La guerrilla del ELN decretó un «paro armado» que regirá a partir del martes en el departamento colombiano del Chocó (noroeste), donde la población deberá confinarse por órdenes del grupo armado, denunciaron autoridades locales al pedir este lunes al gobierno central que tome acciones.

«Durante las próximas 72 horas va a haber un paro armado en el departamento del Chocó (…). Significa que no va a haber transporte, significa que no va a haber tránsito por las vías públicas» y las clases se suspenderán en varias localidades rurales del departamento, así como en las zonas urbanas donde la guerrilla ejerce influencia, aseguró la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, el lunes en entrevista con La FM.

Tampoco habrá «ningún tipo de abastecimiento ni de alimentos, ni de medicamentos, ni de servicios, especialmente de salud», reclamó la gobernadora, que pidió al gobierno del izquierdista Gustavo Petro intervenir en el departamento para «restablecer el orden y proteger a nuestros ciudadanos».

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El Frente de Guerra Occidental de esa guerrilla aseguró el fin de semana en un comunicado que el paro responde a una supuesta alianza de «convivencia» en esa zona entre el ejército y el Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante de Colombia.

Los rebeldes sostienen en ese departamento combates con el grupo de origen paramilitar desde inicios de febrero y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que se han instalado minas antipersonales en gran parte del territorio.

Previo al inicio de la medida, unas 3.500 personas se han desplazado y alrededor de 2.000 familias se han confinado, principalmente en cinco municipios rurales del Chocó, refirió el lunes la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).

El anuncio se da mientras el gobierno colombiano lidera una ofensiva militar contra el ELN en la frontera con Venezuela, desde mediados de enero, tras una sangrienta arremetida de la guerrilla contra la población civil y miembros de una estructura escindida de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Catatumbo. Se trata de la más grave ola de violencia en una década en Colombia, que deja al menos 57 muertos confirmados, ocho personas desaparecidas y más de 50.000 desplazadas.

Desde 2022, el ELN mantenía negociaciones de paz con el gobierno de Petro, pero la ola de violencia en el Catatumbo motivó al mandatario a suspender los diálogos y desplegar a más de 10.000 soldados en la zona.

Al menos 20 personas murieron en medio de enfrentamientos entre dos facciones enemigas de las disidencias de las FARC en el departamento amazónico de Guaviare, en el sur de Colombia, informó este lunes un responsable del Ministerio de Defensa a la AFP.

Los combates en el municipio de Calamar se desataron entre hombres al mando de «Calarcá», jefe de un grupo disidente que negocia la paz con el gobierno, y de «Iván Mordisco», un cabecilla rebelde que no firmó el acuerdo de paz de 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

«Hay 20 muertos y los cadáveres fueron llevados a la morgue de Villavicencio», una ciudad cercana, según un mensaje del responsable oficial. 

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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, había adelantado a una emisora local que lo más probable es que los fallecidos sean miembros de las facciones disidentes enfrentadas. 

Medios locales aseguran que varios de ellos eran menores de edad. 

Con esta matanza, Colombia suma más de 100 muertes por acciones de guerrillas y bandas narco en cinco días y en diferentes puntos del país.

En la región del Catatumbo (noreste), en la frontera con Venezuela, al menos 80 personas han fallecido desde el jueves tras una arremetida de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Allí el ELN se ha enfrentado contra disidentes de las FARC que obedecen órdenes de «Calarcá». 

Inicialmente «Iván Mordisco» estaba al frente de los diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero su organización se partió en dos.

«Mordisco» cerró toda posibilidad de negociación mientras que «Calarcá», quien era uno de sus hombres de confianza, creó un grupo independiente que sigue en conversaciones con el mandatario izquierdista. 

Tras esa fractura, se hicieron enemigos y se disputan varios territorios en la Amazonía, donde hay sembradas miles de hectáreas de coca, y otras regiones de Colombia. 

Estos hechos de violencia ponen en jaque a la política de paz del presidente Gustavo Petro, que tomó el poder en agosto de 2022 con el compromiso de buscar una salida negociada al conflicto con todos los grupos armados del país.

La violencia electoral en Colombia se disparó en la recta final de las campañas hacia los comicios locales del 29 de octubre, con un aumento de amenazas, extorsiones, homicidios y desplazamientos forzados, informó este jueves la Defensoría del Pueblo.

