La abogada y Defensora de los DD.HH., Tamara Suju, anunció en su cuenta en X que entregaron ante la Corte Penal Internacional, un nuevo testimonio de la violación de los Derechos Humanos en las celdas de la Dgcim en Caracas.

Esta vez, se trata del caso de un oficial de alto rango de la FANB, cuyo video fue compartido por Suju, argumentando que el mismo fue entregado al Instituto Casla que ella preside y enviado a la CPI «para demostrar, como en la Planificación y Ejecución de las Torturas en Venezuela intervienen directamente oficiales cubanos que las presencian, dirigen y toman el mando torturando ellos mismos».

En el material, el oficial, con la cabeza tapada y voz distorsionada, relata lo que le han hecho en los calabozos de la DGCIM.

Suju asegura que «la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela ha sido y sigue siendo documentada por nuestro Instituto. Importante recordar que en este caso, el oficial fue Torturado en el DGCIM», agrega en el post.

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? "SUFRÍ GRAVES TORTURAS"Testimonio de un oficial de alto rango de la FANB, tras presuntamente ser torturado en la Dgcim. El testimonio fue publicado por la abogada defensora de DD.HH., @TAMARA_SUJU, y enviado a la CPI (@IntlCrimCourt)pic.twitter.com/m1GvSPBJqJ

El anuncio del canciller Yván Gil, del cese de las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela y de la salida de sus funcionarios, que se debe cumplir este 18 de febrero, es una medida “sin precedentes” a juicio de los expertos y donde las más perjudicadas son las víctimas de las violaciones de los DD. HH.

Y es que la medida tiene consecuencias sobre Venezuela, no solo por cuestiones de imagen, ante la opinión pública nacional a internacional, sino porque, a juicio de representantes de ONG defensoras de los DD. HH., en el país, deja en estado de «total vulnerabilidad e indefensión» a las víctimas de violaciones de garantías fundamentales.

«La situación está empeorando en materia de desaparición forzada … los lapsos se están ampliando de horas a semanas», explicó el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

“Era un órgano internacional al cual podían acudir estando aquí en Venezuela para denunciar violaciones de DDHH. Esto va a dejar en indefensión tanto a quienes quieren hacer denuncias de nuevas violaciones a los DD.HH. y a quienes ya habían presentados sus casos”, agregó.

Esta percepción es acompañada por otra ONG, Fundaredes, cuyo director, Javier Tarazona, lleva más dos años preso.

En este sentido, la Organización, también refutó la expulsión y aseguró que esto «eleva el riesgo de cierre de los espacios cívicos, la persecución y hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil».

A su vez, otra ONG, Encuentro, Justicia y Perdón, considera que, además de «aumentar la desprotección de las víctimas», «intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DD. HH. que se cometen a diario en el país».

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La Oficina del Alto Comisionados de la ONU en materia de DD. HH. fue instalada en Venezuela en el 2019, cuando la expresidenta Chilena, Michelle Bachelet, estaba al frente.

La funcionaria se reunió con las víctimas de violaciones de DD. HH. y con varios actores de la vida nacional, incluyendo al Gobierno.

Ella emitió varios informes en los cuales criticaba la situación de los derechos humanos en el país, aunque también reconoció algunos avances.

Cuando se produjo el cambio de Bachelet por Volker Turk, este vino a Venezuela y junto con el presidente Nicolás Maduro, firmaron acuerdos para mejorar el funcionamiento de la oficina en Caracas.

De hecho, los funcionarios de la oficina tenían este mandato: «ha desempeñado un papel importante en el monitoreo y documentación de la situación de derechos humanos en el país y en la prestación de apoyo y asistencia a las víctimas y supervivientes».

En su sitio web, la oficina publica cuáles son sus objetivos, los cuales se aplica, por igual, en los países donde funciona.

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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas) es la principal entidad de las Naciones Unidas en derechos humanos.

Representa el compromiso del mundo para la promoción y protección del conjunto total de derechos humanos y libertades establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Alto Comisionado y la Oficina desempeñan una función singular para:

Promocionar y proteger todos los derechos humanos: Nos pronunciamos objetivamente frente a las violaciones de derechos humanos y ayudamos a elaborar las normas que se emplean para evaluar el progreso en materia de derechos humanos en el mundo.

