La ONG Utopix presentó este viernes su balance anual sobre femicidios en Venezuela, en el que reportó que al menos 155 mujeres fueron asesinadas durante 2025, cifra que representa una disminución respecto a los 188 casos registrados en 2024.

La organización advirtió que estos números constituyen un subregistro, ya que solo incluyen los casos reportados por medios de comunicación debido a la ausencia de estadísticas oficiales.

Del total de femicidios, 75 fueron íntimos, perpetrados por la pareja de la víctima, mientras que 22 correspondieron a bandas delictivas.

Aimee Zambrano, coordinadora del Monitor de Femicidios de Utopix, señaló que enero de 2025 mostró un menor número de casos publicados, lo cual podría estar relacionado con la cobertura de la crisis política del país, en medio de la toma de posesión de Nicolás Maduro tras su cuestionada reelección.

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El informe detalla que 46 de las víctimas eran madres, 11 estaban embarazadas, dos eran indígenas y otras dos mujeres trans. Además, 21 habían sido reportadas como desaparecidas antes de ser asesinadas.

En el extranjero, al menos 122 venezolanas fueron víctimas de femicidio, principalmente en Colombia (44 casos), Perú (21) y Ecuador (16).

Zambrano indicó que la mayoría de estos crímenes fueron cometidos por la pareja venezolana de la víctima, mientras que muchos otros ocurrieron a mujeres que intentaban escapar de redes de trata.

El balance también registró que 59 niños y adolescentes quedaron huérfanos, se documentaron 213 intentos frustrados de femicidio y 16 agresores contaban con antecedentes penales, incluidos cinco miembros de cuerpos de seguridad. Además, 43 crímenes se cometieron con armas de fuego.

La coordinadora reiteró la urgencia de implementar un plan estructural integral que involucre a todos los organismos del Estado para combatir esta violencia.

Con información de EFE.

La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las crisis que afecta a los derechos humanos más persistentes y menos atendidas del mundo. 

Según un informe de referencia publicado  por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y asociados de las Naciones Unidas, apenas se ha avanzado para ponerle fin en las dos últimas décadas.

Casi una de cada tres mujeres —unos 840 millones en todo el mundo— ha sufrido actos violentos por parte de su pareja o de carácter sexual a lo largo de su vida, una cifra que apenas ha variado desde el año 2000. 

Solo en los doce meses más recientes, 316 millones de mujeres —el 11 % de las mayores de 15 años— fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. La reducción de esta forma de violencia avanza muy lentamente: apenas un 0,2 % anual en los últimos veinte años.

Por primera vez, este informe incluye estimaciones nacionales y regionales de la violencia sexual perpetrada por personas que no son la pareja. El documento señala que 263 millones de mujeres han sufrido este tipo de violencia desde los 15 años, una cifra que, según advierten los especialistas, está muy por debajo de la real, debido al miedo y la estigmatización.

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Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, señala: «La violencia contra las mujeres es una de las injusticias más antiguas y extendidas de la humanidad, y aun así sigue siendo una de las que menos atención recibe. Ninguna sociedad puede considerarse justa, segura o saludable mientras la mitad de su población vive con miedo. Poner fin a esta violencia no consiste simplemente en aplicar políticas públicas: es una cuestión de dignidad, igualdad y derechos humanos. Detrás de las cifras hay mujeres y niñas cuyas vidas han cambiado para siempre. Es indispensable empoderarlas para lograr la paz, el desarrollo y la salud. Un mundo más seguro para las mujeres es un mundo mejor para todos».

El informe es el estudio más exhaustivo sobre la prevalencia de este problema. En él se actualizan las estimaciones realizadas en 2018 y publicadas en 2021, a partir de datos recopilados entre 2000 y 2023 en 168 países.

 Las conclusiones del informe muestran con claridad la magnitud de esta crisis gravemente desatendida y de la gran falta de financiación para hacerle frente.

A pesar de las pruebas cada vez más numerosas sobre estrategias eficaces de prevención, el informe advierte de que los recursos destinados a estas iniciativas se están reduciendo, justo cuando las emergencias humanitarias, los cambios tecnológicos y el aumento de la desigualdad socioeconómica incrementan aún más los riesgos para millones de mujeres y niñas. 

Por ejemplo, en 2022 solo el 0,2 % de la asistencia oficial para el desarrollo se destinó a programas de prevención de la violencia contra las mujeres, y la financiación ha seguido disminuyendo en 2025.

Muchas mujeres víctimas de violencia se quedan embarazadas sin desearlo y tienen un mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual y de padecer depresión. Los servicios de salud sexual y reproductiva son un punto de acceso fundamental para que reciban la atención de calidad que necesitan.

El informe pone de relieve que la violencia contra las mujeres empieza a edades muy tempranas y que los riesgos se mantienen a lo largo de toda la vida. Solo en los últimos doce meses, 12,5 millones de adolescentes de 15 a 19 años —el 16 %— han sido víctimas de violencia física, sexual o de ambos tipos por parte de su pareja.

Aunque estas formas de violencia están presentes en todos los países, afectan de forma desproporcionada a las mujeres que viven en los países menos desarrollados, en zonas de conflicto o en lugares especialmente vulnerables al clima. En Oceanía, por ejemplo (sin incluir Australia ni Nueva Zelanda), la prevalencia de la violencia de pareja en el último año alcanza el 38 %, más de tres veces la media mundial del 11 %.

Cada vez son más los países que recopilan datos para orientar sus políticas, pero siguen existiendo deficiencias importantes, especialmente en lo relativo a la violencia sexual ejercida por personas que no son la pareja, a los grupos marginados —como las mujeres indígenas, las migrantes y las que tienen una discapacidad—,  a las zonas donde hay precariedad y a los contextos humanitarios.

Allí donde ha habido voluntad política, se han logrado avances. Camboya, por ejemplo, está llevando a cabo un proyecto nacional para actualizar la legislación sobre violencia doméstica; mejorar la prestación y la calidad de los servicios, así como el acceso a ellos; rehabilitar los centros de acogida; y utilizar recursos digitales en escuelas y comunidades para promover la prevención, sobre todo entre los adolescentes.