Las agresiones pasaron de 6 en enero a 100 en septiembre, en medio de un recrudecimiento de la violencia tras la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla FARC en 2016. 

«Hay una tendencia de aumento (…) de las conductas vulneratorias (…) en todo el territorio nacional», dijo a Blu Radio Carlos Camargo, jefe de la oficina del Ombudsman.

La entidad registró distintos tipos de violencia contra sedes políticas, candidatos, votantes, entre otras víctimas, con un total de 323 casos este año con corte a septiembre.

Los principales agresores son disidentes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz (56 casos), la mayor banda narco del país conocida como Clan del Golfo (54) y la guerrilla del ELN (44).

Para Camargo, es «insuficiente» la acción del Estado. «Necesitamos que se fortalezca la respuesta por parte de las instituciones (…) para lograr mitigar los riesgos», precisó.

Los departamentos más afectados por la violencia electoral en agosto y septiembre, los peores meses, son Norte de Santander (20 casos) y Arauca (15), fronterizos con Venezuela, y Nariño, vecino de Ecuador.

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Casi 39 de los 50 millones de colombianos están habilitados para elegir alcaldes, concejales, gobernadores y diputados de asambleas regionales para el periodo 2024-2027.

Los comicios coinciden con negociaciones de paz entre el gobierno izquierdista y algunos grupos armados para intentar desactivar seis décadas de conflicto.

Delegados del presidente Gustavo Petro y el principal grupo de disidentes de la guerrilla FARC, el Estado Mayor Central (EMC), instalaron este fin de semana una mesa de diálogos con miras a desmovilizar a unos 3.500 rebeldes y poner fin definitivo a su insurgencia.

En septiembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), integrado por más de 5.800 rebeldes, cerró en Caracas el cuarto ciclo de negociaciones con el gobierno. 

«Si verdaderamente tienen una voluntad real y genuina de paz, que eso se traduzca y se vea reflejado en hechos concretos, en gestos inequívocos de querer consolidar ese anhelo», instó Camargo.

El prolongado conflicto colombiano deja nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados. 

La Misión de Observación Electoral (MOE) afirma que es preocupante lo que pasa en Colombia: 534 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales que lo ubican como el segundo año con más agresiones desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.

Colombia cierra un año electoral en el que escogió a sus congresistas y al presidente, mientras que se prepara para el inicio del calendario electoral de 2023 en el que se renovarán los cargos locales y regionales.

Según un informe de la MOE, entre enero y noviembre de 2022 ocurrieron 534 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales. Es el año más violento desde 2016 y está detrás del 2019 solo por un hecho violento.

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Los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Chocó y Putumayo fueron los epicentros de la violencia al concentrar el 46,3 % del total de agresiones y el 56 % de los hechos letales registrados en el territorio nacional, informó la MOE en un comunicado.

La MOE resaltó en su informe algunas de las políticas públicas en prevención y protección de liderazgos implementadas por el nuevo Gobierno, como el plan de emergencia para la protección de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes de paz, y la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

No obstante, alertó que estas políticas necesitan seguir fortaleciéndose y haciéndose efectivas y sostenibles.

El informe de la Fundación Paz y Reconciliación evidencia el crecimiento de la violencia en Colombia desde el 2018, mismo año en que el inició el periodo presidencial de Iván Duque.

En el informe se estableció que Clan del Golfo es el grupo criminal con mayor presencia en el país y se lograron identificar tres etapas de posconflicto, basado en los indicadores de violencia y con las dinámicas de los grupos armados.

“No se va a negociar, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene”, esta frase se volvió conocida por un simpatizante del Gobierno nacional, que la dijo en enero de 2019, en medio de una marcha de rechazo al atentado realizado por el ELN a la Escuela de Cadetes General Santander, en enero del mismo año.

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La línea de investigación en Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Pares, tomó esa advertencia para titular su más reciente informe “Plomo es lo que hay”, en el cual refleja la situación de violencia y seguridad desde agosto de 2018, con el inicio del período de gobierno de Iván Duque. Así lo dijo Infobae en su reporte.

