Miembros de la oposición denunciaron este martes las maniobras de la administración de Nicolás Maduro para seguir violando el derecho a la libertad de expresión, a través del cierre masivo de emisoras de radio y de la eventual reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte).

Destacaron que a lo largo de estos más de 22 años de chavismo, se «cubanizaron» los medios de comunicación, ahogándolos de distintas formas, atentando contra la libertad de información, como la intimidación y la censura.

En este sentido, el dirigente Richard Blanco (ABP) alertó que ahora la Asamblea Nacional (AN) pretende reformar la Ley Resorte, otra vez, para seguir callando las protestas por las fallas en los servicios y la crisis económica.

Lo hizo en referencia a las recientes declaraciones de miembros de la AN de Maduro donde se anunció la reforma de la Ley Resorte «para controlar las redes sociales».

“La dictadura feroz se mete con los medios de comunicación, porque simplemente la protesta que ocurre en las calles por las deficiencias de los servicios de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, internet y aseo urbano», dijo.

Agregó que el madurismo no quiere que se refleje «la deplorable situación económica; destrucción de los hospitales, entre otros problemas. Los medios han sido una amenaza y no les interesa que se haga pública esta información ante la opinión nacional e internacional”, fustigó Blanco.

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Entre tanto, Macario González (VP), denunció que la hegemonía comunicacional en Venezuela, ha sido orientada por los cubanos.

“La hegemonía comunicacional madurista y chavista, ha tenido como objetivo adueñarse de todos los medios de comunicación, para que la alternativa política no tenga opción y sea apabullada, como ocurre en nuestro caso, por los medios de comunicación del estado que están secuestrados por el régimen y prestan servicio exclusivamente a la cúpula del régimen encabezada por Maduro y Diosdado Cabello”, alertó.

Lamentó que en Venezuela esté instaurado “el miedo en el gremio de la comunicación con la persecución, periodistas presos, medios expropiados y control de licencias de radioemisoras, con el objetivo de ponerlos a disposición de Nicolás Maduro».

En octubre de este año, el presidente de la Comisión de Medios de la AN, Juan Carlos Alemán dijo: “Se está trabajando una ley de redes sociales que pone a la vanguardia al país y lo pone a la par en el mundo”.

En entrevista con VTV, Alemán puso como ejemplo las legislaciones en países como España, Alemania, Ecuador y Argentina, donde hay legislaciones para «normar el uso de las redes sociales”.

Por otra parte, la ONG Espacio Público denunció esta semana que este año han cerrado 78 emisoras de radio en el país, a través procedimientos irregulares por parte de Conatel.

El primer mes de 2022 terminó con el registro de 24 casos que suman 57 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, reportó la ONG, Espacio Público.

Los hechos más frecuentes son: hostigamiento, intimidación, la censura y fallas en Internet. 70% de las víctimas resultaron ser periodistas y reporteros, señala la organización.

La ciudadanía en general es la segunda más afectada por las violaciones al derecho, con 20% de los casos. «Las restricciones de conexión a internet ocurrieron en varios estados del país. Los agresores más frecuentes continúan siendo, en su mayoría, las instituciones del Estado (36%), los cuerpos de seguridad (28%) y funcionarios (20%).

En comparación con enero del año pasado, registraron «un aumento de 90% de las violaciones del derecho a la libertad de expresión». Esto, «evidencia una política de Estado que constantemente limita la posibilidad de buscar, difundir o recibir información».

El 9 de enero, día de la repetición de elecciones en Barinas, Espacio Público registró 4 ataques contra periodistas y medios de comunicación: «La intimidación y la censura son los más repetidos y los principales victimarios El Plan República y la GNB».

Los efectivos impidieron el acceso a centros de votación a periodistas, a pesar de tener sus acreditaciones. Los funcionarios indicaron que estaba prohibido realizar la cobertura.

En otro centro electoral, obligaron al corresponsal de Radio Fe y Alegría, José Leonel Gutiérrez, a borrar las fotografías que tomó durante la cobertura electoral.

En entrevista a Espacio Público, el periodista explicó que los efectivos lo obligaron a borrar el material y luego le quitaron el teléfono. Lo hicieron para verificar que la documentación que había realizado ya no estuviera en su equipo.

Luego, el 26 de enero fecha designada para la recolección de firmas, con miras a la activación del Referendo Revocatorio, a varios comunicadores los amedrentaron y hostigaron.

A un periodista lo agredieron sujetos desconocidos en el centro de Caracas; lo acusaron de “palangrista” y le robaron sus equipos de trabajo.

Al periodista Jesús Rey, un guardaespaldas del alcalde Rafael Torrealba le exigió que borrara el material fotográfico sobre la recolección de firmas en la plaza Bolívar de Acarigua, en el estado Portuguesa.

Un militar impidió que las periodistas Yelitza Figueroa de Crónica Uno, y Andreína Ramos de VPI TV, hicieran cobertura sobre la recolección de firmas.

