La ONG Sin Mordaza presentó este martes el balance anual de la situación de los derechos humanos en el país.

La conclusión es aterradora y confirma la reciente denuncia de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, acerca de que en Venezuela hay una persistente violación de los DD.HH. en todos sus ámbitos.

En el caso de las violaciones a la libertad de expresión e información, Sin Mordaza contabilizó 12 casaos de detenciones arbitrarias contra periodistas y particulares.

En el último año se registraron 89 casos contra canales de TV y medios impresos, además de 97 amenazas y 11 bloqueos a páginas web.

«El estado usa el bloqueo y las amenazas para que los ciudadanos no accedan a la información», señala el informe.

El derecho a la salud también ha sido uno de los más vulnerados. Solo en un año hubo 218 muertes en hospitales públicos por fallas en los equipos médicos por falta de electricidad.

A ello se suma la fata de insumos, los bajos salarios del personal y las fallas en la infraestructura.

#3Oct ⚕️ 10% DE CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LOS HOSPITALES La ONG @Sinmordaza ha registrado 218 muertes por fallas en el equipo médico y electricidad en noviembre de 2022. ?️ Más en ??https://t.co/CF7ETGfizx pic.twitter.com/2hmOYp4Mut

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En el informe, la ONG igualmente destaca que ha arreciado el deterioro del medio ambiente y el derecho a contar con un hábitat salo.

En este sentido, reporta la destrucción de 5.134.000 de hectáreas en 5 áreas que se supone deben estar protegidas.

Asi, la organización calculó que hay 1.781 puntos de minería ilegal, cercanos a las cuencas de varios ríos.

A ello se le suman 86 derrames petroleros con la consecuente afectación de la flora y la fauna.

La educación es otro derecho en el cual el Estado venezolano sale reprobado, según la investigación de esta organización que determinó graves fallas en la calidad educativa, por fallas en la en infraestructura, los servicios y falta de inversión.

Igualmente, hay una disminución drástica en cuando a la inversión en ciencia y tecnología, lo cual impacta directamente en la calidad de la educación.

#3Oct ? "VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN VENEZUELA" La ONG @Sinmordaza denunció que el sistema educativo en Venezuela presencia carencias de infraestructura?️ Más ??https://t.co/CF7ETGfizx pic.twitter.com/FPBJua6vbh

Por otro lado, se ha determinado otra violación a un derecho universal como es la libre asociación.

En este ámbito, la ONG habla de que al menos 114 personas fueron reprimidas y 35 detenidas en el marco de las protestas en demanda de los derechos laborales en el 2022.

De esos casos destaca la reciente condena a más de 16 años de cárcel contra seis sindicalistas acusados de terrorismo, cuando protestaban por mejoras salariales.

#3Oct ?️ "VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBRE ASOCIACIÓN EN VENEZUELA" Al menos 114 personas fueron reprimidas y 35 detenidas en el marco de las protestas en demanda a los derechos laborales en el 2022, denunció la ONG @Sinmordaza ?️ Más ??https://t.co/CF7ETGfizx pic.twitter.com/NtaayGk3qf

Para Miguel Pizarro, la contundencia del informe de la ONU sobre Venezuela es total. Lo que diferencia este documentos de otros emitidos por la organización es que establece responsabilidades directas en los crímenes cometidos por el régimen, desde el 2014. Se refirió expresamente a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Néstor Reverol, quienes ordenaron que se cometieran esos delitos.

“La afirmación de que hay indicios suficientes para presumir que Maduro, Reverol y Padrino, eran parte de todas las decisiones de allanamientos y desapariciones forzadas», dijo Pizarro, tras la publicación del informe de más de 400 páginas.

Agregó que ellos también estaban tras «las torturas e interrogatorios con tratos crueles e inhumanos que ordenaron». Esto, a su juicio, «abre la puerta a la investigación de tipo penal en los organismos internacionales y de justicia universal”.

Pizarro destacó igualmente que se trata «un procedimiento especial, independiente y que no está bajo la rectoría de la alta comisionada. Hay un grupo especial de investigadores».

