Un total de 644 homicidios y 334 desapariciones y secuestros fueron documentados en regiones fronterizas de Venezuela por la ONG Fundaredes, que este jueves presentó un informe sobre la violencia en zonas limítrofes.

La cifra de muertes violentas en áreas fronterizas bajó 34,2% en 2022 frente a la de 2021 (979), pero la de desapariciones y secuestros subió 7,4%, en comparación con la del año anterior (309), según el estudio de activistas de Fundaredes en estados que limitan con Colombia, Brasil y países del Caribe como Curazao y Aruba.

Adriángela Álvarez, investigadora de Fundaredes, alertó que 80 de las 334 víctimas de desapariciones y secuestros fueron mujeres, la mayoría cuando buscaban emigrar forzadas por una severa crisis económica que, según la ONU, ha llevado a más de 7 millones de venezolanos a dejar su país.

«Se convierten en presa fácil de las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, así como de grupos armados irregulares y bandas delincuenciales que mediante ofertas engañosas las captan y someten a trabajos forzosos y prostitución», indica el informe reseñado por AFP.

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Crítica con Nicolás Maduro, la ONG denuncia la actividad de grupos criminales y combatientes de la guerrilla colombiana del ELN y disidentes de las FARC, así como de mafias de minería ilegal.

Fundaredes reportó 167 enfrentamientos violentos en 2022, la mayoría con actuación de cuerpos de seguridad del Estado.

Su director, Javier Tarazona, permanece preso en Venezuela desde el 2 de julio de 2021, acusado de «terrorismo», «instigación al odio» y «traición a la patria». La ONG denuncia una «detención arbitraria» e «ilegal» y exige su libertad.

Las Naciones Unidas consideraron como «un ejemplo preocupante» de las «restricciones al espacio cívico» en Venezuela los arrestos de Tarazona y otros dos activistas que posteriormente fueron excarcelados con la orden de presentarse periódicamente en tribunales. Ocurrieron luego de que estos acusaran al gobierno de Maduro de tener vínculos con grupos armados irregulares que actúan en la frontera.

Venezuela es uno de los países garantes de las negociaciones de paz que el gobierno de Colombia retomó el pasado 21 de noviembre con el ELN, que buscan emular el histórico acuerdo firmado en 2016 con las FARC.

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas al ser acribilladas por un grupo irregular en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Funcionarios de la FANB tuvieron que reforzar la vigilancia en la zona, ante el aumento de los hechos violentos, por parte de grupos armados que están en pugna por el contrabando y tráfico de drogas.

Nuestra reportera en el estado Táchira, Maryné Glod, informó que las víctimas eran: Jesús Reyes y Brandon Ortiz, ambos de nacionalidad colombiana.

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Según las autoridades del país vecino, los irregulares comenzaron a perseguir esas personas en la trocha El Águila, en el lado venezolano y los ultimaron del lado colombiano.

La Policía y la Fiscalía en Cúcuta comenzaron las investigaciones para identificar a los autores del hecho.

En la zona reina la pugna entre el ELN, disidencias de las Farc y otros grupos irregulares que tienen azotados a sus habitantes.

«Durante el mes de julio del 2022 se presentó un escenario desalentador debido al incremento de las actuaciones de grupos armados irregulares y bandas criminales con alto poder de fuego, no solo en las entidades que conforman la línea fronteriza, sino en otras regiones del país».

El párrafo anterior corresponde al informe sobre el contexto fronterizo de la ONG Fundaredes, donde destaca que en los estados fronterizos han al menos 16 bandas armadas y se han producido 50 muertos, en solo 30 días.

Señala que se trata de la exacerbación de los «enfrentamientos por el control de territorio para el desarrollo de actividades ilícitas, extorsiones, asesinatos, trata de personas, esclavitud moderna, narcotráfico, contrabando de minerales, desapariciones y secuestros».

Esas son las causas que «arrojan como resultado 50 personas fallecidas» y el «el incremento de las actuaciones delictivas de grupos armados irregulares (GAI)», lo cual «deja un escenario desalentador, especialmente en el Zulia quien una vez más encabeza el listado de los más violentos, con la presencia de al menos 16 bandas criminales».

El escrito resalta que tres entidades padecen por la violencia criminal de estos grupos.

«En el estado Guárico, con la actuación de la poderosa megabanda Tren del Llano, e igualmente en el estado Táchira donde operan células del Tren de Aragua. Otra entidad, como el estado Apure, presenta también un alto índice de vulneraciones, pues allí lasorganizaciones criminales operan libremente y sin ningún tipo de restricciones por parte de las autoridades».

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El documento hace especial referencia a la zona sur del Táchira que «se vio arropada con un alto indicador de violencia, puesto que perdura el control de los pasos irregulares por parte de grupos delictivos».

Denuncia que ello «permite el desarrollo de actividades ilícitas que usan como fuente de ingresos y como canal para el tráfico de numerosos productos, como combustibles, minerales, personas y drogas».

Asimismo, resalta que «Bolívar se impuso como el tercer estado más violento, donde se evidencia la grave deforestación y contaminación por la minería ilegal, afectando a los ríos Icabarú, Paragua y Caroní».