Ecuador, Liberia, Trinidad y Tabago, y Uganda han elaborado planes de acción nacionales con presupuestos asignados. Las medidas legislativas y de promoción en estos países han contribuido a que se destinen recursos internos a esta cuestión, lo que refleja que el compromiso político es cada vez mayor en un momento en que disminuye la ayuda internacional.

Para impulsar los progresos a escala mundial y lograr cambios reales en la vida de las mujeres y niñas afectadas, el informe pide que los gobiernos actúen con decisión y destinen recursos a:

*Ampliar los programas de prevención, basándolos en las pruebas disponibles.*Reforzar los servicios de salud, asistencia jurídica y apoyo social a las víctimas.Invertir en sistemas de datos que permitan conocer los avances y atender a los grupos con mayor riesgo.

*Hacer cumplir las leyes y políticas que refuerzan la posición de las mujeres y las niñas.

El informe se ha presentado junto con la segunda edición de la publicación RESPECT Women: preventing violence against women, un marco de actuación que ofrece orientaciones actualizadas para prevenir la violencia, también en los contextos humanitarios.

«Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas exige valentía, compromiso y un esfuerzo colectivo. Debemos trabajar hasta lograr la igualdad de género para que el mundo sea más equitativo y seguro para todas las personas, y para que ninguna mujer y ninguna niña sufra violencia», dijo Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres

«La violencia contra las mujeres causa daños profundos y persistentes que afectan a su vida, su salud y su dignidad. Además, muchas sufren discriminación por ser pobres, tener una discapacidad o por otros factores, lo que las expone a un riesgo aún mayor. Este ciclo devastador se extiende a las familias, las comunidades y las generaciones posteriores. Los datos muestran con crudeza las consecuencias de permanecer pasivos. No podemos esperar más: debemos actuar con urgencia, juntas y juntos, para poner fin a esta violencia y garantizar que todas las mujeres y niñas, en toda su diversidad, puedan ejercer sus derechos, desarrollar plenamente su potencial y contribuir a que nuestras sociedades sean más justas, igualitarias y prósperas», aseveró a su vez, Diene Keita, Directora Ejecutiva del UNFPA

«Los datos muestran que muchas mujeres son víctimas de actos violentos perpetrados por sus parejas durante la adolescencia, y que muchos niños ven cómo sus madres son maltratadas, golpeadas y humilladas. La violencia forma parte de su vida cotidiana. Debemos poner fin a este patrón de violencia contra las mujeres y las niñas», expresó Catherine Russell, Directora Ejecutiva del UNICEF.

Con información de prensa OMS

Casi una de cada tres mujeres sufrió a lo largo de su vida violencia ejercida por su pareja o violencia sexual ejercida por alguien externo, una cifra que apenas mejoró en 20 años, advirtió este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La violencia contra las mujeres es una de las injusticias más antiguas y generalizadas de la humanidad, pero sigue siendo una de las que menos se combate", afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de esta agencia de la ONU, en un comunicado.

"Ninguna sociedad puede considerarse justa, segura o saludable mientras la mitad de su población viva con miedo", añadió, antes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el 25 de noviembre.

En un informe, la OMS calcula que alrededor de 840 millones de mujeres en todo el mundo --cerca de un tercio-- sufrió violencia de pareja o violencia sexual a lo largo de su vida.

Solo en el último año, 316 millones de mujeres —-el 11 % de las mayores de 15 años-— sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja, detalla el reporte.

El progreso ha sido "dolorosamente lento", subrayó la OMS, señalando que la violencia de pareja solo disminuyó un 0,2 % anual en las últimas dos décadas.

LynnMarie Sardinha, del departamento de salud sexual, reproductiva, materna, infantil y adolescente y envejecimiento de la OMS, advirtió que el número de casos denunciados podría aumentar.

"Es probable que una mayor concientización dé lugar a un aumento de las denuncias por violencia", declaró a los periodistas.

Por primera vez, el informe de la OMS incluye estimaciones nacionales y regionales de la violencia sexual cometida por alguien que no es la pareja íntima.

En ese sentido, la agencia de la ONU apunta que 263 millones de mujeres sufrieron violencia sexual por parte de personas que no eran sus parejas a partir de los 15 años. El problema, advirtió, está "muy infrarrepresentado debido al estigma y al miedo".

El informe abarca datos recopilados entre 2000 y 2023 en 168 países, y revela "una crisis profundamente desatendida y una respuesta con una financiación muy insuficiente", según la OMS.

El reporte lamenta que, pese a la creciente evidencia sobre la eficacia de las estrategias para prevenir la violencia de género, la financiación destinada a estas iniciativas se está desplomando.

En 2022, por ejemplo, solo el 0,2 % de la ayuda mundial al desarrollo se destinó a programas centrados en la prevención de la violencia contra las mujeres.

La financiación también disminuyó por la crisis mundial que conoce el sector de la ayuda exterior desde el regreso al poder del presidente estadounidense Donald Trump.

La violencia de género, apunta el informe, empieza temprano y los riesgos persisten mientras van pasando los año.

Solo en el último año, 12,5 millones de adolescentes — el 16 % de las mujeres de entre 15 y 19 años — sufrieron violencia física y/o sexual por parte de su pareja, resalta la OMS.

"Los resultados ponen de relieve una trágica realidad para las mujeres y las niñas de todo el mundo, (...) en prácticamente todas las comunidades", declaró Jeremy Farrar, subdirector general de Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades y Atención Sanitaria de la OMS.

Sin embargo, los datos también muestran que las mujeres de los países más pobres, así como aquellas que viven en zonas afectadas por conflictos y vulnerables al cambio climático, sufren un impacto desproporcionado.

Avni Amin, jefa de la unidad de derechos e igualdad de la OMS, señaló que el cambio climático "puede provocar inundaciones, hambrunas y otros tipos de desastres naturales".

Al igual que en situaciones de conflicto, esto puede significar que "las personas se ven desplazadas de sus hogares, hay inseguridad económica, lo que puede aumentar el estrés en casa. Se producen interrupciones en los servicios y en el orden público, lo que [también] aumenta el riesgo", indicó.

La peor situación se da en Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelanda. En Europa y América del Norte, en cambio, el 5 % de las mujeres denunció haber sufrido violencia, mientras que en América Latina y el Caribe lo hizo el 7 %, según el informe.