Dijo que la semana que viene será la demostración más importante. Se conocerán las consideraciones de los estados miembros sobre el informe. Al respecto, explicó que se podrían plantear dos escenarios.

«Uno es que este informe va a ser motivo de un diálogo interactivo entre los expertos de la misión y los países miembros del Consejo de DD.HH. Y dos, la votación de la resolución que renueva los mandatos para que la misión pueda seguir su trabajo y profundizarlo”, explicó.

Pizarro destacó que, por sobre todo, el documento mantiene la constante de que en Venezuela «la violación de los Derechos Humanos es una política de Estado». Allí, la responsabilidad recae en Nicolás Maduro, el Ministro de Interior y  funcionarios de las FAES, OLP, DGCIM y Sebin.

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Pizarro explicó que «hay una orden denominada código 80 que es la luz verde para disparar a matar y asesinar. Esta es una luz verde que en el informe se narra como parte de la cadena de mando de las Faes y las acciones de la OLP».

Enfatizó que «esto quiere decir que el asesinato extrajudicial no es solamente un abuso individual del funcionario que está en el terreno del momento. No es un abuso del operativo. Es una parte de una de una estructura de la lógica del despliegue y de la cadena de mando”.

Para el comisionado resalta la recomendación a la Corte Penal Internacional, para que profundice su investigación. «Ante la ausencia de buena investigación de la CPI,  este tipo de investigaciones, pormenorizadas y detalladas, ayudan a sustanciar los expedientes. Hacen que la CPI se mueva”.

Resaltó además, la exhortación a que los países determinen «la responsabilidad penal y el enjuiciamiento de las personas señaladas en la cadena de mando y decisiones».

“Esto permite que vayamos más allá del tema diplomático o económico de las sanciones. Permite escalar y que las investigaciones y acusaciones tengan ahora un fundamento y una investigación penal y de delitos contra la humanidad”.

Por último Pizarro indicó que este informe grafica  el patrón y la conducta del Estado en los últimos años.»Hace una radiografía más clara del tipo de régimen que tiene el país  y cuáles son las herramientas que los mantienen en el poder».

“Maduro y el régimen en general, es una dictadura de nuevo tipo que apalanca su  poder en el uso de la represión. Abusa de las instituciones y organismos de seguridad», expresó.

También alertó que «no tenemos ninguna esperanza de que esas recomendaciones sean acatadas por Maduro. Tenemos muy claro que parte de las razones que nos llevan a luchar por el cambio político en Venezuela están sustentadas en esta violación de DD.HH. y en la emergencia humanitaria”.

RUEDA DE PRENSA – Declaraciones sobre la presentación del informe de la Misión de Determinación de los Hechos establecida por el Consejo de DDHHv https://t.co/FkLHl5DRWr

Si algo hizo el chavismo al llegar al poder fue «decir» que se diferenciaban de la «Cuarta República» porque no se manchaba las manos de sangre. Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro no duda en aplicar la táctica de los asesinatos o desapariciones forzosas contra sus propios militantes.

Así lo afirma la periodista Sebastiana Barráez. Ella hizo un resumen de los casos que, al parecer, muestran que no hay diferencia entre la Cuarta y la Quinta, en aquello acabar con el adversario, como sea.

Barráez menciona que el 22 de agosto Maduro dice públicamente: “Que nadie se confunda. Que nadie se convierta en tonto útil del divisionismo, que quiere disgregar la revolución bolivariana. Que nadie sea tonto útil del divisionismo».

Asegura la comunicadora que esta amenaza velada cayó mal entre los chavistas. Sobre todo en aquellos que se han atrevido a denunciar corrupción. Esos que provienen de sectores populares y pasan trabajo. O aquellos que buscan montar tiendas separadas del Psuv, para las elecciones del 6 de diciembre.

Barráez señala que «no hay nada que mitigue la crítica situación de esos sectores pobres, base de la revolución». Mientras «es evidente la grosera riqueza de los jerarcas del chavismo. Del oro que brota a borbotones para mantener a rusos e iraníes, a la par que se anuncia la compra de armamento».

