidad”.

“Encontramos que las violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen en Apure siguen el patrón de abusos cometidos con total impunidad en Venezuela: ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas”, acotó.

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En este sentido, insistió que “esto debería ser una llamada de atención para la Corte Penal Internacional, que tiene el deber y el poder de investigar penalmente a los responsables últimos de los crímenes internacionales más atroces”.

En la CPI hay varias denuncias contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía de la Corte ya considera que en Venezuela hay elementos para creer que esos delitos los cometen funcionarios de los organismos de seguridad.

Encontramos que las violaciones de DH cometidos por el régimen en Apure siguen el patrón de abusos cometidos con total impunidad en Venezuela: ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas. Más evidencia para la Corte Penal Internacional. Vean este artículo del @nytimes : https://t.co/tUdH7KSdAm

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió este jueves el allanamiento de la ONG Convite, por parte de funcionarios de las FAES.

La CIHD y la relatoría sobre Derechos Económicos «expresan preocupación ante el allanamiento por parte del Tribunal 4to de Control en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo», dice la comisión en Twitter.

Destaca cómo «agentes del Estado incautaron equipos de computación de la organización». «La CIDH identifica que este tipo de actividades pueden constituir actos de hostigamiento», resalta. Los mismos «tendrían como fin impedir las actividades de defensa de DD.HH», alerta.

En consecuencia, la «CIDH llama al Estado de Venezuela a abstenerse de incurrir en injerencias arbitrarias en el domicilio o sedes de organizaciones de DD.HH». En su caso, debe «asegurarse que este tipo de injerencias persigan un fin legítimo, sean idóneas, necesarias y proporcionales».

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Durante varias horas, los funcionarios tuvieron retenidas a los directivos de la ONG que defiende los derechos de las personas de la tercera edad. Luego de liberarlos, les entregaron sus equipos.

Al respecto, Convite, en un comunicado, aseguró que seguirá defendiendo a los abuelos.

En menos de un mes, el régimen de Nicolás Maduro ha allanado las sedes de tres ONG que defienden los derechos de las personas necesitadas. El argumento es que supuestamente, cometen delitos asociados al terrorismo.

El odontólogo Williams Arrtieta exigió que lo pongan en libertad de manera inmediata. Arrieta está detenido en Puerto Ordaz, estado Bolívar, únicamente por ejercer su derecho a la protesta.

«No soy un delincuente, soy un profesional de la salud. Quiero mi libertad plena», dijo el médico en un vídeo difundido en redes sociales. Lo detuvieron el miércoles por la mañana, luego de reclamar a unos policías nacionales que permitían irregularidades en la cola para surtir gasolina.

“Lo que hice fue protestar por abuso de poder”, agregó Williams Arrieta. El galeno sufrió traumatismo craneoencefálico y traumatismo toracoabdominal. También fractura de costillas y otros daños a su integridad física.

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Luego de hacer el reclamo, los PNB lo golpearon salvajemente y luego se lo llevaron a la comandancia, donde quedó detenido, supuestamente por “incitación al odio, resistencia a la autoridad y ultraje a funcionario”.

Provea también exigió libertad para Arrieta.»Fue víctima de golpes y tratos degradantes por funcionarios de la PNB. Williams fue detenido arbitrariamente por protestar en contra de irregularidades en la distribución de gasolina. Exigimos respeto a su integridad y derechos humanos», publicó la ONG.

Arrieta fue presentado en tribunales la mañana de este jueves. Los ciudadanos en Puerto Ordaz protestaron por lo que consideran una injusticia. Arrieta es activista y defensor de los derechos humanos.

#URGENTE “No soy delincuente”, dice el Dr William Arrieta, golpeado ayer por una cayapa de funcionarios policiales en Puerto Ordaz y ahora en tribunales.. Así como el mismo lo Dice Exigimos su Libertad Plena, no es un delincuente pic.twitter.com/uz67PH97OL

En solo los primeros seis meses de este año, las fuerzas represivas del régimen cometieron más de 1.500 ejecuciones extrajudiciales. La denuncia la hizo el director de la ONG, Provea, Marino Alvarado.

Hasta el momento, hay datos de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Sucre, Bolívar, Táchira, Mérida Trujillo y Zulia, aclaró Alvarado en entrevista con Infobae. «Todavía no hemos terminado de consolidar la base de datos a nivel nacional», agregó.

Especificó que solo en la gran Caracas, hubo al menos 201 ejecuciones extrajudiciales. «129 en el estado de Miranda y 72 en el Distrito Capital. En 37 casos, los familiares o vecinos de las víctimas denunciaron que las personas habrían sido detenidas y posteriormente asesinadas».