Ayudar a empoderar a las personas: Nuestras actividades de investigación, educación y promoción contribuyen a una mayor concienciación y compromiso por parte de la comunidad internacional y del público sobre las cuestiones de derechos humanos. Esto significa que miles de personas de todas las regiones del mundo son empoderadas para reclamar sus derechos.

Ayudar a los gobiernos: Con nuestras presencias sobre el terreno, ayudamos a evitar abusos y contribuimos a mitigar las situaciones que pueden desembocar en un conflicto.

Nuestra supervisión y análisis alimentan la toma de decisiones sensibles y la programación del desarrollo. También ofrecemos desarrollo de capacidades y asesoramiento jurídico a miles de personas, apoyando el desarrollo y la promulgación sensata de leyes y políticas en todo el mundo.

Formular una perspectiva de derechos humanos en todos los programas de las Naciones Unidas: Integramos los derechos humanos en todos los programas de las Naciones Unidas para asegurar que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos —los tres pilares del sistema de las Naciones Unidas— estén interconectados y se refuercen mutuamente.

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Sobre la medida de Maduro se han pronunciado varios organismos internacionales, entre ellos la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

«La decisión de suspender la presencia de los funcionarios crea lagunas de protección inmediatas para personas y comunidades en riesgo, ya que la situación de derechos humanos se está deteriorando aún más», dice la Wola, en un comunicado.

Por ello, la Wola hace un llamado urgente «a los Estados, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a la comunidad internacional a que insistan en el restablecimiento de una presencia efectiva de la OACNUDH en el país y en la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos».

Asimismo, hace «un llamamiento adicional al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que trabaje activamente en la renovación del mandato de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos (FFM, por sus siglas en inglés) sobre Venezuela, en septiembre de 2024».

Explica que «el trabajo de la FFM ha sido fundamental para investigar graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales en Venezuela, algunos de los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad, así como para identificar patrones estructurales y posibles perpetradores de estos crímenes y violaciones».

Recuerda la Wola que «el trabajo de la FFM, incluido su mandato de ofrecer reportes públicos, sigue siendo esencial para alertar a la comunidad internacional de los patrones de represión actuales y del riesgo de un mayor deterioro».

Enfatiza en que «la FFM también es clave para proporcionar a los Estados miembros de la ONU recomendaciones sobre estrategias eficaces de prevención y mitigación a la luz de la intensificación de la persecución selectiva y la represión generalizada».

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Sobre este tema se ha pronunciado también el abogado Darrin Gibbs, especialista en Derecho Administrativo y Especialista en Derecho Procesal, Miembro del Equipo Jurídico de Defiende Venezuela.

De entrada, el experto afirmó que la medida dificultaría “el seguimiento directo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

«Este escenario plantea desafíos adicionales para la sociedad civil venezolana, destacando la importancia de mantener la vigilancia y la movilización para salvaguardar los principios fundamentales en medio de estos desafíos», dijo.

De su parte, otro abogado, Ezequiel Monsalve, coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, explicó que tales acciones gubernamentales podrían desencadenar 5 consecuencias para el país:

Ausencia de Asistencia Técnica en Derechos Humanos para el Estado

La cesación de operaciones de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU implica la falta de asistencia técnica especializada al Estado venezolano en materia de derechos humanos.

Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

Limitación en la Protección de los DD.HH. de los venezolanos

La decisión de expulsar la Oficina Técnica del Alto Comisionado también sugiere una potencial limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.

Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población.

Abandono de la agenda de conexión con los mecanismos de protección

El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

La ausencia de esta conexión podría debilitar la capacidad de la sociedad civil para abogar por sus derechos y participar activamente en la promoción de cambios significativos y repercute en la incidencia de los mecanismos hacia el Estado para la implementación de mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos.

La decisión de expulsar la Oficina del Alto Comisionado también puede resultar en limitaciones significativas para el acceso de los relatores de la ONU al país.

Esta restricción dificulta la evaluación objetiva de la situación de derechos humanos en Venezuela, afectando la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas.

Limitación en el acceso a información objetiva

La falta de presencia de la Oficina Técnica del Alto Comisionado podría provocar limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones.