A ello se suma «la destrucción de 1.200 hectáreas de selva virgen que mantiene en riesgo de desaparición a diversas especies».

En Falcón, resalta «la presencia de organizaciones dedicadas a traficar sustancias ilícitas, las cuales aprovechan la ubicación geográfica de la entidad costera para transportar por vía marítima o aérea, mercancías ilegales».

La captación de personas para cometer delitos es otro flagelo que azota varios estados del país y no necesariamente de la frontera, como enfatiza el informe de la ONG.

«Entidades como Sucre, Anzoátegui, Guárico, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Mérida, confirman la indefensión en la que se encuentra la población venezolana, frente a la constante violación a sus derechos fundamentales», dice.

«Esto se ve reflejado en la grave emergencia humanitaria compleja, facilitando que organizaciones criminales puedan engañar y captar posibles víctimas a sus filas», agrega.

Hace especial mención a «la proliferación de redes de trata y tráfico de personas» que «ha mutado en el estado Delta Amacuro, esto ante la desesperación y angustia que sus habitantes padecen por la profunda emergencia humanitaria compleja: Esto obliga a muchos a migrar bajo condiciones de tráfico marítimo, sobre todo por la conexión con las islas de Trinidad y Tobago».

Cientos de personas, muchas de ellas indígenas, han cruzado la frontera entre Apure en Venezuela y Vichada en Colombia. Son desplazados que huyen de la violencia en la frontera que se ha sostenido por varios días y por la que ambos gobiernos han desplegado militares.

“Han cruzado con sus hijos y con los chinchorros, con mucho miedo. Duermen debajo de los árboles a la orilla de los ríos y otros en el pueblo. No tienen un albergue, están a la intemperie, si llega a llover se van a mojar y enfermar”. Así lo dijo el miércoles a The Associated Press, Henny Gutiérrez, gobernadora indígena de Puerto Carreño, Vichada.

Human Rights Watch calcula que hay al menos 500 venezolanos desplazados forzosamente en Vichada, al este de Colombia. Entre ellos se incluyen indígenas sikuani y amorúa. Gutiérrez, por su parte, advirtió que la cifra de desplazados ascendería a 800 personas. No obstante, todavía no hay un número consolidado de afectados dado por el gobierno.

Juan Pappier, experto para Colombia de HRW, explicó a la AP que las personas están huyendo por amenazas de reclutamiento forzado. Además de los enfrentamientos en suelo venezolano entre el ELN y el Frente 10 de las disidencias de las FARC.

Los enfrentamientos entre estos grupos armados se empezaron a registrar con fuerza desde el 3 de enero. El gobierno colombiano confirmó la muerte de 23 personas en Arauca, algunas de ellas con antecedentes judiciales por porte ilegal de armas y secuestro.

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Colombia desplegó 700 miembros de grupos de operaciones especiales con el objetivo de capturar a las disidencias de las FARC y el ELN. Venezuela también reforzó su presencia militar en Apure para combatir a los que llaman “grupos Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos)”.

“Hasta ahora, el despliegue de tropas a zonas de conflicto no ha dado resultados en Colombia. Enviar soldados a Arauca no alcanza por sí solo para enfrentar los problemas estructurales en el departamento y difícilmente logre solucionar la actual crisis”, aseguró Pappier de HRW.

Los desplazamientos internos que iniciaron en Arauca, fronteriza con Apure, con un par de decenas de familias colombianas fueron aumentando. Algunas de ellas llegaron a Norte de Santander. Sin embargo, en Vichada el fenómeno ha sido distinto debido a que los desplazados son de nacionalidad venezolana.

La Defensoría del Pueblo ha atendido a las personas desplazadas y advirtió, desde el 14 de enero que la situación podría agravarse. ”(Venezolanos) nos informaron que van a llegar más familias desplazadas. En territorio venezolano estas organizaciones ilegales estaban reclutando adolescentes y personas que tengan hasta 30 años».

El Consejo Noruego para Refugiados en Colombia advirtió a la AP que ni en Arauca ni en Vichada hay recursos financieros para adecuar y atender a la población en los albergues temporales. Por ello, los desplazados requieren elementos básicos como carpas, productos de higiene, agua potable y alimentos. También acompañamiento psicosocial y educación, la cual han tenido que suspender por el conflicto.

Michelle Zurfluh Requiniva, secretario de Gobierno de Vichada, dijo a la AP que desde hace varios días instalaron un puesto de mando unificado que reúne a la institucionalidad y una sala de crisis. Además, realizan una caracterización de las víctimas para luego “adelantar acciones con disponibilidad de recursos”. Requiniva aseguró que la Gobernación de Vichada está dándoles a las víctimas agua potable.

La ONG Fundaredes denunció ante la Fiscalía que, durante el tercer trimestre de 2021, se registraron 176 homicidios en seis de los ocho estados fronterizos entre Brasil y Colombia.

Fundaredes detalló, a través de un comunicado, que el estado Bolívar es la entidad donde ocurrieron más homicidios, con un total de 68. Le sigue el Zulia con 62, Táchira con 24, Falcón con 16, Apure con 4 y Amazonas con 2.