Citó como ejemplo, el caso de Isaac Mata, de 14 años, quien volaba un papagayo en un sector de Coche, el viernes 17 de abril. Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegó al lugar disparando, según los familiares del niño.

Los funcionarios se lo llevaron herido y su cuerpo fue posteriormente localizado en la morgue de Bello Monte. Las autoridades dijeron que el joven era un delincuente. Pero los familiares del menor lo niegan y aseguran que tenía marcas de esposas cuando revisaron el cadáver.

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Pasaron cosas terribles como en el estado Aragua. «El promedio durante los primeros seis meses del año fue de un asesinato por día a manos de los agentes de la fuerza pública. En total, las organizaciones de DD.HH., registraron 181 ejecuciones extrajudiciales», señala Provea.

En Carabobo hubo 123 asesinatos, la mayoría a manos de la policía estatal. El crimen de Daniel Alexander López Ramírez, un médico de 28 años, impactó a la comunidad. Las autoridades dijeron que era un delincuente que se enfrenó a la policía. Pero los familiares informaron que lo habían secuestrado.

En los estados andinos, el estudio registró 101 asesinatos: 41 en Táchira, 24 en Mérida y 36 en Trujillo. Y en Zulia, uno de los estados más importantes del país, La Comisión para los Derechos Humanos local (CODHEZ), cifró en 377 las ejecuciones extrajudiciales de enero a junio de este año.

Los seis primeros meses del 2020, se registraron 162 ataques contra los periodistas y trabajadores de la prensa, perpetrados por funcionarios de seguridad y colectivos.

La información fue suministrada por la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas en un informe que presentó Humberto Prado.

Según el informe, de los 162 ataques, 85 ocurrieron tras el decreto del estado de alarma por la llegada del Covid-19.

El documento detalla que se realizaron 13 entrevistas a varios periodistas víctimas de ataques y las actuaciones ilegales de funcionarios y civiles armados.

Los periodistas y trabajadores de la prensa en los últimos meses han sido amedrentados, detenidos ilegalmente y sometidos a desapariciones forzadas.

El Estado, según el comisionado Prado, está incurriendo en serias violaciones a los derechos fundamentales, principalmente contra el derecho a la libertad de expresión.

“Son alarmantes los altos niveles de impunidad que existe en el país, las agresiones y la violencia a las que recurren los atacantes”, expresó Prado.

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Dijo que los líderes del régimen usurpador hacen uso de las instituciones y medios de comunicación para fomentar la persecución contra la libertad de prensa.

“Considerando el aumento de la política represiva del régimen contra los comunicadores, la Comisión no descarta que el número de afectados sea mayor”, resalta.

La Comisión para DDHH considera conveniente que los organismos internacionales de DDHH y quienes hacen parte del régimen usurpador, aboguen por el cumplimiento de las medidas que garanticen el derecho a la libertad de expresión.

Asimismo, que se respete el derecho a la manifestación pacífica y que se respeten los parámetros establecidos en la Constitución Nacional.

Un punto de honor para Prado es insistir en la anulación de la Ley contra el Odio por impedir el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión e información.

Además, se prohíba todo tipo de actos discriminatorios contra medios y periodistas y se realicen investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las agresiones.

El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, pidió que el Parlamento Europeo (PE) organice una visita «urgente» a Venezuela, para que constate cómo han arreciado las violaciones de los DD.HH por parte del régimen.

Prado hizo la petición en la madrugada de este martes, cuando intervino en una reunión del PE para los DD.HH, en la cual presentó el informe sobre el incumplimiento, por parte de Nicolás Maduro, de las recomendaciones que hizo hace un año la alta comisionada para los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet.

EL comisionado destacó, en primer lugar, la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) que, a pesar de que Bachelet recomendó que fueran eliminadas, continúan sus acciones, con impunidad.

En este sentido, Prado dijo que las Faes habrían ejecutado extrajudicialmente a 972 personas, desde julio del 2019, hasta la actualidad.

Prado explicó, que las personas privadas de libertad por motivos políticos, deben ser puestas en libertad, esto al referirse a un grupo de diputados, que el propio Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, ha solicitado liberar. Entre ellos Gilbert Caro y Juan Requesens, así como el jefe de despacho de la Presidencia encargada, Roberto Marrero.

A los presos políticos se les tortura y muchas veces deben comerse sus propias heces y vómitos

Denunció el continuo asedio contra organizaciones defensoras de DD.HH en Venezuela como Provea que “ha sido atacada por el régimen a través de medios de comunicación”.

