El excandidato opositor Edmundo González denunció este lunes 31 de marzo el aumento de desapariciones forzadas en Venezuela, una práctica que, a su juicio, es utilizada para reprimir y silenciar a la oposición y la sociedad civil.

Así lo afirmó a través de su cuenta en la red social X, donde informó que sostuvo una reunión con Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), y el experto en derechos humanos Tomás Arias.

«Hoy sostuve una reunión con Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, y Tomás Arias, donde abordamos las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Sobre la base del próximo informe de @hrw, discutimos en profundidad el alarmante incremento de las desapariciones forzadas en los últimos meses”, escribió.

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González aseguró que las desapariciones implican detenciones arbitrarias y períodos de incomunicación, lo que representa una grave violación a los derechos fundamentales y genera un clima de miedo e impunidad en el país.

Expresó que las víctimas incluyen manifestantes, defensores de derechos humanos, opositores y periodistas.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció este viernes que las denuncias por violaciones a los derechos humanos han bajado en más de un 30%.

Estas declaraciones las ofreció en un encuentro que sostuvo con representantes del Ministerio Público en el estado Lara.

Saab también aprovechó para referirse a los casos de intrusismo en la medicina que se han denunciado en los últimos dos años.

«Personas valiéndose de una sagrada profesión como la medicina usurpan para cometer delitos», dijo, a la vez que emplazó a los afectados a denunciar las irregularidades que en este sentido consideren.

#15Sep ?️Desde #Barquisimeto, el Fiscal General de la República @TarekWiliamSaab anunció que las denuncias por violaciones a DD.HH. han bajado en más de un 30%, al tiempo que se refirió a los casos de intrusismo en la medicina que se han denunciado en los últimos dos años.Las… pic.twitter.com/VLQr9iSLZH

#TRABAJO… #realizamos #HOY una excelente #jornada en la Plaza Bolívar de Barquisimeto en el marco del programa EL MINISTERIO PÚBLICO VA A TU COMUNIDAD: allí #atendimos de manera personalizada -junto a 40Fiscales del @MinpublicoVEN– a 424 ciudadanos de nuestro pueblo #JUSTICIA pic.twitter.com/I1jEhktlp2

Recientemente Amnistía Internacional publicó el informe Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, que documentó los casos de nueve personas que se encuentran arbitrariamente detenidas en la actualidad.

“La evidencia demuestra que la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de derechos humanos siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad en Venezuela. Nuestro informe no sólo documenta las injustas detenciones de personas maestras, sindicalistas y defensoras de derechos humanos en el país, sino también la arbitrariedad en el sistema de justicia, condiciones de reclusión inhumanas y afectaciones a proyectos de vida que quedan impunes. Las detenciones arbitrarias no pueden continuar siendo una herramienta de represión y control social del gobierno,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en una nota de prensa.

Por otro lado, organizaciones como Provea y el Foro Penal denuncian violaciones permanente de los derechos humanos. Entre los últimos casos resalta la detención de seis sindicalistas acusados de terrorismo, sin pruebas contundentes, y la del estudiante universitario John Álvarez.

En apenas unos meses, la Asamblea Nacional (AN) chavista aprobó o reformó una docena de leyes relacionadas con el sistema de justicia, las cuales «no han servido, y muy probablemente no servirán, para cerrarles las puertas a las violaciones de derechos humanos en el país».

La información está contenida en un informe de la ONG Acceso a la Justicia que concluye que «la reforma de las leyes parte de la falsa premisa de que los problemas que generaron y generan crímenes de lesa humanidad y violaciones de DD.HH. en Venezuela se originan en la deficiencia normativa y no en la existencia de políticas públicas que los hacen posibles».

Además, advierte que «el problema no se resuelve con más normas, sino con voluntad, recursos y medios para aplicarlas».

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La organización analizó el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el Código Orgánico Penitenciario y Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), donde encontró «algunos puntos positivos».

Así como en las disposiciones de la Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública.

Entre los aspectos positivos de estas normas destaca «el levantamiento del veto a las organizaciones de derechos humanos para que puedan representar judicialmente a cualquier persona que haya sido víctima de vulneraciones a sus garantías fundamentales».

Igualmente, resalta «la desmilitarización de la custodia de los centros de reclusión o la prohibición expresa del juicio de los civiles ante los tribunales castrenses».

