Tres altos militares colombianos, sancionados por violar los derechos humanos, tienen prohibido entrar a los EE.UU.

La agencia EFE anunció esta noticia, que se está dando a conocer de acuerdo a lo planteado en un comunicado del Secretario de Estado del gobierno Biden.

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Antony Blinken, afirmó que tienen vetado el ingreso a USA los coroneles Pulido Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, y también el general Iván Ramírez; sus familiares tampoco son elegibles para entrar a EE.UU.

Estos altos oficiales fueron sancionados por varias violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado en Colombia

Una vez confirmada la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan a Venezuela, la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se mostró confiada en que las víctimas y ONG aporten información sobre violaciones de derechos humanos en el país.

A través de sus redes sociales recordó que gracias a sus denuncias en 2017; se logró consolidar la visita de Fiscal de la CPI Karim Khan.

Ortega Díaz asegura que será de mucha importancia que las víctimas de crímenes de lesa humanidad que pueden hacerle revelaciones importantes sobre violaciones derechos humanos al Fiscal de la CPI.

También consideró vital el papel de las Organización No Gubernamentales (ONG) en el proceso de aportar información a la CPI para poder vencer las mentiras de la administración de Maduro.

Tras mi denuncia en 2017, es un hecho la visita del fiscal de la @IntlCrimCourt a Venezuela. Sabemos que la autocracia le mentirá a @KarimKhanQC, pero en el país hay ONGs y víctimas de crímenes de lesa humanidad que pueden hacerle revelaciones importantes sobre violaciones DDHH https://t.co/pkZSNehC2U

La CPI confirmó este lunes que entre 25 de octubre y el 3 de noviembre de 2021 el Fiscal Karim  Khan, realizará una misión de diez días a América Latina, que incluirá visitas oficiales a Colombia y Venezuela.

La gira a la región parte de las reuniones productivas que el Fiscal ya ha celebrado, tanto en persona como virtualmente, con diversos interesados en relación con las dos situaciones.

Se estima que celebre reuniones con distintos interesados, en particular reuniones de alto nivel con las autoridades, el poder judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales.

Destaca el sitio oficial de la CPI que estas visitas reflejan la voluntad del Fiscal Khan de intensificar las relaciones directas con la región y explorar vías de cooperación en consonancia con el principio de complementariedad.

El activista de DD.HH., Humberto Prado, presentó un balance sobre la situación de Venezuela en esa materia. Informó que durante el 2020 las FAES ejecutaron a 525 personas, 125 de ellas aún están por identificar.

«Existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos», dijo Prado. Y aseguró que esto se debe «a la militarización de la seguridad ciudadana.

Dijo que la cantidad de ejecuciones del 2020 se suman a a las 2.500 registradas por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Durante la reunión de la Comisión Delegada de la AN de Juan Guaidó, dijo que el año pasado hubo más de 100 detenciones arbitrarias. Destacó que 69% de las detenciones se produjeron contra trabajadores de la prensa. De ellas 31% acompañadas de procesos judiciales.

Humberto Prado indicó que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se violaron en el 2020 en el contexto de la pandemia. «Al menos 79,3% de la población no tiene suficiente poder adquisitivo para cubrir la canasta básica. 96% de los hogares están en situación de pobreza y 79% en pobreza extrema».

«Solo 13% de la población tiene agua potable de forma ininterrumpida. En cuanto a la alimentación, 27% de los venezolanos se encuentra en estado de mendicidad. Mientras 42% de los hogares tuvieron que rebuscar alimentos en la calle. Otro 35% consumió alimentos que preferirían no haber comido».

Además, la canasta básica ronda los $300 dólares americanos, lo que equivale a 230 salarios mínimos.

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En cuanto a grupos en situación de vulnerabilidad, aseguró que los trabajadores de la salud son los más afectados. «297 trabajadores de la salud fallecieron por COVID-19 hasta diciembre del año 2020. Es de destacar que Venezuela ostenta la cifra de mortalidad más alta de la región de trabajadores de la salud. La mayoría son mujeres».

Prado documentó un total de 212 femicidios en el país, además de otros 56 que se reportaron en el extranjero. La ONG de Prado hizo un estudio. «Discriminación estructural y violencia de género en Venezuela hasta agosto del año 2020». El mismo arrojó que 86,4% de mujeres encuestadas reporta que siempre o casi siempre fuer víctima de acoso sexual.