Se identificaron por parte de los Pares, tres etapas del posconflicto de acuerdo con los indicadores de violencia y con las dinámicas de los grupos armados:

Iniciaría con una confrontación en 2017, luego pasaría a una etapa de disputa y reconfiguración territorial entre 2018 y 2020 y la última sería una estabilización armada por parte de los grupos armados desde 2021 hasta la fecha.

“El período de gobierno de Iván Duque ha estado caracterizado por el fortalecimiento y la expansión de los principales Grupos Armados Organizados del país”, dice la Fundación.

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También se señala al 2021 como el año más violento desde la firma del Acuerdo Final de Paz, ya que se registraron los mayores casos de víctimas de minas antipersonal, desplazamiento a nivel nacional, homicidios y producto de la agudización de las confrontaciones armadas.

En el reporte también se habla que en 241 municipios hay presencia del Clan del Golfo, en 183 el ELN, las disidencias de Gentil Duarte en 119 y la Segunda Marquetalia en 61. 

Esto quiere decir, que en el 37 % del territorio nacional hay presencia de Grupos Armados Organizados.

Pares señala que en el 2020 hubo el mayor aumento en los asesinatos contra líderes y lideresas sociales. 

En Cauca ocurrieron 61 casos, en Antioquia 29 y en Nariño 22.

Desde el 2016 Colombia ha estado en el primer lugar con más homicidios contra personas defensoras de Derechos Humanos en América Latina.

Entre 2016 a marzo de 2022 los lideres más afectados fueron los comunales, seguidos de los indígenas, campesinos, comunitarios y afrodescendientes.

Según Front Line Defender aseguró que Colombia en el 2020 era el país con más homicidios en contra de esta población en el mundo.

Las Naciones Unidas dice que en el 92 % de hectáreas de coca que han sido erradicadas de manera forzada hay resiembra, mientras que, en el caso de cultivos, la resiembra llega al 0.8 %. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz.

En el caso de la minería ilegal, el informe dice que existe una gran concentración de explotación de oro en zonas de operación de grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN. 

Esta economía ilegal es un gran riesgo ambiental, debido a su desarrollo en espacios destinados a la protección de recursos naturales. Así lo detalló Infobae.

¿Por qué se están viviendo, casi a diario, tantos hechos de violencia en Colombia?

¿Acaso se vive un nuevo ciclo de violencia hacía el interior de la sociedad colombiana?

La cotidianidad en Colombia, donde acontece una proliferación de hechos violentos, a diario recrudeciéndose atentados y asesinatos, muestran –explícitamente-  que los colombianos sufren por un retroceso de la seguridad…agravándose.

Daniel Pécaut,sociólogo francés experto en política latinoamericana, argumenta:

Desde 1980 Colombia ha sido escenario de una violencia de desconcertante magnitud. Con una tasa de muertes violentas cercanas al 80 por cada 100.000 personas; ubicándose a la cabeza de todos los países del mundo, excluyéndose a los que están en guerras.

Los enfrentamientos en Colombia se dan entre las fuerzas del orden y las guerrillas; empeorando el panorama por los conflictos en que intervienen paramilitares, narcotraficantes, milicias urbanas, bandas mafiosas.

Aconteciendo, hoy, una violencia generalizada, debido a que se agudizan los conflictos por la interrelación que hay entre todos los mencionados actores armados, alimentados por el mal común en que devienen las drogas, máxime todo el aparataje que hay alrededor de la cocaína.

¿Qué ha pasado con los grupos armados ilegales del ElN y las FARC?

Cultivos de coca en aumento, narcotráfico que no para, ELN fortalecido y cada vez más visible, las disidencias de las FARC presentes, ahora el Tren de Aragua operando en territorio colombiano, Los Rastrojos, el Clan del Golfo, el tráfico de migrantes y el control de los pasos ilegales en las fronteras entre las variables de esta realidad.

¿Qué protagonismo y relevancia tiene la situación que se vive en las fronteras de Colombia y todos los problemas sociales que se denuncian en los límites con nuestros países vecinos, empezando por Venezuela?

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El recrudecimiento de la violencia en la amplia y porosa frontera existente entre Colombia y Venezuela, un cruel ejemplo es lo que pasa en Arauca.