Además, la ONG también contabilizó «53 enfrentamientos que se enmarcan en los patrones de presuntas ejecuciones extrajudiciales». En ellas 65 personas murieron a manos de funcionarios de seguridad del Estado» entre julio, agosto y septiembre.

Subrayó que los organismos policiales implicados son el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Además de las policías regionales de Zulia y Bolívar, y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

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La organización computó también «94 personas desaparecidas o secuestradas».Son 60 más que las registradas durante el mismo período de 2020, cuando contó 34 desapariciones o secuestros.

Igualmente, alertó que, en estados como Apure, las víctimas o sus familiares han relatado que «grupos armados irregulares son los responsables» de las desapariciones. Dicen que en la zona actúan «las Fuerzas Bolivarianas de Liberación y también grupos de origen colombiano asentados en el territorio venezolano».

La denuncia de Fundaredes ante el Ministerio Público tiene el objetivo de «solicitar a los organismos del Estado venezolano que se investigue». También que «se detecte a los responsables y se apliquen las leyes para frenar la ola de violencia que afecta a los habitantes de la frontera de Venezuela».

La ONG FundaRedes presentó el informe Curva de la violencia del año 2020 que determinó un aumento de 200% de la criminalidad en la frontera. En estado como Táchira, Zulia, Bolívar y Apure, se registraron1.613 asesinatos, 555 combates entre grupos guerrilleros y hubo unos 208 secuestros o desapariciones forzosas.

«En el año 2020 se registraron 1613 homicidios, de los cuales 1529 víctimas eran hombres, 74 mujeres. Otras 10 no fue posible determinar el género. En comparación con 2019 hubo un aumento de 455 casos, lo que representa un incremento de 39,29%», destacó la ONG.

Resalta que «en el estado Zulia hubo 604 muertes, 576 hombres, 23 mujeres y 5 no se les pudo determinar género».

El segundo lugar «de criminalidad lo ocupó el estado Bolívar, con 536 casos. En el tercer lugar de violencia criminal se encuentra el estado Táchira con 249 homicidios».

En lo que refiere al estado Falcón hubo 167 homicidios, 156 hombres, 10 mujeres. El estado Apure registró 50 homicidios, entre ellos 3 mujeres. Y en el estado Amazonas se documentaron 7 casos, todos hombres.

Las edades de las víctimas de homicidios comprenden entre los 10 meses y los 85 años. «47 eran niños, niñas o adolescentes, lo que evidencia la muerte violenta de menores de edad y jóvenes en edad productiva», dice FundaRedes.

«Las cifras que se registraron en 2020 revelan la indiferencia del Estado para la investigación y seguimiento de las denuncias», señala.

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Asimismo, resalta que el año pasado «hubo un total de 208 desapariciones y/o secuestros. La mayoría de las víctimas, 150, eran hombres. El incremento de casos de personas desaparecidas este año con respecto a 2019 es de 128,57%. Es decir que hubo 117 secuestros y/o desapariciones más».

En el estado Táchira se registró el mayor número de personas desaparecidas en el año 2020, con 69 casos. Entre ellos 17 eran mujeres. Bolívar ocupó el segundo lugar, con 56 casos.

En Falcón se registraron 46 personas desaparecidas, la gran mayoría en hechos ocurridos en altamar . Allí se ha reportado la existencia de bandas criminales que trafican personas.

El estado Zulia se posicionó en el cuarto lugar con 36 casos, de los cuales 15 eran mujeres. Apure registró 16 casos y Amazonas 2 hombres desaparecidos.

«En medio de la cultura de la violencia que progresivamente se ha apoderado no solo de la frontera, sino de toda Venezuela, los enfrentamientos armados constituyen un elemento que incrementa de manera significativa los índices de homicidios».

En este sentido, la ONG determinó que «en 2020 hubo 555 enfrentamientos en los seis estados fronterizos. Esto causó la muerte a 855 personas. Es es decir, más de la mitad del total de homicidios (1.613) registrados en el informe».

En el estado Zulia hubo 286 enfrentamientos. Le siguió el estado Bolívar con 168, Falcón con 50 y Táchira con 46. Luego siguieron Apure con 4 y por último Amazonas con un enfrentamiento y una víctima.

Una tercera parte del total de homicidios registrados en los seis estados fronterizos ocurrió en Zulia (604). «Por ello, la entidad se convirtió en la más violenta».

«Las disputas entre grupos armados irregulares por el control de territorios fronterizos y los pasos ilegales conocidos como trochas inciden de manera significativa en los altos índices de violencia del estado Táchira», dice el reporte.

Falcón se convirtió en una especie de “puerto seguro” para las redes de contrabando de distintos rubros, incluidas drogas. «Es por este estado, cuyo extremo oriental colinda con las Antillas Neerlandesas, por donde inicia una cadena criminal de trata de personas».

«Los estados fronterizos más violentos en 2020 fueron Zulia y Táchira, ya que tienen la actividad comercial más dinámica de América Latina y a pesar del cierre fronterizo, tanto por Colombia como por Venezuela, sigue presentando un dinamismo excepcional», lamentó la ONG