Al mismo tiempo, destacó que cerca de 10 millones de mujeres están afectadas por la falta de acceso a anticonceptivos. Esto ocurre por el costo o por escasez. “Esto afecta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, resaltó.

Sobre las personas privadas de libertad, confirmó que ocurrieron al menos 299 ejecuciones extrajudiciales en el 2020 en cárceles nacionales. Además, el 61% de las muertes estuvieron asociadas a violencia policial. Mientras que 33% de muertes ocurrieron debido a desnutrición y condiciones de salud.

En relación con la comunidad LGBTI, la oficina confirmó que hasta el año 2017, 109 personas habían sido asesinadas debido a su orientación sexual y para el año 2020 se confirmó que hay cerca de 6.000 familias LGBTI que requiere protección legal y no la tienen. Apuntó que permanecen vigentes muchas leyes que promueven la discriminación en contra de este grupo de personas.

La diputada saliente de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, reiteró que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad y no hay justicia interna, por lo que pidió la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI).

“No es cierto que se esté haciendo justicia en Venezuela… Tenemos la intención clara y directa que se sepa que la falta de justicia en Venezuela se mantiene, que solo se trata de burlar la jurisdicción de la CPI señalando que hay algunos autores materiales en la cárcel, cuando el mando está impune en Venezuela”, expresó en rueda de prensa.

En este sentido, ratificó la importancia de que la CPI continúe con el proceso y abra la investigación definitiva y el procedimiento a juicio “porque en el país no hay posibilidad de hacer justicia”.

Aclaró que han remitido todas las pruebas donde queda evidenciada la violación a los derechos humanos, sustentado por declaraciones de centenares de víctimas.

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Solórzano además cuestionó que el líder del chavismo declare ante la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga estos presuntos delitos a los derechos humanos cometidos en el país.

“Es evidente que Nicolás Maduro pretende limpiar su cara, limpiar su rostro declarando ante la CPI. Esto debería darle vergüenza a quienes lo van a escuchar”, sostuvo la defensora de los DDHH.

La también presidenta de Encuentro Ciudadano, informó que sostuvo una reunión hoy con el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en compañía de una víctima.

De la cual reservó su identidad y solo adelantó que hubo una actualización de la situación de las desapariciones forzadas en el país.

El comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, presentó este lunes el informe “Venezuela, entre la oscuridad y la esperanza”, el cual describe la violación de los DD.HH del régimen contra los venezolanos, entre ellos, los privados de libertad.

“Al menos 149 privados de libertad murieron en centros de detención preventiva de 15 estados monitoreados y el hacinamiento en los centros de detención preventiva incrementó 500%”, denunció.

Enfatizó que el 2019 se caracterizó por «una marcada agudización de conflicto político y crisis social en Venezuela, donde los derechos fundamentales de la población fueron fuertemente vulnerados».

En este sentido, destacó la persecución contra los medios de comunicación, periodistas, parlamentarios, funcionarios de seguridad y todo ciudadano que no coincide con la ideología del régimen de Nicolás Maduro.

Sobre la situación de los parlamentarios, detalló que  “18 diputados han denunciado hostigamiento y persecución, 33 han sido exiliados, se contabilizaron 4 refugiados en embajadas, 5 en la clandestinidad y 14 fueron despojados de su pasaporte”.

En cuanto a la actuación de las FAES, ratificó que es «el grupo de exterminio de la dictadura», cuyos funcionarios » tuvieron una alarmante actuación en el 2019 debido a que, entre enero y mayo, se contabilizó que 1.560 personas fueron asesinadas bajo el calificativo de resistencia a la autoridad”.

También hizo un reporte de la baja calidad de los servicios como agua y electricidad, entre otros, lo que también constituye una violación de los DD.HH.

“En cifras, al menos 4.3 millones de venezolanos no tienen acceso al agua potable de calidad y en casi todos los estados del territorio nacional existen racionamientos eléctricos o  apagones prolongados”, lamentó.

El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, denunció este lunes que el régimen de Nicolás Maduro no acató ninguna de las recomendaciones que desde el año pasado hizo la Alta Comisionada para los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet, por el contrario, las violaciones a estos derechos han arreciado.