La zona fronteriza, en Arauca, padece por una mezcla de muchos factores: presencia histórica del ELN y las FARC (ahora llamada Nueva Marquetalia),

En Arauca no paran las extorsiones a los ganaderos, contratistas y comerciantes, y los asesinatos selectivos crecen.

También se sabe de operaciones militares venezolanas que, de acuerdo con el gobierno de Maduro, han tenido como objetivo proteger la frontera.

A lo que el ministerio de Defensa de Colombia responde diciendo que esos combates eran selectivos porque existía una alianza entre Maduro y la nueva Marquetalia que quería acabar con las disidencias del frente 10 de las FARC.

David Ghitis, reconocido analista y director del famoso medio “La Bodeguita”, hace una certera valoración de la violencia en Colombia:

Esa “Paz de Santos” demostró que más falsa no pudo ser. Juan Manuel Santos, con tal de lograr su Premio Nobel de Paz, le cedió todo a las FARC y fomentó que Colombia esta cada vez más violenta.

La desestabilización que afecta al país, propiciada por Santos, se agrava por la violencia con la que está azotando el ELN buscando amedrentar a los colombianos en pos de empujarlos a votar por un Gustavo Petro que desde ya promete perdonar a los “elenos” y a quienes entregaría más a Colombia, a la usanza de Juan Manuel Santos.

De un nuevo gobierno democrático, de derecha, fuerte, dependerá que Colombia se salve de ir a parar al matadero…al que está siendo empujada por tanta violencia, incrementándose, trastornando el país en ¡insostenible.

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Crhedos) manifestó su preocupación por los hechos de violencia que se vienen registrando en el Magdalena Medio, y que atentan contra la vida y la dignidad humana.

Además, dejó de manifiesto que hay una evidente recomposición de los actores armados en ese territorio.

Iván Madero, presidente de Crhedos, aseguró que hay presencia de grupos herederos del paramilitarismo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en los territorios de San Pablo y Simití (sur de Bolívar) y Barrancabermeja (Santander).

“Han amenazado de muerte, han coaccionado y están forzando a las personas a que dejen sus territorios mediante comunicados públicos. También han citado a reuniones a líderes sociales, ambientales, defensores de derechos humanos, y presidentes de juntas de acción comunal”, dijo Madero.

Para Madero, esta recomposición territorial de los grupos armados en el marco electoral del país afecta la libertad y el derecho de las comunidades a participar en el ejercicio político, e impide también a los candidatos recorrer el territorio llevando su propuesta:

“En los comunicados anuncian que ahora mandan ellos en el territorio y que deben seguir sus normas. En este momento, el Pacto Histórico está amenazado”, sostiene.

Crhedos afirma que desde diciembres de 2021 cerca de 30 paramilitares de las ACG se asentaron en la vereda El Paraíso del municipio de Simití, en donde el pasado 8 de febrero se registró un enfrentamiento entre las ACG y el ELN, situación que puso en riesgo la integridad de los civiles.

Además, agrega que por varios días el grupo paramilitar puso por dos retenes, pese a que el Ejército se encontraba en Punto Tablones, a 500 metros del lugar de los hechos.

En el caso de Barrancabermeja, denuncian la presencia del Eln y estructuras de las AGC en asentamientos humanos ubicados en las comunas 1, 2, 3, 5, 6 y 7; así mismo, hay presencia de estos grupos en el corregimiento el Llanito y Meseta San Rafael.

El reporte de la Corporación informa que 14 personas han sido asesinadas el último trimestre.

“En Barrancabermeja hallamos la imposición de normas de conducta y tránsito en los barrios donde tienen presencia y control territorial. En el caso sobre todo de las mujeres que no cumplen con la norma de control social; como de horarios de ingreso a los barrios, entrar con permiso, con conocidos o pagando extorsiones son amenazadas, golpeadas, despojadas de sus bienes”, añade.

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Dentro del derecho a la protesta, los líderes ambientales han manifestado ante Ecopetrol su oposición a los pilotos de fracking. 

Sin embargo, presuntamente la petrolera ha hecho caso omiso a las recomendaciones de las comunidades, organizaciones sociales y líderes ambientales.