Este déficit de información confiable podría afectar la calidad de los análisis sobre la situación de derechos humanos en el país, obstaculizando los esfuerzos para abordar las problemáticas existentes.

La ausencia de asistencia técnica al Estado, la limitación en la protección de los derechos humanos de los venezolanos, el abandono de la conexión entre la sociedad civil y los mecanismos de protección, las restricciones al acceso de relatores de la ONU al país, y la limitación en el acceso a información objetiva y veraz para informes de recomendación son elementos que generan una preocupante coyuntura.

Esta situación no solo pone en riesgo el compromiso internacional de Venezuela en la defensa de los derechos humanos, sino que también socava la confianza en los mecanismos de cooperación y supervisión a nivel global.

Recientemente, el canciller de Brasil Mauro Vieira, admitió en se violan los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y resaltó que “es un tema que tiene que ser discutido”.

En ese sentido, remarcó que su país mantiene comunicación con esos tres países, y por eso, están dialogando ese tema. Vieira, le dijo al medio de comunicación Infobae, que ya él en sus funciones como ministro de Relaciones Exteriores, ha venido conversando con las administraciones de esos tres países.

Destacó que estas conversaciones sobre la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos, no es desde ahora, sino desde cuando era canciller en el gobierno de Dilma Rousseff.

“Nosotros reconocemos eso, es un tema que tiene que ser discutido, nosotros hemos estado hablando con ellos y con otros países, incluso en Ginebra, en el Consejo de derechos humanos, porque nosotros estamos listos y abiertos para discutir cualquier tema que sea necesario”, dijo el diplomático.

Además, recordó que en 2015, luego de que la oposición se alzara en las parlamentarias y el chavismo por primera vez en año obtuviera la minoría, Viera y otros diplomáticos, abogaron porque se mantuviera el diálogo entre chavismo y oposición.

“Yo formé parte de las negociaciones cuando se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias, cuando el gobierno perdió, participamos Brasil, Colombia y Ecuador, como parte de Unasur y viajamos muchas veces para discutir con Maduro y la oposición. Nosotros todavía estamos haciendo lo mismo”, dijo el canciller brasileño.

Asimismo, resaltó que su equipo diplomático ha tomado parte en el diálogo entre el chavismo y la oposición que se desarrolló en México con la mediación de Noruega.

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El 8 y 9 de agosto se celebrará en la ciudad de Belém, Brasil, la Cumbre de la Amazonía, en la que se espera que Nicolás Maduro asista y sea recibido por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Esta posible visita ha sido criticada por varios sectores políticos, debido a que Maduro es investigado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI), lo que hace que muchos grupos repudien la relación restablecida entre Brasil y Venezuela.

Recordemos que en ese año, sería la segunda visita que Maduro hace a Brasil, la primera fue en enero, cuando Lula Da Silva, asumió su tercer mandato presidencial. De hecho, el canciller Vieira aseguró que una de las primeras instrucciones que recibió del jefe del Partido de los Trabajadores, luego de jurar como presidente, fue reestablecer comunicación con Venezuela.

“El presidente Lula, apenas tomó posición en el gobierno, me dio instrucciones inmediatamente para reabrir la embajada y los consulados que habían sido clausurados por el gobierno anterior y nosotros queremos seguir conversando (con Venezuela), es un país importante, tenemos una frontera muy grande, tenemos más de 20 mil brasileños viviendo en Venezuela y por supuesto sabemos que tiene enormes reservas de petróleo y gas y es un país muy importante y queremos seguir hablando”, dijo.

En ese momento, Maduro fue recibido “con honores” en Brasilia, capital de Brasil, en mayo de este año. El dictador arribó en un avión de la aerolínea estatal Conviasa, de bandera venezolana, la cual se encuentra sancionada por los Estados Unidos.

El viaje de Maduro se concretó luego de varios intentos frustrados. Es que desde que Lula da Silva llegó a Planalto en enero, ha intentado recibir al dictador y rehabilitarlo internacionalmente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este lunes al estado de Venezuela. Lo hizo por la detención arbitraria de una familia de apellido González perteneciente al pueblo indígena Wayúu, en el año 1998.