No obstante, en el reporte también se señala que «estas modificaciones por sí solas son insuficientes».

«Al depender la efectividad de los cambios realizados de una voluntad política por parte de las autoridades judiciales y administrativas, se pierde todo su efecto.Ninguna ley puede estar sujeta en su cumplimiento a la voluntad de algún funcionario», subraya.

Acceso a la Justicia cita ejemplos con nombre y apellido. Se trata de los casos del periodista Roland Carreño, el fotógrafo Carlos Germán Debiais García, los jubilados William Echarry y Ramón Blanco y el capitán retirado y abogado Juan Carlos Guillén.

«Aquí se demuestra cómo las reformas legales impulsadas por el oficialismo en los últimos meses no sirven para impedir el retardo procesal que aqueja al Poder Judicial. tampoco las detenciones arbitrarias, las violaciones al debido proceso y otras irregularidades tan arraigadas y frecuentes en el sistema de justicia venezolano», resalta el informe.

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En su investigación, Acceso a la Justicia expone que «las normas que se han reformado o dictado en protección de las víctimas de violaciones de DD.HH. no establecen la obligación de dar cuenta de las actuaciones realizadas ni implementan mecanismos de reparación».

La Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos Contra los Derechos Humanos, por ejemplo, tiene «amplios poderes de investigación (artículo 7)».

Sin embargo, la instancia solo puede «recomendar reformas y medidas orientadas al fortalecimiento del respeto y garantía de los derechos humanos y al mejor funcionamiento del sistema de justicia, haciendo seguimiento a su implementación”.

Y «no puede hacer memoria histórica de los casos de graves violaciones de derechos humanos. Tampoco puede hacer denuncias públicas de casos en los que se estén cometiendo estas violaciones, ni tampoco publicar los estudios que haga sobre sus causas. Esto se debe a que las actuaciones y los documentos de la Comisión “tendrán carácter reservado frente a terceros”.

En pocas palabras, «la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación no garantiza ni justicia ni reparación para las víctimas», enfatiza la ONG.

Entre tanto, la Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública, «no establece expresamente una prohibición a los servidores públicos para que no acaten ninguna orden que sea violatoria de las garantías fundamentales de cualquier venezolano».

La Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación y la Ley del Estatuto de la Función Policial, «solo otorgan potestades para recibir denuncias contra agentes policiales, pero no para imponer sanciones en caso de que consideren que incurrieron en alguna irregularidad».

«Estas nuevas unidades administrativas, se suman a las existentes en materia disciplinaria y no agregan elementos que brinden mayor transparencia e información», destaca la ONG.

Las reyes reformadas o aprobadas por la AN «parecen ser parte de una estrategia del Gobierno para bloquear las investigaciones por delitos de lesa humanidad que inició la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)», alerta el informe.

«Están destinadas a hacer creer a la CPI que hay voluntad política para atacar las causas de las violaciones de derechos humanos en el país», agrega.

Concluye que «a más de seis meses de la aprobación de algunas de ellas todavía se registran irregularidades, como demoras en las celebraciones de las audiencias, el incumplimiento de las boletas de excarcelación».

Además, «se continúa con la práctica de negar a los detenidos la posibilidad de informar a sus seres queridos sobre su situación en el tiempo previsto en la Constitución. Es decir, estas leyes forman parte de una estrategia para dar a entender internacionalmente que hay reformas para mejorar la situación de la administración de justicia en Venezuela, mientras a lo interno se mantienen los mecanismos de impunidad».

Al menos 944 violaciones al derecho a la libertad de expresión se suscitaron en Venezuela durante el 2020.

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, leyó un comunicado rechazando las acciones del régimen en contra de la prensa.

Guía dijo que entre las violaciones destaca las amenazas contra los periodistas que buscan difundir información sobre el colapso de servicios públicos y protestas ciudadanas.

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De esas protestas, se han suscitado 122 detenciones arbitrarias en su mayoría a periodistas, trabajadores de la prensa e infociudadanos.

Asimismo, indicó que se han cerrado desde año 2004 en Venezuela, 165 emisoras de radio, 18 canales de televisión y 42 medios impresos, según Espacio Público.

Ante esto el CNP alerta a los organismos nacionales e internacionales las reiteradas violaciones a los DDHH, al debido proceso y la libertad de prensa.