“Los actores armados han tomados una posición frente al tema del ‘fracking’. En días pasados, las ACG citaron a reuniones a la comunidades en San Pablo y Puerto Wilches. Luego de la inasistencia de la comunidad, las autodefensas publican un panfleto donde amenazan a los líderes y asociaciones que se oponen a los pilotos de fracking”, afirmó Madero.

Posterior a ese panfleto, el lunes 7 de febrero, comenzó a circular otro comunicado de las ACG en el que, además de amenazar a líderes ambientales, sumaban a esa lista a liderazgos sociales y políticos. Edwin Palma, Fabián Díaz, Carlos Moreno y Camilo Torres son algunos de los nombres.

La corporación hace un llamado al Estado, los grupos armados legales e ilegales, para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y excluyan a la población civil y sus bienes de la confrontación armada.

La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) informó alarmantes cifras del impacto y tendencias humanitarias en Colombia durante este año.

De acuerdo con la OCHA, hasta octubre de 2021 al menos 64.800 personas se han desplazado en 136 eventos masivos, representando un incremento del 198 % en comparación con el mismo periodo de 2020.

Así mismo, informó que de las personas en esa situación, al menos 53.100 se mantienen desplazadas “con necesidades intersectoriales e incertidumbre sobre su futuro”.

El informe aseguró que sólo el 18 % de las personas desplazadas masivamente durante 2021 ha podido regresar a su lugar de origen; sin embargo, en este punto el informe resalta que muchos regresaron a sus territorios sin garantías de seguridad.

Respecto a este flagelo del confinamiento forzado, el informe señaló que Chocó requiere atención especial pues reporta más del 65 % de las víctimas de este problema a nivel nacional. Las zonas de ese departamento donde persiste en mayor medida esta situación son: Bojayá, Alto, Medio y Bajo Baudó.

Según la OCHA, entre enero y octubre de este año, los Equipos Locales de Coordinación recibieron reportes de 51.400 personas forzadas a confinarse ante la presencia y accionar de los grupos armados ilegales. De este total, más de 38.400 son indígenas y 9.900 afrocolombianos.

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Hay municipios que requieren particular atención, entre esos está Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde 15.000 personas han sido afectadas por desplazamiento masivo y confinamiento a lo largo de 2021.

“Roberto Payán, Magüí Payan, Barbacoas y Tumaco (Nariño) presentan un aumento de enfrentamientos y consecuentes emergencias por desplazamientos masivos, que se han generado a lo largo del año, especialmente a partir de mayo”, sostuvo el informe.

Así mismo en Bojayá, Medio San Juan, Istmina y Alto, Medio y Bajo Baudó, en Chocó, existe un aumento de confinamientos del 17 % en comparación con el mismo período del año anterior. 

En Argelia (Cauca) se destaca la situación de desplazamiento forzado, especialmente desde zonas rurales aledañas al centro de la municipalidad.

Este municipio ha reportado una intensificación de la violencia armada, reflejada en 15 eventos por desplazamiento masivo, en donde al menos 6.778 personas han sido desplazadas por enfrentamientos y combates.

“Otros eventos que llaman la atención y requieren seguimiento es el Resguardo Indígena Llanos del Yari Yaguará II que está ubicado en tres municipios fronterizos La Macarena (meta), Calamar (Guaviare) y San Vicente del Caguán (Caquetá), donde se desplazaron 53 personas de la comunidad indígena debido a amenazas contra el líder de la comunidad”, aseguró la OCHA.

Del otro lado, en Arauca, se reportó por primera vez desde 2018 un desplazamiento masivo de 81 personas tras el homicidio de un joven indígena miembro de la comunidad Makaguán del Resguardo La Esperanza, municipio de Tame, según informó la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

La Personería de Bogotá adelanta procesos a varias denuncias de abuso sexual que se han presentado contra docentes de instituciones estudiantiles por haber atacado sin su consentimiento a menores de edad.

Sobre estos casos, el Ministerio Público Distrital interviene ante la Fiscalía en los procesos penales y en la defensa de las víctimas para establecer cuándo y en qué circunstancias ocurrieron estas acciones y así determinar los responsables en la que los docentes son materia de investigación penal.

Desde el año 2016, la entidad bogotana ha ordenado la destitución de 10 docentes involucrados en actos de violencia y acoso sexual contra niñas, niños y adolescentes; actualmente investigan treinta denuncias que están al cursar procesos penales.

