El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 56 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2024 en Venezuela.

En un informe publicado por la ONG, se alerta que «la política de criminalización y control social avanzó en el contexto preelectoral. Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos se enfrentaron a graves riesgos».

«A medida que avanza el cierre continuo del espacio cívico y democrático en el país, los ataques en contra de las personas defensoras aumentan», remarcó la organización en nota de prensa.

Asevera que «la violencia de Estado, se implementa con mayor fuerza para intimidar con el fin de limitar el actuar de la sociedad civil mediante el miedo, el terror y la inhibición».

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La ONG da cuenta de » 56 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la Política de Criminalización».

Destaca que, a partir del 28 de julio, «se registró 20% del total de las agresiones documentadas durante el mes».

A la organización le «preocupa la sistematicidad de estos hechos. La falta de un espacio cívico libre y seguro en el contexto de eventos electorales afectó el desarrollo de actividades de la sociedad civil de forma segura y sin temor a ser objeto de represalias y agresiones».

Destaca que «los 56 hechos documentados durante julio de 2024 generaran gran preocupación, pues se originan en un contexto de aumento generalizado de la violencia estatal».

En consecuencia, «el derecho a defender, exigir y promover los derechos humanos se ve afectado directamente en tanto quienes realizan estas actividades se encuentran bajo un constante ataque por parte del Estado».

Asimismo, señala que «en el contexto electoral se vio afectado el Espacio cívico y democrático, lo que hace que el entorno para el ejercicio de las actividades de la sociedad civil, y en particular de las organizaciones de derechos humanos fuese cada vez más adverso y hostil, en tanto se profundizó la política de criminalización y control social».

El CDJ alerta que «los patrones de agresión se aplicaron con fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas con la reivindicación y protección de derechos. En particular, durante el mes se vieron afectadas aquellas personas y organizaciones que documentaban o realizaban actividades en torno al proceso electoral».

«Quienes velan por el resguardo de la dignidad humana se enfrentan a agresiones y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor», agrega el documento.

Insiste en que «la violencia, represión y control social del Estado sigue generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático».

Finalmente, la ONG considera que «ante la continuidad de la crisis socio-política y una emergencia humanitaria compleja que sigue vigente, el trabajo de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, resultan más necesarios, por lo que es indispensable que se establezcan medidas que permitan su accionar sin represalias o limitaciones arbitrarias».

“Los familiares pedimos a los medios de comunicación que difundan este mensaje para que lo organismos gubernamentales escuchen la voz de mi hijo», clamó el padre del teniente coronel Igbert Marín Chaparro, quien cumple hoy 17 días en huelga de hambre.

Este jueves, Igor Marín, padre del militar en huelga de hambre, manifestó a los medios de comunicación su preocupación por la salud de su hijo al tiempo que exigió la verificación del estado de salud.

El teniente coronel Igbert Marín Chaparro cumple, este 6 de enero, 17 días en huelga de hambre en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Es por ello que este jueves abogados y familiares del detenido denunciaron el caso en organismos Internacionales de derechos humanos.

Igor Marín, padre del militar desconoce por qué tanto ensañamiento con su hijo. Mientras que el abogado Alonso Medina Roa señaló que manejan la información que el teniente coronel “ha perdido aproximadamente seis kilos, y va sufriendo día a día el deterioro de su salud y eso es lo que preocupa a los familiares”.

El caso saltó a la palestra pública luego que Radio Fe y Alegría diera a conocer a través de sus redes sociales una carta  del Teniente Coronel Igbert Marín Chaparro.

La misiva que le hizo llegar a sus familiares, revela que desde su detención ha recibido cruentas torturas en la celda donde lo tienen detenido; incluso dijo tener las costillas rotas.

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La defensa indicó que pese a la medida de Marín Chaparro, hasta ahora no han escuchado  ninguna de sus peticiones, solo ha sido evaluado por algunos médicos e incluso psicólogos y este jueves se le está realizando un reconocimiento médico forense por parte del Ministerio Público.

El motivo de la huelga de hambre del militar es denunciar las presuntas torturas en los calabozos del organismo y exigir la presencia de representantes de la ONU, Cruz Roja y la Iglesia.

Una protesta por las malas condiciones en las que vivían sus subalternos, fue el motivo de la detención de Marín Chaparro en marzo de 2018, cuando se desempeñaba como comandante del Batallón Ayala.

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