La CorteIDH indicó que Venezuela es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, integridad personal y a las garantías judiciales. Lo hizo en perjuicio de Belkis González, María Angélica González, Fernando González y Wilmer Antonio Barliza González. Además, de Luis Guillermo González y Olimpiades González, así como de las garantías judiciales de Aura González.

El 23 de noviembre de 1998 a Belkis, María Angélica y Fernando González los detuvieron por ser sospechosos de participar en un homicidio.

Posteriormente, el 28 de enero de 1999, capturaron a Wilmer Barliza González, Luis González y Olimpiades González. Todo, luego de que se denunciara un tiroteo.

«Belkis y María Angélica González fueron recluidas varios meses en una celda de aislamiento. La misma presentaba condiciones inadecuadas. Ello constituyó un trato cruel o inhumano», explica la sentencia del Tribunal internacional.

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La sentencia de la Corte expresa que las autoridades no contaban con elementos suficientes que justificaran la detención. Por lo tanto, la Corte las calificó como «arbitrarias», reseñó Efe.

Además, el 29 de septiembre de 1999 dictó sentencia absolutoria a favor de Fernando González. También de María Angélica González, Belkis Míreles González y Wilmer Antonio Baliza González, y ordenó su inmediata liberación.

La Corte recordó que la «privación preventiva de la libertad se debe sustentar no solo en indicios de responsabilidad penal, sino también en finalidades legítimas».

Recordó que «alojar personas procesadas junto a personas condenadas implica inobservar una salvaguarda al derecho a la integridad personal».

El caso también responde a que Olimpiades González fue víctima de un atentado contra su vida el 19 de septiembre de 2001. Además, el 11 de diciembre de 2006 recibió tres disparos por la espalda que le causaron la muerte.

La CorteIDH estableció, sobre la muerte de González, «que existió una falta de actuación en un plazo razonable». Este caso no ha sido resuelto.

El Tribunal internacional ordenó al Estado de Venezuela continuar y concluir, en un plazo razonable, las investigaciones y procesos penales correspondientes.

Debe pagar un monto económico por los gastos de tratamientos y padecimientos físicos. Además de los daños psicológicos y psiquiátricos sufridos, así como una indemnización por daños materiales e inmateriales. 

En menos de 24 horas, organismos de seguridad del Estado detuvieron a una dirigente de Voluntad Popular y a un activista por los Derechos Humanos en Caracas.

La ONG Provea denunció la aprehensión de Jairo Pérez, en la parroquia La Vega, cuando proyectaba una película para niños de la comunidad.

«Exigimos su inmediata libertad y respeto a su integridad», publicó la organización en su cuenta en Twitter, con una mención a la alta comisionbada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet.

Provea denunció que se desconoce adónde trasladaron a Pérez.

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Posteriormente, Voluntad Popular denunció la detención de Oraima Guillén, coordinadora del partido en la parroquia San Pedro, en Caracas.

«Los esbirros del régimen detuvieron en la madrugada a Oraima Guillén, responsable político de la parroquia San Pedro, Caracas», publicó VP en Twitter.

«Hacemos responsable al régimen de lo que le pueda suceder. Rechazamos la persecución a los integrantes de nuestra organización», remarcó el partido.

Por la misma red, el dirigente de la organización, Carlos Vecchio, enfatizó que con estas acciones Nicolás Maduro pretende acabar con el partido.

«Continúa la persecución contra miembros de Voluntad Popular. Quieren aniquilar a toda nuestra organización. No han podido ni podrán. Oraima Guillén es una digna luchadora del oeste de Caracas. El régimen sigue atropellando los derechos humanos de todos», manifestó.

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Además, en un comunicado, VP aseguró que seguirá «insistiendo en la búsqueda de una salida democrática, pacífica, constitucional», para el país.

«No descansaremos hasta lograr que se atienda la emergencia humanitaria compleja y entre la Ayuda Humanitaria para salvar vidas de millones de venezolanos», agregó.

Dice que insistirán en exigir «las condiciones electorales para una elección libre y transparente. Que permita que el pueblo se exprese y tengamos una oportunidad de salir de la crisis política y social que padecemos los venezolanos».