Con información de AFP

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que a la fecha el Ministerio Público (MP) ha recibido 317 mil 584 denuncias de casos de violencia de género desde el año 2017, a través de los despachos fiscales, plazas, parques o lugares donde la institución ha hecho acto de presencia.

Saab detalló que de estas denuncias «hemos logrado procesar e imputar a 74 mil 37 sujetos que han cometido estos lamentables hechos en contra de la mujer y se han procesado 62 mil 392 acusaciones, de los cuales 6.788 han sido para condenas que se convierten en sentencia».

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Además, anunció que el MP, coloca a la disposición de todas las mujeres, madres, amas de casa y todo lo que tiene que ver con el movimiento de protección de la mujer, la línea telefónica 0800-6853767 ( 0800-mujermp) para que sea un canal de denuncia directa en contra de la violencia de género, «es un instrumento totalmente seguro y anónimo», manifestó.

Asimismo, expresó que para quien conozca casos de violencia y maltrato en contra de la mujer «tenemos la unidad de Atención a la Víctima, con fiscales destinados a la vigilancia integral a niñas, adolescentes y la mujer y proteger la dignidad de este sector más vulnerable».

«Este servicio es totalmente gratuito y su objetivo principal es orientar a las víctimas de delitos y, además, brindar asesoría, apoyo, información y educación sobre sus derechos, con el fin de garantizar su correcta y oportuna intervención en el proceso penal», dijo en trasmisión de VTV.

El comerciante árabe, Wacin Alhar, de 48 años de edad, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), por la presunta muerte a golpes de su esposa Mayorca Macarena Castro Piña.

La muerte ocurrió el sábado 6 de abril en el hospital de Coro, en el estado Falcón, reseña el portal Noticia al Día.

La nota señala que el 26 de marzo, Alhar le propinó una salvaje golpiza a su esposa que la mandó al hospital, en dabahuro, pero, por la gravedad de sus lesiones luegio fue trasladada a Coro.,

En esa ocasión la policía científica detuvo al sujeto, pero quedó en libertad, a pesar de que la esposa agonizaba en el hospital.

No contento con eso, el comerciante acudió al centro asistencial para amenazar a la víctima si denunciaba la agresión y en esta ocasión volvieron a detenerlo, para soltarlo nuevamente.

Luego, tras la muerte de Mayorca, uno de sus familiares se acercó a la estación municipal Dabajuro de la Policía Nacional Bolivariana, donde denunció que la mujer había muerto, a causa de las lesiones.

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Por ello, una vez que el caso se convirtió en un homicidio, la PNB comenzó un operativo de rastreo que se tradujo en la captura del indiciado.

La aprehensión se produjo cuando oficiales del CPNB interceptaron un vehículo Mercury Gran Marquis plateado, por puesto de la línea Buchivacoa.

Como pasajero estaba Wacin Alhar, quien se identificó con un documento de identidad correspondiente a otra persona, también de nacionalidad extranjera.

Alhar presentó una boleta de libertad que le había otorgado el tribunal de Violencia contra la Mujer por el caso de Mayorca, pero no sabía que su esposa había muerto.

Tras el arresto, el sujeto será presentado por el Ministerio Público ante el tribunal de Control.

En dos nuevos sucesos, uno por violencia de género y el otro una aparente xenofobia, dos mujeres venezolanas mueren de manera violenta en la ciudad de Medellín, en Colombia.

El primero de los hechos que se conoce es el caso de Bárbara del Valle Reyes López de 31 años, quien aparentemente fue víctima de xenofobia, cuando sostuvo una reyerta con unos vecinos.

Al parecer, los dos hombres golpearon de manera considerable a Bárbara Reyes, quitándole la vida.

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Según algunos testigos habrían indicado a la policía que entre los vecinos ya existían roces y enfrentamientos fuertes, hasta que los hombres terminaron asesinando a la venezolana.

Sobre este hecho no se conoció si la policía colombiana logró la detención de los dos presuntos responsables.

El otro caso es el de Yurbelis Trujillo de 33 años, también venezolana, quien era madre de cuatro niños.

Según el informe preliminar Yurbelis Trujillo habría dejado a su actual pareja, ya que era víctima constante de abusos y agresiones físicas.

Al parecer, el hombre no aceptó la separción y acosaba constantemente a la víctima, hasta que en un ataque de celos la atacó con un cuchillo y le causó no menos de diez heridas que le quitaron la vida.

No se tiene conocimiento si el hombre fue detenido por las autopridades neogranadinas en Medellín.

Siempre se ha destacado con orgullo que Venezuela lleva «nombre de mujer» y en más de 20 años de gobiernos socialistas que se han declarado o «feministas» la violación de los Derechos Humanos y la dimensión de la crisis afecta sobre todo a las venezolanas.

Esta es una de las preocupaciones manifestadas en el reciente informe presentado en el 54.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por parte de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela

En el informe destaca su preocupación por «las dimensiones y el impacto desproporcionado de la crisis en derechos del país en las mujeres venezolanas».

De hecho, habla en detalles sobre aspectos como «la participación política del liderazgo femenino, la violencia basada en el género, incluyendo la violencia política por razones de género, el contexto de persecución y criminalización contra las mujeres y la represión y criminalización contra organizaciones feministas o lideradas por mujeres», destaca la ONG Cepaz, en un estudio detallado del documento.

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En materia de participación política de las mujeres, la Misión destacó la baja participación del liderazgo femenino y la deuda del Estado de crear un marco normativo que se traduzca en cuotas de participación igualitaria, aunque en los asuntos electorales se establece que debe haber 50% y 50% de participación entre hombres y mujeres.

La Misión mostró su «preocupación por las normativas temporales y de carácter sub legal que regulan la paridad de género en periodo electorales, afirmando que las últimas elecciones regionales y municipales celebradas en el año 2021 significaron un retroceso en esa materia».

Asimismo, el documento abunda en destacar los índices de violencia de género en el país, los cuales «siguen siendo uno de los obstáculos más importantes para lograr la equidad».