Prado también presentó evidencias de los ataques contra periodistas, cuya profesión califica como de alto riesgo. «Los periodistas no pueden cubrir noticias sobre protestas por acceso al agua, salud en hospitales y falta de alimentos, porque corren el riesgo de ser detenidos, recluidos y simplemente los imputan crímenes en tribunales militares”, destacó.

En relación con las cárceles, el comisinado precisó que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ha registrado que desde 1999 han muerto en Venezuela 7.270 personas, y en lo que va de 2020, van más de 104 reclusos fallecidos, 66 de ellos por desnutrición y tuberculosis.

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Denunció que en las cárceles de Venezuela hay un hacinamiento del más del 120%. “En los calabazos policiales es peor porque hay 400% de hacinamiento. En lo vinculado con servicios en las cárceles, no existe la figura de médicos (…) Los calabozos especiales son para un máximo de 48 horas, pero duran allí hasta 3 años y deben ser alimentados por sus propios familiares, pero en lugar de darles los alimentos temprano se la dan en la tarde y ya está descompuesta y genera amibiasis”.

Diputados perseguidos y migrantes

En cuanto a los diputados aclaró que son perseguidos. «En mi país la Asamblea Nacional elegida por más de 14 millones de venezolanos fue sacada del Palacio Legislativo. No dejan que los diputados vayan a legislar donde se supone que deben hacerlo”.

Indicó que han aparecido personas que dicen ser quienes dirigen el Parlamento venezolano, pero no cuentan con esa cualidad. “Los diputados fueron elegidos, pero no pueden entrar al palacio legislativo, por lo que deben hacer las reuniones vía internet, velándose ese derecho en particular”, dijo.

Sobre la situación de lo venezolanos que decidieron dejar el país por motivos económicos, sociales y políticos y que han tenido que regresar, empujados por la pandemia, dijo que sostenidamente se violan esos derechos humanos. “Tenemos más de 5 millones de venezolanos fuera del país que se han visto obligados a irse por falta de condiciones de vida adecuadas y ahora que regresan más de 40.000 de esos venezolanos, son estigmatizados y se les viola su dignidad, porque son considerados armas biológicas” dijo Prado.

Explicó que desde la llegada de la pandemia miles de venezolanos se han visto obligados a regresar al país caminando desde Ecuador, Perú y Colombia, pero al llegar son aislados en hospitales centinelas donde no se les da ni agua ni comida.

Prado hizo peticiones específicas: que emitan un comunicado público donde exijan que se cumplan las recomendaciones de los órganos internacionales de protección, en especial respecto de la protección de periodistas y defensores de DD.HH.

También solicitó al Parlamento Europeo que la Sub Comisión de DD.HH. venga a Venezuela y así puedan ver con sus propios ojos los centros de reclusión como «la Tumba y la Casa de los Sueños», donde se tortura e inclusive los presos deben comerse sus propias heces y vomito. Por eso les pido que integran una comisión que venga y vea lo que pasa en Venezuela, tienen la legitimidad para hacerlo”, ratificó.

Por último, solicitó que se emita una comunicación suscrita por el pleno del Parlamento Europeo y que se remita a la oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, para exigir la desarticulación de las Faes con urgencia.

“No olviden a mi país, Venezuela, los diputados tienen que legislar de forma clandestina, los que están legitimados y elegidos son perseguidos. Hay una situación grave respecto a quienes piensan diferente porque los someten a torturas”, finalizó Prado.

Para la periodista Sebastiana Barraez la respuesta de Nicolás Maduro al informe de Michelle Bachelet que denunció las detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y desapariciones forzadas, fue ascender a uno de los principales agentes de violación de derechos humanos de la Dgcim, el ahora coronel de la GNB,  Alexánder Enrique Granko Arteaga, como primer brigadier y alférez auxiliar.

Según un reportaje publicado en su blog Sebastiana Sin Secretos, explica que Granko está involucrado en el asesinato al piloto Oscar Alberto Pérez, durante la masacre ocurrida el 15 de enero del 2018 en El Junquito.

Granko Arteaga no solo fue premiado, sino ascendido a numero uno entre los 90 nuevo coroneles de ese componente militar.

“Representa el principal mérito, la recompensa, el estímulo más alto que recibe un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.

Según un comentario de un oficial Granko es uno de los hombres claves en el triángulo de terror de la Dgcim. “Cuando estaban haciendo curso antiguerrilla Lince, los distinguidos de esa promoción se alzaron contra los comandos, porque no querían que los maltrataran; entre esos estaba el distinguido Granko”,

“Nadie se explica cómo ha llegado a ser un personaje tan cruel, pero eso le ha permitido encajar perfectamente en la Dgcim, como mano derecha del general Hernández Dala. Es Granko quien ha manejado realmente la Dirección de Contra Inteligencia Militar, impone reglas, incluso por encima de los generales que han ocupado cargos subalternos en la institución”, enfatizó.