Asevera que seguirá «en las calles para lograr la libertad. Ese es un objetivo al que no renunciamos y nos mantendremos en esa posición para lograr el cambio que anhela todo el país. La lucha por la Libertad para todos los presos políticos es la lucha por la libertad de Venezuela».

Con la detención de Pérez y Guillen se arrecia la persecución de la administración de Maduro contra los opositores y activistas por los DD.HH.

Estos hechos se suman a la detención de Freddy Guevara y al intento de secuestro de Juan Guaidó. Y todo se une al arresto del director de Fundaredes, Javier Tarazona y miembros de esa ONG.

Jairo Pérez, dirigente social de La Vega, Caracas, que fue detenido arbitrariamente a manos de la PNB y SEBIN ayer miércoles mientras proyectaba una película para los niños de la comunidad. Exigimos su inmediata libertad y respeto a su integridad @mbachelet @hrw_espanol #15Jul pic.twitter.com/cwbhyRl3RF

.@VPmonagas rechaza persecución política contra dirigentes del partidoLea la nota completa ⬇️ https://t.co/cTpmFeQppe

Un familiar de un recluso de la cárcel de San Juan en Mérida manifestó su desesperación ante las presuntas violaciones de derechos humanos que ocurren allí.

Una Ventana por la Libertad, publicó el testimonio de la familiar quien asegura se cometen muchas injusticias dentro del penal.

 “De verdad me desgarra el corazón Saber por todo lo que pasan esas pobres personas, hambre maltratos y muchas cosas más”, reveló mediante las redes sociales.

Y reclamó que a pesar de que se encuentran allí por haber cometido crímenes, también son seres humanos que merecen respeto.

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La familiar de uno de los presos, responsabilizó a  los custodios del penal de cometer estos actos contra los reclusos.

 “No es posible que los mismos guardias quieran acabar con sus vidas, ellos merecen vivir, no todos los presos son iguales”, alegó.

Aunque aseguró que su familiar se encuentra bien, denunció la situación de otro reo, el cual está herido.

Aseveró que el recluso fue herido por uno de los guardias de la cárcel ubicada en Mérida.

“El recluso se encuentra con fuertes heridas en el estómago, piernas y espalda, heridas causadas con perdigones”, relató.

Denuncióque el recluso debe ser operado con urgencia por ñas graves heridas que tiene, pero los guardias impiden el proceso quirúrgico.

Por lo que cuestionó que si se trata de una cárcel militarizada, por qué suceden estos actos.

“Aún cuando consultamos a autoridades de la Guardia Nacional, no hubo pronunciamiento alguno acerca de la situación”, dijo.

Por su parte, allegados a reclusos de esta penitenciaría exigen respeto y un mejor trato para quienes permanecen en las instalaciones.

Se conoció que en el marco de la “Revolución del Sistema Judicial” se han realizado evaluaciones y visita a la cárcel ubicada en San Juan de Lagunillas.

Durante febrero de 2021, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró 48 actos de persecución y criminalización contra venezolanos. Se trata de personas que, ejerciendo sus derechos, las detuvieron arbitrariamente, atacaron censuraron o inhabilitaron.

Cepaz hizo una recopilación de publicaciones en medios digitales y monitoreó denuncias que llegan directamente a su portal para hacer este reporte.

Según esta ONG, en total, a 14 trabajadores de la prensa las censuraron en el segundo mes del año. «Amenazaron a al menos 9 periodistas y a otros dos los detuvieron de manera arbitraria, durante e ejercicio de sus funciones.

Asimismo, en febrero se cerró otra ventana de información en el país con una emisora de radio que salió del airea en el Zulia.

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Por otra parte, Cepaz da cuanta de la inhabilitación contra 33 dirigentes políticos. La Contraloría de Nicolás Maduro les quitó el derecho de postularse para asumir cargos públicos por 15 años.

Entre tanto, destaca la situación de la ONG Azul Positivo. Aunque sus miembros están excarcelados, el proceso en su contra sigue.

En la aplicación de estos patrones de persecución y criminalización, «hay 4 mujeres a quienes les violaron sus derechos».

Desde Cepaz «advertimos que el registro de casos presentados no constituye necesariamente la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de febrero».