La Misión se refirió, en este caso, «a falta de medidas por parte del Estado para garantizar una vida libre de violencia de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Especialmente, resalta lo que se refiere a opacidad en cuanto a la información oficial en las cifras de violencia a través de datos disgregados sobre la forma de violencia, el estado del proceso y las condenas o medidas de reparación adoptadas».

A juicio de la Misión, «esta situación dificulta la comprensión del problema y la formulación de políticas públicas efectivas».

En este particular, la ONG Cepaz, a través del Observatorio Digital de Femicidios, documentó que «desde el 1.º de enero hasta el 31 de julio de 2023 un total de 160 femicidios consumados y 93 femicidios en grado de frustración», han ocurrido en Venezuela.

A esto se suma que «los familiares de las víctimas y las mujeres sobrevivientes víctimas de violencias deben enfrentarse a un sistema que las revictimiza bajo profundas fallas para obtener medidas de protección ante su denuncia, para acceder a la justicia o para obtener una reparación».

La política de persecución y criminalización ejercida por el Estado afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

Por ello, la Misión detalló «la forma en la que las mujeres, que son víctimas de los patrones de persecución y criminalización, sufren adicionalmente actos de violencias basadas en el género».

Así pues, la Misión reconoció que «las mujeres son instrumentalizadas para atacar a hombres líderes políticos de oposición y en este sentido forzar un contexto que permita insertar a estos líderes en denuncias por violencia de género».

Del mismo modo, alerta que «las mujeres son utilizadas como forma de represalia o para forzar a que la persona perseguida se entregue. Al respecto, la Misión documentó 10 casos de familiares, especialmente mujeres, que fueron detenidas al no encontrar a la persona buscada».

«Las mujeres también sufren violaciones graves a sus derechos humanos como víctimas directas de los patrones de persecución y criminalización ejercidos por el Estado», advierte el documento.

En el ámbito político, la Misión ha «observado una dimensión de género en el ejercicio de la violencia política a través de agresiones que se manifiestan en torno al aspecto, inteligencia y capacidades de las mujeres. A juicio de la Misión, este contexto de violencia política impacta negativamente en la participación de las mujeres en la política».

Igualmente, «el contexto de persecución y criminalización se extiende en las plataformas de medias digitales asociadas al Gobierno, en donde las mujeres también son víctimas desproporcionadas».

La Misión de Determinación de los Hechos se refirió en su informe a la difusión, a través de estos medios, de discursos y narrativas de odio por motivos de género contra las mujeres.

En otro orden, la Misión investigó 15 casos de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en lugares de detención.

Se documentaron «casos de detención el uso de insultos o amenazas basadas en el género como forma de trato humillante y degradante contra personas percibidas como opositoras, especialmente contra las mujeres, que son etiquetadas con insultos como ‘malas madres’, ‘zorras’ o ‘prostitutas'».

El Monitoreo de persecución y criminalización de Cepaz ha documentado desde el año 2021 y hasta el primer semestre del año 2023 al menos 206 casos de persecución y criminalización ejercidos contra mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, lideresas políticas y ciudadanas, incluyendo familiares de personas perseguidas o criminalizadas.

El espacio cívico en Venezuela está fuertemente reprimido, con lo cual personas defensoras de derechos humanos y otras integrantes de la sociedad civil enfrentan graves riesgos de vulneración a sus derechos.

Sin embargo, las agrupaciones no gubernamentales con presencia de mujeres y liderazgos feministas son víctimas diferenciadas de este contexto.

Así lo ha dejado saber la Misión, agregando además «la diferencia en la tolerancia por parte del Estado hacia las organizaciones de mujeres afines al Gobierno, las cuales son apoyadas y consideradas en instancias consultivas; respecto a las organizaciones independientes, que deben enfrentar la persecución y los ataques a las activistas».

En ese sentido, un estudio de Cepaz ha permitido determinar que los principales obstáculos que deben enfrentar las organizaciones de mujeres se relacionan con los impedimentos que las mismas instituciones les imponen a este tipo de organizaciones, el entorno de discriminación, dificultades en el acceso a recursos, desde financiamiento directo hasta recursos físicos.

La conclusión es que «el Estado no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de garantía de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas.

La falta de políticas públicas con perspectiva de género, las barreras de acceso a la justicia y la complacencia que ha mantenido el Estado en la crisis de múltiples dimensiones que atraviesa el país y que impacta de manera diferenciada y desproporcionada en las mujeres, mantienen en la agenda internacional los asuntos de género que el Estado ha omitido incorporar en la agenda nacional, con informes contundentes, con recomendaciones y con compromisos que el Estado debe asumir».

La venezolana, Keyla Blanco, denunció este viernes que desde hace más de un año ha sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su expareja, Omar Antonio Toro Amaro, quien se desempeña como piloto privado de PDVSA.

Mediante un video que obtuvo en exclusiva Impacto Venezuela, Blanco aseveró que su cargo en la estatal petrolera le permite a Toro, evadir la justicia venezolana, ante los delitos que ha cometido contra ella y contra su hijo.

Además, destacó que ha hecho denuncias en varias oportunidades, pero no han tenido éxito, pues con dinero este sujeto ha silenciado a las autoridades.

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La última denuncia generó que aprehendieran al piloto el 16 de abril, sin embargo, a los tres días fue puesto en libertad e inmediatamente se apersonó en la vivienda de su expareja para intimidarla, violentando la orden de alejamiento.

Blanco hizo la denuncia publica porque teme por su vida y por la de su hijo quienes están desamparados porque este hombre sigue intimidándola. La mujer insiste que es víctima de amenazas y cree que en cualquier momento puede arremeter contra ella.

En ese sentido, hace un llamado a la opinión pública y a las propias autoridades atender a las reiteradas denuncias que ha hecho.

Keyla teme por su vida y por la de su hijo ante las constantes amenazas que ha realizado este sujeto que gracias a su tráfico de influencia se encuentra en libertad plena.

Cinco hombres fueron arrestados por estar involucrados en violencia de género y agresión en los municipios Maracaibo, Mara y la Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia.

El primer caso fue atendido en la urbanización Altos del Sol Amada, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, donde capturaron a Manuel de Jesús Dávila Sánchez, de 22 años, informó el corresponsal de La Patilla en la entidad.