Estas acciones ocurrieron luego de que durante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por los Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Los países recomendaron al Estado venezolano que respetara la libertad de expresión, prensa y asociación.

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Los altos funcionarios del gobierno han utilizado los medios y recursos del Estado para hostigar y amenazar a medios de comunicación. También a los ciudadanos y periodistas sin consecuencias e impunemente.

Este es el caso de Roberto Deniz, que ha sido constantemente hostigado a través de las redes sociales por cuentas adeptas al chavismo. A esta campaña se han sumado los usuarios de figuras del oficialismo como las de Pedro Karvajalino, conductor de VTV. A él se añade Zurda Konducta, programa de opinión de VTV, Esteban Trapiello, vinculado al chavismo y Lucía Eugenia Córdova, periodista.

Anterior a este hecho, Esteban Trapiello hostigó e intimidó a través de sus redes sociales a por lo menos una decena de periodistas.

Trapiello les calificó como «ladrones» y les acusó de recibir altas sumas de dinero provenientes de Juan Guaidó.

Tras las publicaciones, el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, diferentes cuentas asociadas a funcionarios del chavismo, se sumaron al hostigamiento.

Por otra parte, 45% de los casos que restringieron el derecho a la libertad de expresión durante este mes corresponden a fallas de internet.

El 6 de enero una falla eléctrica dejó sin conectividad a los usuarios de Digitel y de la estatal Cantv por más de cinco horas. Entre los estados afectados estuvieron Miranda, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Nueva Esparta, Mérida, Táchira, Zulia y el Distrito Capital.

Días después, el 11 de enero, habitantes de Guayana, Mérida y Maturín reportaron caída del servicio de internet ABA también de Cantv.

El martes 19, fluctuaciones en el sistema eléctrico dejaron sin acceso a la red a las regiones Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, Lara y Portuguesa.

Un día después, el observatorio de internet, Ve Sin Filtro, informó sobre una grave caída de conexión entre las 4:20 y 8:30 a.m. en los estados Táchira y Mérida. Los niveles de conectividad cayeron a menos del 20% de sus valores normales en ambos estados y a nivel nacional la conexión bajó a un 86%.

Los problemas eléctricos dejaron sin internet a los estados Falcón, Zulia y Mérida una semana después, y el domingo 30 un apagón en el occidente del país generó una caída de conexión a internet en varias regiones, siendo las más afectadas Barinas, Táchira y Trujillo.

La ONG Espacio Público determinó que para mayo de 2021, Venezuela acumula 189 violaciones a la libertad de expresión. Igual que el año pasado, las detenciones, cierre de medios y la intimidación es el día a día de la prensa venezolana.

De esas violaciones, destacan al menos 19 detenciones. «Los números evidencian una escalada en los niveles de violencia que buscan silenciar a los ciudadanos en el disfrute de su derecho a buscar, recibir y difundir información», dice la ONG en su reporte.

Solo en mayo hubo 36 violaciones a la libertad de expresión. «Resalta la intimidación, censura y amenazas. La mayoría de las víctimas son periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general. Los victimarios más frecuentes son los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios», señala.

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Impedir las coberturas es un patrón frecuente que dificulta la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener información veráz sobre lo que sucede en las calles.

El mes pasado, en el Zulia y en Caracas, colectivos pro-chavistas, armados, impidieron la cobertura de distintos medios. Los grupos arremetieron e intimidaron a reporteros que cubrían distintas protestas.

Por otro lado, se presentaron casos de censura. Un ejemplo es lo que ocurrió en Carabobo. El secretario de Gobierno, Jesús París, impidió que la prensa tomara declaraciones durante una protesta de maestros.

Por otra parte, las restricciones también ocurrieron por la falta de electricidad que afectó el servicio de Internet y, por ende, a portales informativos. Táchira, Guárico, Aragua, Carabobo, Distrito Capital y Miranda estuvieron entre los más afectados.

«Estas pérdidas de conexión implican la imposibilidad de acceder a la información, buscarla, o comunicarse a través del servicio que presta esta empresa del Estado, lo que afecta numerosos derechos humanos en un contexto de pandemia con cuarentena impuesta por el Gobierno», dice la ONG.

El embargo de la sede de El Nacional destacó en mayo. El Tribunal Cuarto del Área Metropolitana de Caracas ejecutó la medida sobre las instalaciones. Forma parte del pago de 13 millones de dólares «por daños morales» a Diosdado Cabello.

Una situación similar se vivió cuando tres miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerraron y confiscaron los equipos de la emisora Zeta 103.5 FM, en Ocumare del Tuy, estado Miranda.

El cierre de la edición impresa del diario El Tiempo de Puerto la Cruz, es un golpe a la prensa regional. Tras 60 años de distoria, el rotativo dejó de serlo, por falta de papel y de insumos.

«Situación que suma al estado a las otras 10 regiones sin periódicos:  entre esas: Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia.

A través de su cuenta en Instagram, el medio anunció que la decisión obedece por la crisis económica que atraviesa Venezuela y; por la falta de papel periódico.