Finalmente, la ONG insiste en la necesidad de que los mecanismos de seguimiento por parte de organismos como la ONU, «sean contundentes. Resaltamos la importancia de abrir las puertas a los procedimientos de la ONU para que constaten de propia mano las violaciones sistemáticas a los derechos humanos».

Los cinco activistas de la  ONG Azul Positivo que están detenidos, por presunta legitimación de capitales, están hospitalizados. Luego de la presión mediática para que los atendieran, porque se contagiado con COVID-19, se conoció que están recibiendo atención médica.

La ONG Comisión de de Derechos Humanos del Zulia (Codhez), informó que los trasladaron a un centro de salud privado en el municipio San Francisco.

«Los cinco trabajadores detenidos de Azul Positivo se encuentran bajo observación médica tras haber presentado síntomas asociados con el COVID-19», publicó la Codhez.

A Johan León, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez, Alejandro Gómez y Luis Ferrabuz, los detuvieron el 12 de enero. Funcionarios de la Dgcim, en Maracaibo se los llevaron y luego los imputados por legitimación de capitales.

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Desde ese día, ONG y sectores de la sociedad civil, repudiaron el hecho. Además de alegar su inocencia, aseguran que su labor en en pro de los derechos de personas vulnerables, como las personas con VIH en el Zulia, es invaluable.

De hecho, tras esta arremetida, una integrante de la ONG anunció que cierre temporal y en consecuencia el daño que se la hace a las personas que recibían ayuda de esa ONG.

Incluso, Amnistía Internacional los declaró «presos de conciencia» y manifestó su preocupación por los ataques de la administración de Nicolás Maduro contra las ONG defensoras de DD.HH.

Los 5 trabajadores humanitarios se encuentran en habitaciones separadas, recibiendo el tratamiento por la presencia de síntomas de #COVID19

Preocupación por salud de trabajadores humanitarios presos en VenezuelaAgencias de @onuvenezuela deben atenderles y enviarles ayudaLibertad para Presos de Conciencia: Johan LeónYordy BermúdezLayners GutiérrezAlejandro GómezLuis Ferrabuz#LiberenAzulPositivo#NosFaltan5 pic.twitter.com/dbvWn7vxyX

Luego de la detención de los cinco activistas de la ONG Azul Positivo, otras organizaciones exigen la intervención de la ONU para que liberen a estas personas.

La Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) y Provea, entre otras, hacen la exigencia. Aseguran que se trata de un caso de evidente persecución contra instituciones que prestan la ayuda que la administración de Nicolás Maduro niega a grupos vulnerables.

«Azul Positivo es una organización que desde 2004 trabaja para fortalecer la respuesta ciudadana ante el VIH. En medio de la emergencia humanitaria compleja ha brindado asistencia a las comunidades más vulnerables del Zulia.

Las denuncias se hicieron mientras activistas y defensores de derechos humanos se concentraron en la sede del PNUD en Caracas, para «exigir la libertad plena de 5 trabajadores humanitarios de @AzulPositivo, detenidos arbitrariamente».

Recordaron que Azul Positivo no solamente auxilia a personas con VIH. También lo hacen con otros sectores que no reciben recursos o medicamentos.

A los activistas de Azul Positivo los privaron de libertad por presunta legitimación de capitales, entre otros delitos. Actualmente, se encuentran en la sede de la Dgcim en Maracaibo.

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«Exhortamos a @OCHA_Venezuela abogar por la detención de los trabajadores humanitarios de @AzulPositivo, detenidos por asistir a poblaciones vulnerables en la respuesta humanitaria que esa oficina coordina», dice la Codhez en su cuenta en Twitter.

«Exhortamos a Naciones Unidas que proteja a los actores humanitarios en Venezuela. @AzulPositivo ha trabajado con @ACNUR_Venezuela y @UNFPA_Ve ACNUR. Es una agencia de protección y sigue sin pronunciarse sobre la detención de 5 miembros de Azul Positivo», agrega la ONG.

«Demandamos a las autoridades venezolanas acatar el llamado de la @OACNUDH. Debe cesar el acoso a las organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo legítimo por los derechos humanos y para aliviar necesidades humanitarias», dijeron los activistas.