Sánchez agredió a su compañera sentimental con puñetazos y golpes propinados con un objeto contundente, provocándole una herida abierta en el rostro, hematomas en los ojos y piernas. Luego la encerró contra su voluntad en la vivienda que ambos compartían.

La mujer estaba custodiada por la madre del sujeto, identificada como Jhoanna Chiquinquirá Dávila Sánchez, de 48 años de edad, pero en un descuido, la víctima salió huyendo y avisó a la policía.

En otro hecho fue detenido Segundo José Chirinos, quien violó una medida de protección y seguridad a favor de su exesposa, a la que continuamente hostigaba, siguiéndola a todas partes.

También fue detenido en la capital zuliana, Carlos Alberto Quintero Godoy, de 37 años, por arremeter contra su progenitor y su hermana, luego que estos le solicitaran que pagara el servicio de internet, pero que no canceló, por lo que el servicio fue suspendido.

En el municipio Mara fue detenido por funcionarios del Centro de Coordinación Policial Eje Mara-Padilla, Edixon Segundo Ochoa, de 53 años, por agredir a su pareja sentimental.

Finalmente, el comisionado jefe, Sergio Villasmil Rondón, director general de la Policía del estado Zulia (Cpez), informó también que fue capturado, en el municipio La Cañada de Urdaneta, un hombre por hostigar y amenazar a su exesposa. El sujeto fue identificado como Elvis Junior León Atencio.

Los detenidos permanecen en los comandos policiales de la jurisdicción donde se cometieron los delitos.

La entidad zuliana es una de las que registra más violencia de género según estadísticas de organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la atención de derechos humanos en el país.

El Tribunal Tercero Juicio de Violencia de género del Área Metropolitana de Caracas  dictó sentencia condenatoria de 16 años y 9 meses contra Jesús Silva, por violencia contra Claritza Ron.

Como se recordará, el abogado Jesús Silva fue detenido 17 de marzo de 2021 por maltrato a la mujer, noticia que fue dada a conocer por el fiscal, Tarek William Saab .

Se trata de un caso de violencia psicológica y física contra Claritza de Jesús Ron Romero, su exesposa.

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#ÚLTIMAHORAHoy #9Feb, al cumplirse 4 años de la última agresión hacia Claritza Ron por parte de su pareja Jesús Manuel Silva Rivas, el Tribunal Tercero de juicio de Violencia de Género del AMC, dictó sentencia condenatoria de 16 años y 9 meses.Amplía??https://t.co/CF7ETGfizx pic.twitter.com/OE5vwwV5Cp

En 2021, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el abogado Jesús Silva por maltrato a la mujer.

Al abogado se le imputaron cargos de promoción e incitación al odio. Esto está previsto en el artículo 20 y sancionado por la Ley Constitucional contra el odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Silva quedó detenido por el delito de acoso y hostigamiento, penado en el artículo 40 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En Venezuela matan a una mujer cada 38 horas en promedio, denunció este lunes la ONG Utopix que ha contabilizado 18 feminicidios en noviembre, lo que eleva a 211 el número de muertes por motivos de género, de enero a noviembre de este año.

«Vemos con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática», alerta el informe publicado en la página web de la ONG.

Agrega que esto «sólo muestra la gran falencia que hay en torno a las políticas públicas referidas a la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres».

Sobre los asesinatos de mujeres computados en noviembre, detalló que los estados donde ocurrieron la mayor cantidad fueron Bolívar, con cuatro casos; Zulia, con tres; y Nueva Esparta, Anzoátegui y Caracas, con dos casos cada uno.

«En tres casos, los feminicidios ocurrieron por armas de fuego, en siete casos los feminicidas usaron armas blancas, en un caso la causa fue por golpes, en cinco casos por asfixia mecánica, en un caso el feminicida utilizó el fuego y un caso fue por envenenamiento», agregó.

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En cuanto a las edades de las víctimas, Utopix reseñó que la mayoría tenían de 16 a 25 años y que 6 de las 18 mujeres asesinadas eran madres, por lo que 7 menores de edad quedaron huérfanos.

Explicó que por los hechos registrados el pasado mes se contabilizan 22 feminicidas, de los cuales 5 están privados de libertad, 9 se dieron a la fuga y no hay información sobre los 8 restantes.

La directora de Utopix, Aimee Zambrano, en entrevista que concedió a Radio Fe y Alegría Noticias, alertó que la ONG no tiene datos oficiales, porque no los hay. “Podemos pensar que exista una mayor cantidad de casos porque nosotras realizamos un subregistro, un conteo con base en lo que aparece en los medios, no son las cifras oficiales”, indicó.

Sobre los casos, señaló que la mayoría son a manos de parejas o exparejas, pero eso no significa que no ocurran muertes a manos de bandas delincuenciales u obstétricas, que ocurren cuando las mujeres van a dar a luz.

Por otra parte, Zambrano explicó que también existen casos infantiles, pero estos no están tipificados en el país porque son categorizados como infanticidios.

Además, en el año ocurrieron 10 femicidios en grado de frustración y un total de 7 femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia, Perú y Chile.

«Frente a esta realidad debemos visibilizarla y darle voz a esas mujeres y niñas que murieron a manos de la violencia femicida exigiendo al Estado venezolano acciones urgentes frente al incremento de la violencia y denunciando la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores», alerta la ONG.

El pasado 24 de noviembre, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que su despacho ha computado 1.201 casos de feminicidios, algunos de ellos «frustrados», desde agosto de 2017 hasta noviembre de este año.

En el estadio Zulia se desató una especie de ola de amenazas de muerte contra las mujeres y por ello las autoridades policiales de la entidad detuvieron a tres sujetos.

Funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Zulia (CPEZ), se encargaron de las aprehensiones, informó la institución, a través de sus redes sociales.

El director del CPEZ, Sergio Villasmil, informó a través de la cuenta Instagram del organismo policial que en el sector Las Amalias, La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, aprehendieron a Jonathan José Atencio Urdaneta, de 34 años, quien presuntamente amenazó de muerte a su expareja.

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En el municipio Cabimas, concretamente en el sector Las Cabillas, Mario Ángel Lugo Sangronis fue detenido bajo la acusación de amenazar de muerte a una vecina, añade el boletín de prensa de la policía regional.