De acuerdo con el reporte realizado por el Registro Único de Víctimas, durante el 2021, en Colombia 33.874 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado, de las cuales en un 91,8% las víctimas han sido mujeres.

Y según las Naciones Unidas una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual durante su vida.

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Durante los últimos años, las violencias contra las mujeres se han posicionado como un grave problema de salud pública y una violación sistemática de los derechos humanos en Colombia, que se continuó agudizando durante la pandemia, cuando por motivo del aislamiento social y obligatorio muchas mujeres tuvieron que quedarse en casa encerradas con sus agresores. 

Tan solo en 2020, 898 mujeres fueros asesinadas en el país, según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y en promedio cada 24 horas, 51.5 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual, el 78 por ciento de estos sucesos ocurridos en sus propios hogares.

Por otro lado, el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló un informe con cifras escalofriantes, se trata de las muertes violetas de mujeres entre los años 2015 y 2019. En promedio, en ese periodo, en Colombia fueron asesinadas 2,7 mujeres cada día.

Según el Sistema Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) en ese periodo se registraron 5.013 muertes violentas de mujeres. Eso quiere decir que la tasa promedio por cada 100.000 mil mujeres es de 4,12. Los días donde se atenta contra la mujer con más frecuencia son viernes, sábados y domingos.

De 600 mujeres atendidas por casos de violencia, el 86,6% fueron agredidas por su pareja sentimental, expareja, algún conocido o familiar. 

En 2.708 de los casos reportados como muerte violenta de una mujer, se utilizó arma de fuego, eso representa el 54% del total.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) dio a conocer cuáles son las seis zonas más violentas de Colombia.

El informe forma parte de la investigación que dio cuenta de 76 masacres y 292 asesinados en 2020, la cifra más alta desde 2014.

Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, denunció que identificaron las seis zonas del país más violentas.

Zonas donde los habitantes están viviendo amenazas constantes, acecho de grupos ilegales y jóvenes reclutados para actividades delincuenciales.

La ONU basó su informe de 2020 en las alertas que envío la Defensoría del Pueblo y otras entidades de protección de derechos humanos.

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En entrevista con RCN Radio, aseguró que el Gobierno no está tomando las acciones necesarias para proteger la vida de los ciudadanos.

“Es difícil escoger un departamento. Realmente hemos visto que son más o menos seis los más afectados por esta violencia», confirmó.

Entre los seis departamentos están: Nariño, Putumayo, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander.

Por su parte el informe anual de la Oficina de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) fue publicado esta semana en Colombia.

Datos importantes dan cuenta que durante 2020 se produjeron 76 masacres en Colombia que dejaron 292 personas asesinadas, incluyendo 6 niñas y 18 niños.

También reveló una preocupante situación en materia de violación de Derechos Humanos y de la situación de líderes sociales.

Líderes que han sido asesinados en Colombia por su condición de defensores de derechos humanos y a pesar de las alertas expuestas sobre su riesgo y amenazas.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró este jueves que “En Colombia se levanta una piedra y sale un sicario”.

Los hizo en el marco de un informe de la ONG sbre las mascres y asesinatos a líderes sociales en el gobierno de Iván Duque.

Vivanco mencionó las 66 masacres y el asesinato de los 421 defensores de derechos humanos durante el 2020 en el territorio colombiano.

Se trata de duros cuestionamientos por parte de HRW a la política de seguridad nacional de Iván Duque.

La cual ha facilitado la ocurrencia de actos de violencia atroz en Colombia.

José Miguel Vivanco, presentó el informe sobre América Latina y cuando se refirió a Colombia, fue enfático en decir que Duque ‘predica y no aplica’.

Esto haciendo referencia a que sus discursos no son acordes con la práctica, pues considera que a pesar de su retórica, esta no corresponde a las acciones que viven los territorios y las víctimas del conflicto armado.

“El presidente Duque tiene un discurso que en general no es beligerante, y que reconoce la importancia de los derechos humanos y la obligación de proteger a los líderes sociales en los territorios”, manifestó Vivanco.

Además Vivanco, cuestionó las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre su posición para enjuiciar a las bandas sicariales en ese país.