«Tenemos que agradecer que en Venezuela haya una comisión de las Naciones Unidas», pero, lamentablemente, «la creación de la oficina del Alto Comisionado en el país no ha sido posible, solo hay tres representantes, cuya su acción es muy limitada», denunció Prado.

«Es importante la constitución de esa oficina para que realice la tarea encomendada por la alta comisionada», agregó Prado, durante la presentación del informe “Contumacia Institucional: a un año del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela”.

Prado recordó que Bachellet, por ejemplo, pidió «agotar las vías para el acceso de la población a los alimentos, agua y medicamentos». Sin embargo, recordó que gran parte de las «protestas que hubo el año pasado fueron para reclamar por la falta de servicios, principalmente de agua y electricidad», lo cual demuestra que las peticiones de la funcionaria de la ONU no fueron escuchadas.

Torturas, detenciones y ejecuciones

Sobre la tortura, violaciones a los DD.HH, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, el informe de Bachelet fue contundente, en cuanto a que que cesen estas prácticas y sobre todo pidió la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

En este sentido, Prado remarcó que en el país sigue habiendo gran cantidad de denuncias contra las actuaciones de esas fuerzas y los representantes de la ONU han documentado estos delitos.

«Es un tema muy delicado, porque las Faes siguen actuando. A estas fuerzas se le atribuyen 972 ejecuciones extrajudiciales. En cualquier país del mundo esto tiene que llamar la atención, pero en Venezuela se siguen presentando estos delitos», aseveró.

«La alta comisionada pidió que se disuelvan las Faes y que se investiguen las ejecuciones, para que los responsables rindan cuentas y las víctimas sean reparadas, lo cual no se ha cumplido. Se han dado casos excepcionales, como el del asesinato del escolta de Iris Varela, los demás casos han sido invisibilizados», denunció Prado.

«Este fenómeno es particularmente grave si se tiene en cuenta que muchas de las recomendaciones no acarreaban complicaciones administrativas importantes, por el contrario, la disolución de la Faes es algo que se ha podido ejecutar», agregó.

Otro punto importante del informe de la alta comisionada se refiere a la exigencia de liberación de los presos políticos. «Bachelet pidió que libere a los presos políticos y paren las detenciones arbitrarias, pero esto tampoco se ha cumplido. El grupo de la ONU contra las detenciones arbitrarias se ha pronunciado en torno a varios casos, como el de Juan Requesens y Gilber Caro, pero el régimen ha hecho caso omiso de esas peticiones», subrayó el comisionado.

«Han aumentado las detenciones arbitrarias y las medidas cautelares que impiden a los detenidos hablar y salir del país», alertó.

Hizo un comentario aparte sobre la situación de los medios de comunicación y los periodistas, a quienes se les pretende intimidar por cumplir con su deber de informar.

Sobre la petición de «garantizar la imparcialidad de la Fiscalía y de la Defensoría, tampoco se ha acatado, al contrario, estas instituciones han incrementado la persecución», lamentó.

Hermelinda Daza, madre de Luis Martínez Daza, suplica ayuda para su hijo quien es un preso político del régimen de Nicolás Maduro y necesita ser atendido con urgencia, ya que padece cáncer de colon.

La mujer pide ayuda a través de un vídeo. Su hijo, sufre de dolores terribles en los riñones e inflamación en sus genitales.

La defensora de derechos humanos, Támara Suju, informó que Martínez orina color negro. “Temen por su vida, esto es tortura”, denunció.

#Venezuela. Hermelinda Daza, madre del preso político Luis Martinez Daza, pide medida Humanitaria para su hijo, q tiene Cancer de Colon Nivel 3, esta orinando negro, dolor d riñones e hinchazón. LUIS debe recibir atención URGENTE d un Especialista! Temen x su vida.Esto es Tortura pic.twitter.com/EX5lVnR6aG

Martínez Daza, fue aprehendido el 30 de julio de 2019 por el mismo caso del capitán Rafael Acosta Arévalo. Los uniformados se lo llevaron detenido porque buscaban a su hermano.

Hay que recordar que el 28 de julio del 2019, Acosta Arévalo fue llevado a tribunales y presentaba graves signos de tortura que horas después lo llevaron a la muerte.