Además, en Carrasquero, municipio Mara, Luis Manuel Polanco Hernández, de 21 años, apodado «Chochón», fue denunciado por su vecina de agredirla y de amenazarla de muerte, y los oficiales lo apresaron, reseña la CPEZ en nota de prensa.

A los tres los trasladaron a los respectivos comandos, a disposición del Ministerio Público, por delitos tipificados y sancionados en la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a Vivir una Vida Libre de Violencia.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en el 2021 casi una treintena de mujeres fueron víctimas de violencia física y psicológica y en su mayoría el agresor resultó ser su cónyuge o su ex pareja.

En la mayoría de los casos de violencia física prevaleció embestidas con golpes de puños que dejaron hematomas generalizados en el cuerpo y en el rostro de las víctimas.

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“Conforme aumenta la violencia en la mujer, múltiples serán las consecuencias y variaciones como ésta pueda responder, incluso hasta convertirse en victimaria”.

Esta es una de las conclusiones del foro “Mujeres victimarias y víctimas”, desigualdad social y violencia en Venezuela, que se realizó en las instalaciones de la Universidad Católica del Táchira, ubicada en San Cristóbal.

El evento estuvo organizado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y contó con la presencia de más de cien personas, entre estudiantes, periodistas, fiscales y expertos en materia de violencia de género, reseña una nota de prensa.

El coordinador del OVV Táchira, Yensy Meneses y la investigadora Ximena Biaginni, expusieron el resultado de una muestra basada en entrevistas realizadas a mujeres privadas de libertad en la entidad, inmersas en distintas tipologías de delito, entre ellos homicidio, abuso sexual infantil y posesión de sustancias ilícitas.

Además se contó con la participación en la muestra, de dos grupos focales compuestos por efectivos de cuerpos policiales y fiscales expertos en materia de violencia de género.

Yensy Meneses aseguró que “son muchos los factores que determinan la urgencia de hacer visible lo que sucede con la presencia de violencia a grandes rasgos en la vida de una mujer. Las transforma y empodera partiendo de la necesidad de despertar alertas tempranas sobre lo que sucede en su entorno”.

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Esta realidad se ha convertido en una modalidad de violencia, sobre todo en el eje fronterizo donde se producen constantes agresiones entre mujeres que terminan siendo víctimas y victimarias de tales hechos.

Además algunas se han visto involucradas en explotación sexual de otras mujeres e incitación al transporte de sustancias ilícitas.

A juicio del equipo investigador, las mujeres incurren en tales delitos motivadas por la necesidad económica al ser en muchos casos madres solteras y sostén de hogares, por lo tanto «buscan alternativas de supervivencia sin tener que estar sujetas a un hombre para su sustento las impulsa a realizar cualquier tipo de actividad y no importa que se incurra en algún hecho delictivo».

Según los hallazgos de la investigación, la mujer que ejerce algún tipo de violencia en contra del hombre busca resguardarse tras el amparo y empoderamiento legal de los derechos de las mismas, para buscar justificar sus actos de violencia.

“La mujer al sentirse es un status de supra protección ha logrado denunciar hombres por motivos económicos y sociales, logrando hacer efectivas estafas y sobornos a algunos hombres”, explica Meneses.

«La violencia doméstica de la mujer hacia el hombre ha llegado a ser incluso superior, pero es desconocida e invisibilizada, sobre todo por hábitos culturales de una sociedad machista que no está interesada en divulgar tal fenómeno».», señala el estudio.

Además, «no se equipara con la provocada por un hombre hacia una mujer, pues es mucho más proporcional de él hacia ella», agrega.

Por otro lado, el estudio señala que «la intensa búsqueda por la igualdad de género, ha dejado consecuencias donde algunas mujeres se han visto inmersas en un entorno nada parecido a su cotidianidad. Agresiones, homicidios, riñas, abuso sexual infantil es parte del perfil que recrean en muchas oportunidades, producto de antecedentes familiares o circunstancias personales, marcados por patrones de violencia y abuso, que pretenden seguir repitiendo».

Los especialistas consideran que «la violencia femenina y la incursión de mujeres en delitos no violentos en Táchira, son fenómenos crecientes en cifras que requieren atención».

La evidencia más crítica de este fenómeno se hizo presente durante «el confinamiento forzoso durante la pandemia, un detonante que generó enfrentamientos en el hogar entre los familiares».

Durante este lapso «aumentaron a más del doble los casos procesados en los tribunales de violencia contra la mujer, en los que, por sorpresa, aunque las mujeres se denunciaban como víctimas, todo obedecían a un problema económico».

La investigación puso en relieve que «la vulnerabilidad femenina está disminuyendo y emerge una nueva vulnerabilidad masculina, basada ya no en diferencias biológicas, físicas o sociales, sino más bien políticas y jurídicas, al impulsarse un empoderamiento desmedido y desequilibrado».

Desde el OVV Táchira se cree que las acciones tomadas desde el Estado Venezolano están procurando la integración de la perspectiva de género, más no la contribución a la verdadera igualdad de género que garantice que los problemas, experiencias, necesidades prácticas e intereses de mujeres y hombres, sean tenidos en cuenta equitativamente.

En Venezuela, donde hay un gobierno que se dice «feminista», las mujeres llevan las de perder en un país que está lejos de haberse arreglado como pegona la administración de Nicolás Maduro.

A través del informe “Mujeres que resisten: Sobrevivir a una Venezuela en crisis”, realizado por la Red de Mujeres Constructoras de Paz, auspiciado por el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), se resume «la situación de las venezolanas en temas como la salud sexual y reproductiva, estereotipos de género, violencia de género, participación de las mujeres en la política y acceso a la educación».

Es una encuesta realizada entre 936 mujeres de los estados Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Capital, Lara, Mérida, Portuguesa, Sucre, Táchira, Yaracuy y Zulia.

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El tema de la salud sexual y reproductiva constituye el mayor problema que enfrentan las venezolanas, tanto que el estudio determinó que «26,6% de las consultadas indicó usar anticonceptivos mientras que el porcentaje restante dijo que no o no contestó, lo que sugiere que más de 70% de ellas no puede planificar sus embarazos».

