En conmemoración del día Internacional de los Derechos Humanos, varias ONG en Venezuela emitieron un comunicado en el cual denuncian la «intensificación» de la violación de los DD. HH. en el país.

En medio de esta situación, las organizaciones aprovechan la ocasión para destacar que, a pesar esta situación, los venezolanos salieron a votar el 28 de julio, con aspiraciones de cambio.

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Hoy 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos, una fecha propicia para reivindicar la vigencia de la gesta cívica del 28 de julio de 2024, día en la que la ciudadanía venezolana expresó con el ejercicio de su derecho fundamental al voto, la legítima y mayoritaria aspiración de cambio.

Venezuela vive bajo el constante predominio de violaciones atroces a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que lejos de resolverse se han intensificado con cada nuevo hito de represión.

Persecución por razones políticas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas institucionalizadas, tratos crueles inhumanos y degradantes, violencia sexual, muertes bajo custodia del Estado, etc.

Esta es la realidad junto a la emergencia humanitaria compleja ha forzado al exilio a más de 7.7 millones de personas.

Sin embargo, en medio de esta tragedia, es necesario recordar que el pueblo venezolano valientemente alzó su voz. Una participación electoral masiva, aún con la mayor desigualdad, adversidad, frente a la maquinaria represiva de la violencia y la censura, demostró que seguimos creyendo en el camino pacífico y democrático para construir el cambio. El 28 de julio quedó claro que no somos una sociedad polarizada, en la historia contemporánea del país nunca la diferencia había sido tan contundente: juntos, la ciudadanía sin adjetivos, la gran mayoría se expresó: ¡Venezuela exige cambio!, ¡Venezuela eligió su libertad! Venezuela toda es la gran defensora de su derecho a la dignidad, a la democracia y las libertades.

El próximo 10 de enero, toda persona comprometida con los principios fundamentales de la expresión popular, la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos tienen el compromiso de alzar la voz frente a un gobierno que intenta perpetuarse en el poder desconociendo estos principios fundamentales. La región y el mundo tiene el compromiso de defender las democracias frente a los autoritarismos.

En el Día de los Derechos Humanos apelamos al compromiso de las naciones, y de toda persona, del lado de la dignidad, a defender el derecho, a defender nuestro derecho a la Democracia. Que avancen, se normalicen y se perpetúen gobiernos en contra de los designios de sus pueblos es el peor retroceso desde la firma de la Declaración de las Naciones Unidas que hoy conmemoramos y un precedente oscuro para el futuro de cualquier nación y sobre todo de la región de las Américas.

Llamamos a la comunidad internacional a no ser indiferente. Venezuela necesita de la presión diplomática sostenida, una negociación auténtica que incluya a todos los sectores, y acciones concretas de los organismos de derechos humanos. Pedimos que se respete la voluntad popular expresada en la votación del 28 de julio y se reconozca la voluntad del pueblo venezolano.

Hoy día de los derechos humanos decenas de niños, mujeres, seguirán en injusta prisión, defensores de derechos humanos continuarán siendo perseguidos, encarcelados y millones de venezolanos huirán del país buscando libertad.

Quienes defendemos los derechos humanos reiteramos nuestro compromiso, seguiremos documentando, denunciando, y exigiendo justicia, verdad, no repetición.

La dignidad no se negocia, y la libertad es, además de un derecho humano, un propósito de vida. En cada rincón de Venezuela, y más allá de nuestras fronteras, los defensores de derechos humanos seguiremos luchando, porque el silencio y la normalización no es una opción: el silencio es cómplice de la tragedia.

Somos promotores de la esperanza, tenemos la convicción de que podemos cambiar y vamos a hacerlo. Los venezolanos no renunciamos a la democracia, ni a nuestra dignidad.

Hoy, más que nunca, insistimos: defender los derechos humanos es defender la esperanza democrática.

Comunicado de organizaciones de DDHH venezolanas, a propósito del Día de los DDHH: "Defender DDHH es defender la esperanza democrática" https://t.co/9ufNEqRzW7

Las autoridades venezolanas están cometiendo «violaciones generalizadas de los derechos humanos» contra manifestantes, transeúntes, opositores y críticos tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, denunció la ONG Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este miércoles.