“Si la Fiscalía está dedicada a identificar sicarios y a capturarlos, son dos cosas distintas, lo cual obviamente es valioso e importante, pero insuficiente si no se hacen esfuerzos para que las investigaciones judiciales apunten a los cabecillas”, cuestionó.

En el informe de la ONG se refieren a los discursos del presidente Duque donde resalta la importancia de preservar los derechos humanos, guiados por los estándares internaciones.

Pero, criticó la ofensiva «militarista» de Duque.

«La respuesta (…) es el despliegue de tropas militares, y obviamente no es suficiente si no va acompañado con esfuerzos para fortalecer la justicia, la protección de las personas», dijo Vivanco.

Para ‘ratificar’ sus premisas, el director de Human Rights Watch (HRW) se refirió a las 66 masacres que azotaron al país en el 2020.

Además, recordó el asesinato de los 421 precursores de los derechos humanos que perdieron la vida por expresar sus ideales y según argumentó, muchos de eos crímenes siguen en la impunidad.

«El año pasado ha sido probablemente uno de los peores para los derechos humanos, yo me atrevería a decir en las últimas tres décadas, confirmó en una rueda de prensa virtual».

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Ante los cuestionamientos de José Miguel Vivanco y HRW, defensores del gobierno Duque salieron a respaldar al mandatario colombiano.

Por ejemplo, Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos aseguró que es “un poco exagerado decir que debajo de cada piedra hay un sicario”.

La consejera argumentó que el narcotráfico sigue siendo el principal problema en el país y por eso “es que se debe ser contundente la acción de la fuerza pública”

En relación con los cuestionamientos de HRW sobre la Fiscalía, defendió la postura del ente investigador asegurando que:

«Se generó el cartel de los más buscados, justamente porque la Fiscalía General de la Nación identificó 31 responsables de homicidios de líderes sociales».

Las reacciones en redes sociales están divididas: “hay muchas piedras” y no de todas salen sicarios se lee entre los comentarios.

Otros aseguraron que la mayoría de gente en el país es honesta y también se preocupan por la violencia y el respeto por los derechos humanos.

Vivanco también se refirió en el informe a otros países del continente, volvió a decir que las administraciones de Daniel Ortega en Nicaragua y a Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro en Cuba como «dictaduras».

“Son tres dictaduras que están más consolidadas y más fuertes que nunca a pesar de los abusos, a pesar de la presión que se ejerce a nivel internacional, de las denuncias, de la documentación que existe sobre crímenes atroces cometidos por esas tres dictaduras”, expresó el director de la ONG.

En el corregimiento Bijagual de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, en Colombia, ocurrió una masacre. Asesinaron a cuatro personas. Los pobladores sostienen que se trató de un ataque armado cometido en la tarde de este martes.

Según el reporte preliminar, el hecho ocurrió en un billar y las víctimas serían tres hombres y una mujer, informó BluRadio.

“Estemos coordinando con la Fuerza Pública para llegar al sitio de los hechos, pero es una zona con alta presencia de grupos al margen de la ley por lo que hay que tener los cuidados necesarios”, dijo Marcos Javier Madera, alcalde de Nechí.

Precisamente, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, informó que enviaron tropas en la zona para atender la situación.

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Según El Espectador, hombres armados habrían irrumpido en el billar y asesinaron, incluso, al propietario del establecimiento. La comunidad denuncia que varias personas quedaron heridas y Nechí se convirtió en un pueblo fantasma: «por el miedo, todo el mundo se resguardó en su casa».

De acuerdo con información preliminar de la comunidad, hasta la noche la fuerza pública no había hecho presencia aún. Un hombre que resultó herido en la balacera no pudo ser trasladado a otro municipio cercano.

Según los pobladores de Bijagual, es la primera vez que esta región aurífera es testigo de un crimen de estas dimensiones. Nechí, sin embargo, es escenario de violencia, protagonizada por el Clan del Golfo. Sujetos pertenecientes al clan se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas. También están los Caparros. Son dos bandas al servicio del narcotráfico que ejercen control de la población civil tal como lo hacían los grupos paramilitares.

Según organizaciones civiles, en Colombia se han cometido no menos de 132 masacres desde el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016.