Además, «40% de las encuestadas aseguró no tener acceso a productos para la gestión menstrual».

Asimismo, entre las conclusiones del estudio se destaca que, «a pesar de que 70% de las consultadas aseguró haber obtenido algún tipo de educación sexual ya sea en casa o en escuela, a través de conocidos o familiares, en el país no existe ni un solo programa gubernamental enfocado en promover la educación sexual integral».

La violencia d egénero es otra cruda realidad en Venezuela. El estudio de la Red de Mujeres Constructoras de Paz determinó que «los esfuerzos del Estado venezolano en materia de violencia de género son insuficientes».

Es así como «21% de las encuestadas no sabe a dónde acudir en caso de sufrir o ser testigo de un caso de violencia de género».

Alerta que «las mujeres en el territorio nacional aún están en un contexto de vulnerabilidad ante expresiones de violencia y abuso. 67% de las mujeres consultadas aseguró haber recibido comentarios despectivos al menos una vez, mientras que 41% admitió haber recibido invitaciones, tocamientos o acercamientos no deseados, ofensivos e incómodos en las calles».

La educación como tópico también arrojó hallazgos reveladores. «53% de las encuestadas expresó que conviven con niñas y jóvenes en edad escolar. De ese total, 96% dijo que estas niñas y adolescentes estaban inscritas en centros o institutos educativos. No obstante, sobre la frecuencia de asistencia a escuelas, solo 68% de ese universo afirmó que asistían siempre a clase».

Por otro lado, los estereotipos de género aún están presentes en la sociedad venezolana. 50% de las encuestadas indicó que son las propias mujeres quienes tienen mayores habilidades para cuidar, limpiar, cocinar y encargarse del hogar».

Mientras que «apenas 4% mencionó que eran los hombres. Sobre la preponderancia de la figura masculina sobre la femenina, 65% de quienes participaron en el estudio manifestó que está en contra de la creencia de que ‘las mujeres necesitan la protección de un varón’”.

Aunque en la administración de Nicolás Maduro se jactan de que la equidad de género en sus distintas instancias y hasta en el partido, parecer ser que la realidad es otra.

«En el territorio venezolano, los espacios políticos todavía son muy poco ocupados por mujeres. De hecho, 68,6% de las consultadas consideró que las mujeres no son tratadas igual que los hombres cuando ejercen roles políticos y otro 27% expresó que no conocía a alguna mujer política, alcaldesa, líder vecinal, gobernadora u de otro tipo».

Otro aspecto llamativo de la encuesta realizada para este informe es que la gran mayoría (91,2%) respondió estar de acuerdo con la participación de las mujeres en los procesos políticos de cualquier nivel. Sin embargo, solo 33,4% aseguró que sí había participado en cargos de decisión.

El secretario privado del alcalde de Piritu en Anzoátegui, Jesús Méndez, identificado como Edickson Gabriel Quereigua, fue detenido por efectivos de Polianzoátegui la noche de este lunes, por presuntamente, golpear a una septuagenaria.

La mujer, de 72 años, presentó, según diagnóstico médico, traumatismo contuso en región Precordial; por ello, formuló denuncia ante el Ministerio Público, lo cual originó la aprehensión del presunto agresor.

Mediante un video difundido en redes sociales, la agraviada explica parte de lo sucedido.

Aún no hay pronunciamiento oficial sobre el caso, pero se conoció de forma extraoficial que las fotos del secretario privado fueron eliminadas de las redes sociales tanto de la alcaldía de Piritu, como de cuentas asociadas.

El procedimiento aún estaría en desarrollo, Quereigua se encuentra detenido preventivamente en el Centro de Coordinación Policial Piritu, cuadrante 10, de la policía regional.

Una golpiza salvaje quedó registrada en un video compartido en redes sociales. El sujeto que se aprecia golpeando a su pareja quedó identificado como Augusto Contreras, alias «El Gato», un venezolano recién llegado a EE.UU.

Las imágenes del  hombre golpeando salvajemente a una mujer, impactaron a los presentes en el refugio, ya que el hombre la golpeó a pesar de que no estaban solos.

Vale destacar que la víctima pedía clemencia de su pareja, pero nadie los separó.

Medios digitales indican que el hombre es de nacionalidad venezolana, y  responde al nombre de Augusto Contreras, alias «El Gato» y es oriundo Santa Bárbara del Zulia.

Tanto él como su pareja tenían poco tiempo de llegar al estado de Texas, en Estados Unidos. 

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“El Gato” fue denunciado ante los organismos de seguridad en el estado norteamericano, quienes inmediatamente se trasladaron al lugar y detuvieron al agresor.

Se pudo conocer que mientras transcurría el maltrato, las amigas de la mujer sorprendieron a Contreras y rápidamente llamaron a la policía para informar el hecho, reseña Todos Ahora.

Las autoridades de Texas detuvieron al sujeto por el delito de violencia de género.

Como Robert Ordóñez Ángel fue identificado el guardia de seguridad del local Narciso Bar Club, que fue detenido tras haber agredido supuestamente a la medallista olímpica Stefany Hernández.

La información la suministra el Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Indica en redes sociales que después de conocer la denuncia realizada por la atleta ganadora de Bronce en las olimpiadas Río de Janeiro 2016, se dispuso el Ministerio Público a una averiguación y junto a organismos de seguridad lograron la detención del hombre.

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Explica el fiscal designado que el Ministerio Público ha dispuesto a la Fiscalía 82 Nacional en Defensa para la Mujer, para que realice todas las diligencias pertinentes en el caso.

Durante el fin de semana la medallista olímpica se hizo viral en las redes sociales. Esto después de denunciar que en el local nocturno Narciso Bar Club, ubicado en la zona comercial Las Mercedes de Caracas, a ella y un grupo de amigos los discriminan por presunta homofobia.Según lo narrado por la atleta, un grupo de clientes de dicho local comercial se quejaron por la presencia del grupo de amigos y los insultaron.

#AHORA #designado el Fiscal 82 Nacional en Defensa para la Mujer, para #investigar agresión física contra la #medallista olímpica Stefany Hernández: por dichos sucesos fue #detenido Robert Ordóñez Ángel, quién será será #imputado por el delito de Violencia Física Agravada. pic.twitter.com/cDJo0xFu3n

Posteriormente, el personal de seguridad, en conjunto con representantes del local comercial, habrían sacado a la fuerza, según la medallista, al grupo completo.