«La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal», afirma Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, citada en el reporte sobre las presidenciales del 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude, y la crisis desatada desde entonces.

HRW «ha documentado que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como ‘colectivos’, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno», señala el documento, reseñado por AFP.

Tras el anuncio de la reelección de Maduro para un tercer mandato, estallaron en todo el país manifestaciones espontáneas, con un saldo de 27 muertos -dos de ellos militares- y 192 heridos, mientras que unas 2.400 personas fueron detenidas, según fuentes oficiales.

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«Pruebas creíbles recogidas por Human Rights Watch implican a las fuerzas de seguridad, incluyendo la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en varios asesinatos. En otros casos, los responsables parecen ser grupos de ‘colectivos'», añade el informe.

Para la oenegé, esos grupos armados progubernamentales «llevan años intimidando y acosando a críticos e informando sobre ellos al gobierno, especialmente en las zonas populares».

«La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado», completa Goebertus.

Además, HRW instó a los gobiernos del mundo a «imponer sanciones individuales a los miembros de las fuerzas de seguridad, ‘colectivos’, jueces y fiscales responsables de graves violaciones de derechos humanos».

La organización, que se mostró partidaria de verificar el detalle de los resultados electorales, pidió también «ampliar el acceso al refugio y a otras formas de protección internacional» para los venezolanos «que se ven forzados a abandonar su país».

Maduro, cuya victoria fue validada por el Tribunal Supremo el 22 de agosto, fue declarado vencedor con el 52% de los votos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no ha difundido las actas electorales como obliga la ley, alegando ser víctima de un ataque informático.

La oposición encabezada por la líder María Corina Machado publicó lo que define como copias de las actas de votación y afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo más del 60% de los sufragios.

Gran parte de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, no reconoce la reelección de Maduro y rechaza una orden de arresto dictada el lunes contra el candidato opositor.

 La Asamblea Nacional (AN) aprobó este miércoles, en segunda discusión, la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación a víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. El objetivo de la norma es «dar cumplimiento a la asistencia jurídica y humanitaria a quienes hayan sufrido violaciones de sus principios fundamentales».

No obstante, en el articulado de la Ley surgen elementos que podrían hacer dudar de la independencia de la instancia que se crea.

En primer lugar, porque esa comisión va a depender de los recursos que le asigne el Ejecutivo, además otros ingresos.

«El patrimonio de la Comisión (…) estará constituido por: Los recursos que le sean asignados presupuestariamente para el Ejercicio Fiscal correspondiente y los recursos extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional.

Los bienes que, para el cumplimiento de sus fines, le sean transferidos por la República o sus entes. Las donaciones que se hagan a su favor. Cualquier otro ingreso permitido por la ley», señala el artículo 14 de la norma.

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Cabe aclarar que el artículo 11 de la norma dice que «los integrantes de la Comisión desempeñarán sus funciones de Estado con carácter ad honorem». Esto sin perjuicio de las dietas que correspondan por su participación en las actividades de la Comisión».

También llama la atención que los miembros de esta comisión, según el mismo dispositivo, «gozarán de inmunidad y demás prerrogativas en el ejercicio de sus funciones». La tendrán «desde su juramentación y hasta seis meses siguientes a la conclusión de su mandato».

Tampoco están «obligados a declarar, tanto en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos». Esto, en relación con «las actuaciones realizadas en el cumplimiento del mandato atribuido a la Comisión».

Por otra parte, el artículo 17 destaca que los integrantes de la comisión tienen acceso a todo tipo de información reservada o no. Aunque están obligados a respetar esa reserva y no divulgar nada de los casos que investiga.

«La Comisión o su Secretaría Ejecutiva podrán acceder a toda la información y documentación contenida en informes, expedientes y documentos de cualquier índole». Solo hace falta que esa información «se requiera en el marco de sus funciones, sin que sea posible oponer reserva alguna».

