Un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue asesinado por su pareja sentimental en la población de la Victoria, en el estado Aragua.

La víctima fatal fue identificada como Jesús Alberto Aguirre Pérez, de 31 años de edad, quien al parecer sostuvo una fuerte discusión con su pareja en el hogar de ambos.

Al parecer, la mujer habría tomado una pistola propiedad del agente del orden y le disparó a la cabeza.

La información extraoficial indica que la supuesta asesina intentó fingir un suicidio, pero una vez que los investigadores del CICPC realizaron las diligencias correspondientes, pudieron determinar que el hombre no se habría disparado.

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Al parecer, al hacer los análisis y las pruebas de pólvora, la mujer habría arrojado un resultado positivo.

Se pudo conocer que la detenida se encuentra a la orden del Ministerio Público.

La Personería de Bogotá adelanta procesos a varias denuncias de abuso sexual que se han presentado contra docentes de instituciones estudiantiles por haber atacado sin su consentimiento a menores de edad.

Sobre estos casos, el Ministerio Público Distrital interviene ante la Fiscalía en los procesos penales y en la defensa de las víctimas para establecer cuándo y en qué circunstancias ocurrieron estas acciones y así determinar los responsables en la que los docentes son materia de investigación penal.

Desde el año 2016, la entidad bogotana ha ordenado la destitución de 10 docentes involucrados en actos de violencia y acoso sexual contra niñas, niños y adolescentes; actualmente investigan treinta denuncias que están al cursar procesos penales.

De acuerdo con el reporte realizado por el Registro Único de Víctimas, durante el 2021, en Colombia 33.874 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado, de las cuales en un 91,8% las víctimas han sido mujeres.

Y según las Naciones Unidas una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual durante su vida.

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Durante los últimos años, las violencias contra las mujeres se han posicionado como un grave problema de salud pública y una violación sistemática de los derechos humanos en Colombia, que se continuó agudizando durante la pandemia, cuando por motivo del aislamiento social y obligatorio muchas mujeres tuvieron que quedarse en casa encerradas con sus agresores. 

Tan solo en 2020, 898 mujeres fueros asesinadas en el país, según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y en promedio cada 24 horas, 51.5 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual, el 78 por ciento de estos sucesos ocurridos en sus propios hogares.

Por otro lado, el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló un informe con cifras escalofriantes, se trata de las muertes violetas de mujeres entre los años 2015 y 2019. En promedio, en ese periodo, en Colombia fueron asesinadas 2,7 mujeres cada día.

Según el Sistema Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) en ese periodo se registraron 5.013 muertes violentas de mujeres. Eso quiere decir que la tasa promedio por cada 100.000 mil mujeres es de 4,12. Los días donde se atenta contra la mujer con más frecuencia son viernes, sábados y domingos.

De 600 mujeres atendidas por casos de violencia, el 86,6% fueron agredidas por su pareja sentimental, expareja, algún conocido o familiar. 

En 2.708 de los casos reportados como muerte violenta de una mujer, se utilizó arma de fuego, eso representa el 54% del total.

Un hombre arrojó su pareja embarazada al piso y la golpeó con una tabla en la cabeza, causando fuerte lesiones a ella y a la criatura en su vientre.

Familiares de la mujer embarazada denunciaron a Miguel Ángel Delgado ante los organismos policiales del estado Táchira, quienes abrieron una investigación judicial.

Por órdenes de Fiscalía del Ministerio Público, lo detienen por su presunta responsabilidad en la comisión de violencia física en contra de su pareja.

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El hecho ocurrió el pasado 13 de octubre en la residencia de la víctima, en la población de Bramon, municipio Junín del estado Táchira.

Según la investigación desarrollada por las autoridades policiales conjuntamente con el Ministerio Público, Delgado se encontraba dentro de la vivienda cuando sostuvo una discusión con la mujer.

«La arrojó contra el suelo y agredió físicamente con una tabla», aseguran fuentes policiales. La joven la trasladaron a un hospital para controlar al bebé y revisar las lesiones causadas.

La situación de violencia familiar fue denunciada ante las autoridades, reseñó La Nación.

Una comisión de funcionarios adscritos a la Estación de Politáchira en Rubio, se trasladó hasta el lugar de los hechos, procediendo al arresto, en flagrancia.

Delgado está a las órdenes del Ministerio Publico.

Con miedo y tristeza, Rocío de Jiménez habló sobre la brutal golpiza que le propinó su esposo, «el militar agresor», Gonzalo Antonio Jiménez, y que es grabado por su hijo de 12 años.

“¡No es la primera vez!”, dijo la mujer maltratada al reportero de Impacto Venezuela, Santiago Gutiérrez, quien se trasladó a la Comisaría de Los Salías en el estado Miranda para conocer del caso.

De Jiménez asegura que no sabía que su hijo de 12 años grababa la golpiza y explica que ella le pidió al niño “que le dijera a la vecina que por favor llamara a la policía”.

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“Han sido muy frecuente los maltratos y este fue el límite en el que dije que ya no podía continuar en esta situación. Estaba decidida a denunciar”, dijo.

Este lunes es la audiencia de presentación, donde imputarán al coronel por el cargo de “femicidio agravado en grado de frustración”, informó el fin de semana el fiscal del régimen Tarek William Saab.

«Ministerio Público reafirma su compromiso en defensa de la familia y la mujer», enfatizó Saab.

Según testigos de la zona de Las Minas en San Antonio de Los Altos, estado Miranda, la pareja protagonizaba los episodios de violencia y, aunque llamaban a las autoridades, estas no le daban curso a la denuncia presuntamente por tratarse de un efectivo militar.

«Hay dos niños en el apartamento que sometieron a esta situación constantemente», contó a El Tequeño uno de los testigos.