Al parecer, durante el desalojo, Stefany Hernández recibe la agresión física. Esto amerita a ser tratada clínicamente y por emergencia.

Stefany Hernández se ha ganado el reconocimiento de la opinión pública nacional. En el 2016 logró colgarse la medalla de bronce en los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016, en la modalidad de Bicicros BMX.

La madrugada del pasado miércoles, un hombre se metió a la vivienda de su expareja y tomó como rehén a una bebé de seis meses de nacida, a quien amenazaba con causarle daño si la mujer no aceptaba su exigencia de restablecer la relación sentimental.

Los vecinos dieron parte a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de la situación irregular que ocurría en una vivienda ubicada en la parte baja del barrio 23 de Enero, parroquia La Concordia de Caracas.

Funcionarios de la PNB se trasladaron al lugar, donde el hombre mantenía en los brazos a la niña y amenazaba a la madre.

Los uniformados aplicaron un cerco para evitar la huida del sujeto y rescatar a la menor.

Uno de los comandantes, experto en negociaciones de la PNB,  recurrió al diálogo con el individuo que, horas más tarde, entregó a la criatura que está sana y salva.  

El hombre fue de inmediato detenido y trasladado a la sede policial para ser colocado a las órdenes del Ministerio Público, reseñó La Nación.

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Se conoció que este suceso, considerado violencia de género, ocurrió porque la mujer, hace algún tiempo y por desavenencias con su pareja, puso fin a la relación sentimental.

El hombre estaba negado a dejar la relación y merodeaba constantemente la vivienda de la mujer para pedirle que volvieran.

Ella se negaba rotundamente.

Al no conseguir lo que él esperaba, decidió la madrugada del miércoles entrar a la vivienda y tomar a la niña en brazos para obligar a la madre a volver con él.

En las próximas horas este hombre será presentado ante tribunales con competencia en delitos contra la mujer, familia, niños, niñas y adolescentes.

El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran entre los cinco países que registraron la tasa más alta de feminicidios en Latinoamérica; con tasas entre las más altas del mundo. Es uno de las principales causas tras la migración de las centroamericanas.

La violencia de género es una de las principales razones por las que mujeres y niñas del Triángulo Norte de Centroamérica se ven obligadas a migrar; afirmó el lunes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que instó a los gobiernos de esos tres países a tomar medidas.

El organismo calificó la violencia que viven las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ en El Salvador, Guatemala y Honduras como “alarmante”. También, instó a los gobiernos de esos países a tomar acciones que frenen el flagelo.

“Es inaceptable que la violencia de género siga expulsando a las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ de sus hogares. Las autoridades nacionales deben garantizar su acceso al asilo y a la protección, así como ampliar las medidas de prevención y respuesta”, señaló Gillian Triggs, Alta Comisionada Auxilicar para la Protección de ACNUR.

De acuerdo con Triggs, los abusos también continúan durante el desplazamiento de mujeres y niñas, y la situación se ha visto agravada por la pandemia del COVID-19, que “sigue siendo uno de los principales riesgos a los que se enfrentan durante su desplazamiento”.

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ACNUR también señaló en un comunicado de prensa que las pandillas “suelen atacar y forzar, a mujeres y niñas, a la esclavitud sexual” en el norte de Centroamérica.

“Los delincuentes también utilizan la agresión sexual – o la amenaza de ella – como arma para obligar a los miembros de la familia a realizar actividades ilícitas”.

Según la agencia, otro riesgo al que se ven expuestas es que “cuando se percibe que las mujeres y niñas tienen vínculos con una pandilla concreta, pueden ser objetivo de sus rivales”.

Además, muchas de ellas son víctimas de “abuso o violación» o, incluso, pueden «ser asesinadas como parte de los ritos de iniciación de las pandillas”.

La Personería de Bogotá adelanta procesos a varias denuncias de abuso sexual que se han presentado contra docentes de instituciones estudiantiles por haber atacado sin su consentimiento a menores de edad.

Sobre estos casos, el Ministerio Público Distrital interviene ante la Fiscalía en los procesos penales y en la defensa de las víctimas para establecer cuándo y en qué circunstancias ocurrieron estas acciones y así determinar los responsables en la que los docentes son materia de investigación penal.

Desde el año 2016, la entidad bogotana ha ordenado la destitución de 10 docentes involucrados en actos de violencia y acoso sexual contra niñas, niños y adolescentes; actualmente investigan treinta denuncias que están al cursar procesos penales.

De acuerdo con el reporte realizado por el Registro Único de Víctimas, durante el 2021, en Colombia 33.874 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado, de las cuales en un 91,8% las víctimas han sido mujeres.

Y según las Naciones Unidas una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual durante su vida.

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Durante los últimos años, las violencias contra las mujeres se han posicionado como un grave problema de salud pública y una violación sistemática de los derechos humanos en Colombia, que se continuó agudizando durante la pandemia, cuando por motivo del aislamiento social y obligatorio muchas mujeres tuvieron que quedarse en casa encerradas con sus agresores. 

Tan solo en 2020, 898 mujeres fueros asesinadas en el país, según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y en promedio cada 24 horas, 51.5 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual, el 78 por ciento de estos sucesos ocurridos en sus propios hogares.

Por otro lado, el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló un informe con cifras escalofriantes, se trata de las muertes violetas de mujeres entre los años 2015 y 2019. En promedio, en ese periodo, en Colombia fueron asesinadas 2,7 mujeres cada día.

Según el Sistema Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) en ese periodo se registraron 5.013 muertes violentas de mujeres. Eso quiere decir que la tasa promedio por cada 100.000 mil mujeres es de 4,12. Los días donde se atenta contra la mujer con más frecuencia son viernes, sábados y domingos.

De 600 mujeres atendidas por casos de violencia, el 86,6% fueron agredidas por su pareja sentimental, expareja, algún conocido o familiar. 

En 2.708 de los casos reportados como muerte violenta de una mujer, se utilizó arma de fuego, eso representa el 54% del total.