Dice que «los servidores públicos están obligados a permitir y a suministrar, en forma preferente y urgente, las copias de todo documento solicitado por la Comisión o su Secretaría Ejecutiva. Cuando por disposición legal la información solicitada deba mantenerse en reserva, la Comisión quedará obligada a mantener la reserva». No puede «difundir o hacer pública la información, sirviéndole únicamente como elemento para cumplir con su mandato».

Y establece que «la negativa de la servidora pública o servidor público a permitir el acceso y suministrar la información requerida por la Comisión será considerada como causal de destitución».

El fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó este miércoles que hasta la fecha; condenaron a 210 funcionarios de seguridad del Estado por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

“Se ha logrado una importante cifra de 210 funcionarios policiales y militares; agentes del Estado, que lamentablemente cometieron violaciones a derechos humanos”, señaló durante una rueda de prensa.

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Asimismo, detalló que su despacho ejecutó la imputación de: “820 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos; 40 particulares indiciados como colaboradores inmediatos; de los cuales condenaron a 210 por los tribunales”.

Saab se refirió al homicidio de David Vallenilla, joven asesinado durante las protestas de 2017. Recordó que por el hecho condenaron, el pasado 22 de octubre, al funcionario de la aviación Arli Méndez a 23 años prisión; acusado de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica, reseñó Noticiero Digital.

Asimismo precisó que imputaron a los presuntos responsables de la muerte del concejal opositor Fernando Albán, en octubre de 2018.

“En el caso del sistema de Justicia venezolano, la lucha contra la impunidad demuestra y revela que acá se investiga y se hace lo necesario”, concluyó Saab.

Cientos de denuncias en los últimos años evidencia la crisis en materia de Derechos Humanos que atraviesa Venezuela. Ante esto, el director de la Organización No Gubernamental (ONG), Provea, aseguró que el país vive su “peor” período de violaciones de derechos humanos en los últimos 30 años.

El medio digital, Infobae, detalló que Uzcátegui durante una premiación en la embajada de Francia en Caracas por el Día Internacional de los Derechos Humanos; aseveró que en estos momentos, Venezuela está en la peor situación de derechos humanos en los 33 años de existencia de Provea.

“No solamente por ausencia de democracia, sino por la crisis económica; la cual llevó a la pobreza a niveles desconocidos en los últimos 40 años”, indicó.

El director de Provea (Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos), resaltó los riesgos que corren los defensores de derechos humanos; especialmente los activistas locales con menos cobertura mediática que él.

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“Las autoridades no quieren que se sepan muchas cosas, que no sean visibles. Celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos con un compañero en la cárcel”, manifestó, al referirse a Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes.

Recordemos que el especialista en la zona fronteriza con Colombia y crítico de la administración de Nicolás Maduro, Tarazona lo detuvieron en julio; acusado de “terrorismo”.

“Este año tuvimos un logro triste, que es que la Corte Penal Internacional (CPI) haya iniciado una investigación sobre Venezuela”; por la represión de las protestas antigubernamentales de 2017 y los opositores que están en prisión, agregó.

“Hay autoridades que saben que los defensores (de derechos humanos) y quienes hemos acompañado a las víctimas, tenemos una gran responsabilidad en que eso se haya logrado y seguramente en algún momento querrán cobrar esa factura”.

Uzcátegui subrayó en particular que acusaron a Provea de “narcotráfico y blanqueo de capitales”; señalamientos que calificó de “delirantes”.

Sin embargo, el activista celebró que la acción de las ONG haya ayudado a la liberación de detenidos y a una actuación “menos represiva” de fuerzas policiales y militares ante manifestaciones en los últimos tiempos.

“Como otros países de la región han superado situaciones muy difíciles, los venezolanos también lo vamos a hacer”, aseveró.

Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro, niega violaciones sistemáticas de derechos humanos; asegurando en particular en el caso de la CPI que más de 150 efectivos policiales y militares han sido imputados por abusos desde 2017. Prueba de una voluntad real, según Caracas, de juzgar a los responsables de más de un centenar de muertes durante manifestaciones.