 “En el curso Lince los sargentos del grupo de comando eran quienes dirigían, por lo que en ese momento quedabas como subalterno. En ese tipo de cursos la exigencia era muy alta, pero esos distinguidos, donde estaba Granko, no aguantaron la presión y se convirtieron en los líderes de una insubordinación masiva, que les costó el regreso a la Escuela”.

En el informe presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el patrón en Venezuela siguen siendo las detenciones arbitrarias, violaciones de las garantías del debido proceso, torturas, malos tratos y desapariciones forzadas.

Según el punto 46 del informe, la mayoría de las personas detenidas por la Dgcim fueron sometidas a desapariciones forzadas, “durante un breve plazo posterior a su detención y antes de ser llevadas ante el juez”.

La mayor parte de estas detenciones, asegura el informe que presentó Bachelet, fueron practicadas por miembros de la Dgcim y el Sebin. “Sin embargo, otras fuerzas de seguridad, tales como las FAES y la Guardia Nacional Bolivariana, han incrementado su participación en esas aprehensiones”.

De manera extraoficial se conoció que la Fiscalía Militar en Lara ordenó capturar a la primer teniente María Palmera luego de arrestar a una abogada la tarde de este martes en el sur de Barquisimeto.

Trascendió que el motivo por el cual se le abrirá un proceso a la teniente de la GNB es por el abuso de autoridad, violación de derechos humanos y privación ilegítima de libertad contra la profesional del derecho Eva Leal.

Recordemos que este suceso causó conmoción en redes sociales la tarde del 23 de junio.

Sobre el hecho se conoció que la abogada había irrespetado el horario de circulación en las calles permitido por las autoridades, otra versión apunta a que los hechos de violencia se suscitaron cuando Leal grababa la forma en cómo los efectivos militares en el punto de control aparentemente cobraban a algunas personas por pasar en sus vehículos sin salvo conductos.

Trascendió que la abogada también será presentada en tribunales militares próximamente. Las ONG que atienden los derechos humanos en la ciudad de Barquisimeto solicitan la pronta liberación de la mujer.

El Fiscal General de Maduro, Tarek William Saab, aseguró este lunes que cualquier funcionario de seguridad del Estado que se atreva a violar la ley será castigado con todo el peso de la justicia, esto tras las acusaciones que se han recibido en el Ministerio Público sobre vulneraciones a los derechos humanos.

Saab fue enfático al resaltar que es necesario fortalecer la preparación de los nuevos policías, pues se han registrado muchos delitos donde resultan implicados funcionarios adscritos a cuerpos policiales.

Ante esta situación, puso a disposición la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, con el fin de mejorar la cultura y educación de los nuevos policías.

Todo esto surge ante la presentación del último caso, donde cuatro funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) fueron imputados por su participación en el homicidio de cinco ciudadanos, entre ellos un escolta de la ministra de asuntos penitenciarios de Maduro, Iris Varela.

Pero esta situación no es nueva, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió eliminar ese comando especial creado por Nicolás Maduro en 2016, responsable de torturas y ejecuciones extrajudiciales según varios organismos.

Las FAES son conocidas como las «Gestapo venezolanas», indicó en ese entonces la comisionada.

Un total de 540 funcionarios pertenecientes a diversos organismos de seguridad del Estado han sido presentados ante tribunales como presuntos responsables de vulneraciones a los derechos humanos.

Según el Fiscal General de Maduro, Tarek William Saab, se han investigado todos los casos presentados ante el Ministerio Público, donde se evidencian excesos e irregularidades por parte de las fuerzas de seguridad.

Por vulneraciones a los derechos humanos también han sido presentados al menos 40 civiles

Desde nuestra llegada al MP, el #5Ago de 2017, hemos presentado imputación contra 540 funcionarios de cuerpos de seguridad, así como contra 30 particulares como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos

Igualmente han sido acusados un total de 786 funcionarios y 113 particulares que han cometido actos como tratos crueles, violación a la propiedad privada, torturas y otros delitos.

Saab también detalló que hasta la fecha han sido condenados 140 funcionarios de seguridad.

Estas cifras fueron otorgadas luego de anunciar la presentación ante tribunales de cuatro funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), involucrados en el homicidio de cinco ciudadanos, entre ellos un escolta de la ministra de asuntos penitenciarios del régimen, Iris Varela.