Agrega que esa militancia también observa «el movimiento de millones dólares en el Banco Central de Venezuela (BCV). Además de la enorme cantidad de dinero desplegado para la defensa de Alex Saab preso en Cabo Verde».

La especialistas destaca uno de los primeros casos. «Desde que Alcedo Mora desapareció el 27 de febrero de 2015, junto con los hermanos Jesús Esneider y Eliezer Antonio Vergel Medina, la lucha de sus compañeros más cercanos y amigos ha sido tenaz. Más aún por no contar con el apoyo de los cuerpos de seguridad ni del Ministerio Público o Defensoría del Pueblo».

Durante estos cinco años no hubo mención alguna por los más altos líderes del chavismo o la revolución sobre ese caso.

Ahora se ha desatado una serie de hechos que ponen bajo la lupa que algo podría estar ocurriendo con aquellos líderes que han manifestado alguna crítica.

José Carmelo Bislick Acosta murió hace poco. Este líder de la revolución en Guiria, quien fue asesinado luego de ser secuestrado de su casa. Lo hicieron frente a varios miembros de la familia. Él venía realizando denuncias por contrabando de combustible y narcotráfico en en el estado Sucre.

Carlos Lanz, hermano del intelectual de izquierda Rigoberto Lanz, podría ser uno de esos casos. Su hijo, Alex Lanz narra que su padre salió de su casa el 8 de agosto 2020. Desde entonces nada se ha sabido de él. Tarek William Saab dijo que las investigaciones de inteligencia están en desarrollo.

La desaparición de Carlos Lanz fue tendencia en redes sociales. Pero no ha habido pronunciamiento alguno por parte de las más altas figuras de la revolución.

Miguel Mejía, mejor conocido como “Sancocho Power”, era un dirigente de la juventud PSUV. Fue asesinado, el 20 de agosto, 2020, por asfixia mecánica y encontrado en su domicilio en Sabana Grande, en plena Caracas, donde había estado compartiendo la tarde con dos amigas. Era grafitero. Se identifica en twitter como “luchador social, comisionado presidencial para la paz y la vida, hijos de Chávez”.

Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres. A los dos jóvenes comunicadores comunitarios los asesinó la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). Todo ocurrió en la sede del canal Guacamaya TV, ubicado en Cabimas estado Zulia. Los funcionarios después de asesinar a los dos jóvenes decomisaron todos los equipos televisivos . En el informe del caso dijeron que fue un enfrentamiento y que Nieves pertenecía a una banda delictiva.

A Giovanni Urbaneja lo detuvieron el 20 de agosto de 2020, en la población de El Tigre, estado Anzoátegui. Creo la Fundación Socialista de Integración del Sur (Fundisur). Lo apresaron por instigación al odio y por hablar contra Maduro en sus redes sociales.

A Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, activistas de la revolución y trabajadores de PDVSA, los detuvo la DGCIM el 28 de febrero 2020. El ministro Néstor Reverol dijo que eran traidores a la patria y que estaban pasando información a los Estados Unidos.

Este jueves se concretó la creación del Observatorio de Derechos Humanos en la Asamblea Nacional, el cual había sido aprobado en el mes de junio, informó la diputada Adriana Pichardo.

Dijo que se trata de una “tarea indispensable para aplicación de justicia, la reparación y la garantía de no repetición, que merecen y reclaman las víctimas de violación de derechos humanos”.

La finalidad de la instancia es «monitorear, documentar y seguir las violaciones de los derechos civiles y políticos por parte del régimen en Venezuela (…) dado el contexto de persecución de la disidencia política este observatorio tiene el objetivo de generar un espacio de encuentro entre la sociedad civil, las distintas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos y la Asamblea Nacional, para canalizar sus inquietudes y demandas», explicó.

Pichardo recordó que este observatorio seguirá el desarrollo de casos como el del diputado Gilber Caro, quien detenido desde diciembre de 2019. «Es víctima de un proceso forjado, donde han sido violadas todas las garantías del debido proceso, al extremo que a la fecha la jueza con competencia en Terrorismo, Hilda Villanueva, no ha juramentado a los abogados designados por el diputado como su defensa privada», argumentó.