. @AzulPositivo es una organización aliada de las agencias del sistema de @ONU_es. Desde hace años contribuye con @ONUSIDA_VE. Demandamos libertad plena para sus 5 trabajadores humanitarios arbitrariamente detenidos. #AyudaHumanitariaNoEsDelito #LiberenAzulPositivo pic.twitter.com/vcYl7bNylz

ONG de derechos humanos en el estado Zulia y en el resto del país, alzaron su voz contra la detención de 4 activistas de Azul Positivo. A más de 24 horas desde que funcionarios de la Dgcim se los llevaron, permanecen incomunicados. Versiones extraoficiales indican que a estas personas pretenden presentarlas en tribunales militares.

La Comisión de Derechos humanos del Zulia (Codhez) emitió el alerta. Asegura que a estas personas no les han permitido el contacto con sus abogados ni con sus familias.

«Siguen sin tener contacto con los abogados y se desconocen los cargos imputados. Advertimos de una criminalización sin precedentes de la labor humanitaria en Venezuela», asegura la ONG en su cuenta en Twitter.

La única certeza que se tiene es que Azul Positivo presta ayuda humanitaria a personas con VIH en la entidad. Además, ha extendido su labor a otros grupos vulnerables.

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De hecho, numerosas organizaciones humanitarias en el Zulia han expresado su solidaridad y agradecimiento con Azul Positivo, por la labor que realizan.

La Codhez exhortó «a las agencias de Naciones Unidas en terreno emitir un pronunciamiento urgente ante las agresiones al espacio humanitario en el Zulia».

«La cooperación internacional para la protección y socorro de las personas más vulnerables ante la emergencia humanitaria compleja debe ser garantizada por el Estado, y no obstaculizada Exigimos la liberación de los trabajadores humanitarios de @AzulPositivo«, agrega.

A los miembros de Azul Positivo los detuvieron el martes y lo único que se sabe es que investigan a la ONG por su financiamiento.

#ALERTA | Integrantes de @AzulPositivo serán procesados ante la jurisdicción militar. Siguen sin tener contacto con los abogados y se desconocen los cargos imputados.Advertimos de una criminalización sin precedentes de la labor humanitaria en Venezuela #LiberenAzulPositivo pic.twitter.com/NImn2lkMFI

Nicolás Maduro anunció la necesidad de formar en DD.HH. a sus policías, puesto que se han comprobado delitos cometidos por los “grupos de Policía que le roban al pueblo sus televisores y sus objetos”.

Lo hizo durante el undécimo aniversario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), dijo también dijo que se busca fortalecer la gestión de los cuerpos de seguridad.

Y para ello el Ministerio de Interior y Justicia pondrá en marcha un nuevo plan de educación en derechos humanos para formar a los cuerpos policiales del país, luego de reconocer el “abuso” que cometen algunos funcionarios.

“Este plan de educación, promoción, formación y vigilancia de los DD.HH. estará en manos de la ministra de Interior (Carmen Meléndez)”.

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El líder socialista precisó que es necesario “renovar todo” lo que se relacione con la disciplina y el respeto al pueblo, debido a los casos de violación de DD.HH. a los ciudadanos por parte de los funcionarios policiales.

“¿Ustedes saben que me duele a mí mucho, mucho? (…) No saben hasta cuánto me duele a mí cuando yo veo un caso y me llega la información de un policía violando los DD.HH. del pueblo en un barrio, que llegue un grupo de Policía y le robe al pueblo sus televisores y sus objetos”, dijo.

Manifestó también su “dolor” por tener información de policías que secuestran o forman parte de un crimen.

“Nosotros (los chavistas) fundamos esta revolución (…) para que se acabaran los abusos policiales, para que se acabara esa cultura del abuso policial, del abuso del poder, de la violación de los derechos del pueblo, para eso se fundó esta revolución y yo vengo aquí a ratificar ese mandato, esa orden”, agregó.

Maduro no ofreció más detalles sobre las violaciones que denunció, pero la Fiscalía anunció el pasado 16 de noviembre que se encontraba investigando varias denuncias contra las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) señaladas por presuntos abusos y ejecuciones extrajudiciales.

Ante estas denuncias, en 2019, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, recomendó al régimen de Maduro la disolución de las FAES.