Venezuela se encuentra sometida a constantes violaciones de derechos humanos por parte de los organismos de seguridad al servicio del régimen de Nicolás Maduro.

Esta situación es denunciada constantemente por los defensores de DD.HH., quienes exigen investigaciones exhaustivas.

Juan Navarrete, defensor de DD.HH. concluye que investigaciones como La República que tortura, documental realizado por el medio de comunicación Tal Cual, son fundamentales.

Sobre todo para organismos internacionales, porque “ayudan a mostrar y demostrar cuáles son esas prácticas y cómo se vienen dando en Venezuela”.

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Destacó que contribuyen en la búsqueda de justicia y en la reparación a las víctimas y familiares de estas.

Este documental, expone una exhaustiva investigación que revela patrones de violaciones a derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad del régimen.

La cinta audiovisual, documenta casos de presos políticos y presos comunes. Historias narradas desde la indefensión.

Las voces que acompañan el material fueron víctimas del rostro torturador del Estado.

Por ello, Navarrete destacó este documental como una herramienta importante en todos los países víctimas de violación de derechos humanos.

Resaltó que lo documentales son vitales porque, “el tema de la memoria es importante”.

Por ello, adelantó que es ente documental se visualizan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante 21 años del régimen Chávez-Maduro.

El investigador, argumentó que en Venezuela  “hay un conjunto de reglas internacionales que se están violando abiertamente”.

Argumentó que por ello, actualmente esos responsables quedan  en evidencia con la última resolución de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda.

Juan Navarrete cuestionó que en Venezuela no se investiga la violación de los derechos humanos.

Insistió que en Venezuela existe una violación generalizada de derechos humanos que es reiterativa.

Incluso alertó que todas tienen un mismo patrón y una misma actitud, aclaró que el único aspecto diferenciador que tiene la violación a los derechos humanos en el país es:

“Si es un preso por razones políticas o por motivos de persecución; en términos de enfrentar la criminalidad y la violencia como era la conocida Operación de Liberación del Pueblo (OLP), los operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que abarcan al resto de la población”.

El defensor de DDHH Juan Navarrete concluye que investigaciones como estas son fundamentales ante los organismos internacionales.

Insistió que ayudan a demostrar  cuáles son esas prácticas y cómo se vienen dando en Venezuela.

Además de que contribuyen en la búsqueda de justicia y en la reparación a las víctimas y familiares de estas.

 Para las ONG defensoras de los Derechos Humanos en Venezuela, este 10 de diciembre no hay mucho que celebrar. En el día internacional de estas organizaciones, en el país aumenta la persecución y el hostigamiento contra estos activistas.

Incluso, estas acciones se incrementaron drásticamente con la implementación de las medidas de confinamiento por la COVID-19.

Un ejemplo de ello es lo que pasa Alimenta la Solidaridad. Esta organización a través de comedores, garantiza la alimentación de al menos 25.000 niños en todo el país. Recientemente le bloquearon sus cuentas y no puede recibir los ingresos que usa para alimentar a esos niños.

La parlamentaria Manuela Bolívar, sostiene que se está registrando un elemento de mayor “restricción y persecución”. Sobre todo a las ONG quee implementan programas humanitarios.

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“Hoy no hay garantía para quien implementa programas humanitarios. Es por ello que también hacemos un llamado a organizaciones de Naciones Unidas porque la emergencia humanitaria requiere autonomía y neutralidad. Se requiere protección a los actores humanitarios y muy especialmente a quienes están implementando este tipo de programas”, subrayó Bolívar.

En tanto, Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, destaca que cada vez se vuelve más complejo el panorama en Venezuela. “A inicios de este año allanaron nuestro centro de acopio. Al final tuvimos que dejarlo y de verdad nos han pasado cosas muy fuertes este año”, detalla, en entrevista para la VOA.

Recientemente Diosdado Cabello, amenazó con impulsar leyes que podrían prohibir el financiamiento a organizaciones gubernamentales a las que acusa de conspiración.

Se trata de una situación que, para muchos activistas, vaticina una ola de ataques contra defensores de derechos fundamentales.

Además, desde el mes pasado, la Superintendencia de Bancos ordenó a las entidades vigilar las cuentas de las ONG. LKa finalidad es, según la Sudeban, evitar el manejo de dinero de dudosa procedencia.