El parlamentario Leopoldo López Gil pidió al Parlamento Europeo una resolución contundente contra el régimen de Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia. En el debate sobre la situación de ese país, López Gil destacó la necesidad de sancionar a los violadores de Derechos Humanos.

Recordó que es padre de Leopoldo López, preso y perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Por ello insistió en que «la UE no puede caer en legitimar fraudes electorales”.

Las consecuencias de los fraudes electorales son precisamente las que se viven en Venezuela.

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En este sentido, enfatizó: “Como padre de un dirigente inhabilitado, preso, perseguido por sátrapas hermanados por el uso del comportamiento de torturas y abusos a sus opositores quiero exaltar la importancia de las sanciones a los violadores de los derechos humanos y usurpadores del poder legítimo”.

También destacó las sanciones contra los que socavan las democracias: “Con duras sanciones debe obligar al diálogo con los legítimos representantes de la oposición en Bielorrusia para celebrar elecciones verificables”, detalló.

Indicó que si Europa aporta algo, «es el perfeccionamiento de la democracia como forma de gobierno”.

Alexander Lukashenko ganó las elecciones a principios de agosto. Se garantizó un sexto mandato, tras 15 años en el poder. No obstante, tres semanas después, miles de personas salieron a las calles para denunciar «el fraude electoral».

Las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas usan las medidas para contrarrestar la propagación de la COVID-19 como una excusa para reprimir voces disidentes. Avanza un Estado policial que intensifica su control férreo sobre la población, señaló este viernes Human Rights Watch, HRW, en un informe.

Desde que se declaró el estado de excepción para combatir el coronavirus, el régimen ha detenido en forma arbitraria y procesado penalmente a decenas de personas. El informe destaca que las principales víctimas de esta actuación son «periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican a Nicolás Maduro.

Destaca que «a muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en una ley contra el odio absurda y excesivamente amplia. Son procesados por un poder judicial sin la más mínima independencia».

Denuncia que «a los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales». Esto debido al cierre de tribunales por la cuarentena. Algunos detenidos sufren abusos físicos que podrían constituir torturas», alerta.

“El estado de excepción hace que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

“En la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal”, agregó.

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La ONG critica que desde el 13 de marzo, Nicolás Maduro emitió el decreto de estado de “excepción y alarma” en todo el país. Sobre todo porque prorrogó ese estado cinco veces, superando el límite constitucional de 60 días. «La Asamblea Nacional, de no aprobó las medidas, aunque la ley exige tal aprobación».

El decreto autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar “inspecciones” cuando las “estimen necesarias”. En la práctica, quienes se encargan de que la población cumpla con las medidas de cuarentena son las Fuerzas Armadas; la policía, incluida la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Denuncia HRW que estos organismos están implicados en ejecuciones extrajudiciales; y grupos armados partidarios del gobierno conocidos como “colectivos”. Estos grupos colaboraron con las fuerzas de seguridad en las arremetidas contra opositores en 2014 y 2017.

Recuerda que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó en julio que hubo una “aplicación discrecional” del estado de emergencia por parte de militares.

A partir de un análisis de casos reportados Human Rights Watch identificó casos en los cuales 162 personas habrían sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio.

La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que hubo 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio. Entre mayo y agosto, Human Rights Watch entrevistó a través de WhatsApp a víctimas y sus familiares y/o abogados en ocho casos. Sus testimonios y las pruebas que los corroboran coinciden con lo señalado por otras organizaciones.

Las investigaciones de Human Rights Watch revelaron que las autoridades han hostigado, detenido y procesado a opositores políticos, incluyendo varios legisladores. Los  periodistas que publican información crítica también son detenidos.

Igual suerte corren «los, trabajadores de la salud que cuestionan el manejo de la pandemia por las autoridades. Así como los abogados de derechos humanos que brindan apoyo legal a manifestantes que protestan contra la falta de agua, combustible o medicamentos.

Agentes de las fuerzas de seguridad también confiscaron teléfonos celulares y computadoras portátiles de periodistas, a quienes han obligado a borrar fotografías o grabaciones de video.

Para conocer el informe completo haga clic en este enlace:

https://www.hrw.org/es/news/2020/08/28/venezuela-estado-policial-avanza-en-el-contexto-del-covid-19