Desde que se zarpa del puerto fluvial en Quibdó se siente la zozobra. Los paramilitares controlan el río Atrato y sin su permiso no se puede navegar ni hacer casi ninguna actividad y para que nadie lo olvide han pintado sus iniciales en los muros poblados ribereños.

A tan solo 15 minutos de Quibdó, capital del departamento colombiano del Chocó se lee: «AGC», siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo. La gente comenta en voz baja que tiene miedo porque los paramilitares están en los caseríos.

«El departamento del Chocó vive una encrucijada y una crisis humanitaria tremendamente grave», dice a Efe Leiner Palacios. Él es miembro de la Comisión de la Verdad y sobreviviente de la masacre de Bojayá, perpetrada por la guerrilla de las FARC en 2002.

Desde Bojayá, donde el pasado 2 de mayo se conmemoraron 20 años de esa matanza que dejó cerca de un centenar de muertos, entre ellos 48 menores de edad, Palacios denuncia que «la seguridad se ha deteriorado terriblemente». Así como «la presencia de las Fuerzas Militares por el afluente del Atrato en connivencia completa y total con los grupos armados, con las AGC».

«Esa connivencia se expresa precisamente en que (los militares) no hacen operaciones para restringir la movilidad de estos grupos armados ilegales», por lo que Palacios se pregunta: «¿Cómo entender que todas las casas de estos pueblos estén marcadas? ¿Dónde está la fuerza pública haciendo su deber?».

Lea también: Asesinan a sindicalista de la Universidad del Valle en Colombia

Palacios señala que «el narcotráfico sigue moviéndose por estos territorios» y que «en Bojayá desde hace cuatro años no había ni una sola mata de coca». Hoy hay «varias hectáreas de coca sembradas», lo que atribuye a «los grupos armados con la anuencia de los militares que están en el territorio».

El comisionado, que había viajado a Bojayá por el aniversario de la masacre en la que perdió 32 familiares, se encontró con que la gente está alarmada con la nueva violencia.

«Me contaron de niños y niñas que han caído en la drogadicción y el alcoholismo y cómo empieza a proliferar ese fenómeno aquí», dice.

Palacios relaciona el conflicto y el olvido del Estado con el incremento de la pobreza.

«Imagínese un campesino que ha sufrido en estos últimos 20 años seis desplazamientos o sea, estamos hablando que en seis ocasiones la actividad productiva que emprendió se vio truncada».

Añade que en este momento más de 70 % de la población vive en confinamiento porque los grupos ilegales no les permiten ir a sus parcelas a cultivar y les restringen la pesca.

«Aquí no hay empresas, no hay entradas para la gente, la gente vive de la agricultura, de la pesca y cuando se suspenden esas actividades (…) eso la lleva a mayor empobrecimiento», manifiesta.

Para Palacios también está claro que el Estado invierte menos en el Chocó, pues «cuando el Estado hace una escuela aquí en otros lugares ha hecho cinco».

Los afrocolombianos del Chocó son mayoritariamente campesinos y pescadores que viven en casas palafíticas, en caseríos desperdigados por la selva, sin servicios públicos adecuados, sin carreteras y donde la única vía de comunicación son los ríos.

«No podemos decir lo que no es, siempre hemos estado abandonados; en el pueblo nunca habido alcantarillado, acueducto, nada», dice a Efe Faustino Flores Palacios, que tenía 12 años cuando ocurrió la masacre que también atribuye al olvido estatal «porque no había ley en el pueblo, no había policía, no había soldados».

En la zona la gente vive amedrentada por los enfrentamientos entre las AGC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos que se disputan el control territorial y que, según el comisionado, «tienen a las comunidades totalmente sitiadas».

«La presencia del ELN es otro de los factores muy graves, el ELN está implementando minas antipersonales», dice.

Tampoco esconde su enojo y tristeza por las violaciones sexuales como arma de guerra y por el racismo, problemas que se creían acabados con la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016.

«Escuchar los niveles de violencia contra las mujeres indígenas ha sido tremendamente doloroso para mí (…) me contaron de niños y niñas que se han suicidado» para evitar que los grupos armados los recluten o los abusen.

Víctor Carpio, comisionado de derechos humanos de la mesa de diálogo y concertación de los pueblos indígenas del Chocó, dice que el suicidio de jóvenes ocurre a diario: «Hoy llevamos 150 jóvenes suicidados en los territorios».

Líderes de la comunidad subrayan la necesidad de esclarecer toda la verdad y conocer todos los responsables de la violencia durante el conflicto con las FARC, pues aseguran que la situación se está repitiendo.

Durante la conmemoración de la matanza de Bojayá el obispo de Soacha (Cundinamarca), Juan Carlos Barreto, dijo: «Las organizaciones étnico territoriales y sociales, y también la iglesia, hemos advertido sobre la necesidad de que se investigue todo este avance de los grupos armados ilegales en el territorio» para que se investigue y sancione a los responsables.

Por su parte, la vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alexandra Sandoval, explicó que en ese tribunal están discutiendo si «el caso de Bojayá y la situación en Chocó pueden enmarcarse en alguno de los (macro) casos que ya se encuentran priorizados» y que son siete en total.

Si la JEP los incluye, Sandoval dice que «tocaría establecer los máximos responsables pertenecientes a todos los actores, no solamente a las FARC, sino a todos quienes pudieron estar involucrados» en la violencia.

Un campesino del estado Apure -fronterizo con Colombia- perdió el pie izquierdo al pisar un artefacto explosivo.

El anuncio lo hizo el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez, quien aseguró que el artefacto es responsabilidad de «narcoterroristas colombianos».

«Como consecuencia de pisar un artefacto explosivo instalado por narcoterroristas colombianos en nuestro territorio apureño, un humilde campesino perdió su pie izquierdo». El hecho ocurrió mientras «se desplazaba en su faena diaria a través del campo». Al campesino «lo auxiliaron los miembros de la FANB», escribió Hernández en su cuenta de Twitter.

Lea también: ¡ATAQUE CON EXPLOSIVOS! Disidentes de las FARC destruyeron aduana de La Victoria, en Apure

El tuit lo acompañó de imágenes en las que se observa a un hombre acostado en una camilla con el extremo de la pierna vendado.

En febrero, el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, informó que, al menos, ocho personas fallecieron en Venezuela por la detonación de minas antipersona instaladas en Apure». También dijo que los grupos armados colombianos son los que ponen las minas en el territorio.

Hernández informó que la FAN desmanteló, también en Apure, un campamento en el que se ocultaba «material de guerra», usado por «narco-terroristas colombianos».

Según el militar, el operativo se desarrolló siguiendo las órdenes de Nicolás Maduro, de continuar el combate a grupos irregulares. Dijo que tienen el deber de desactivar explosivos «improvisados» y trampas tendidas por miembros de bandas que buscan «atentar» contra los venezolanos.

«Cumpliendo órdenes del comandante en jefe Nicolás Maduro, explosivistas de la FANB continúan combatiendo grupos tancol. Desactivan explosivos improvisados y trampas colocadas por el narcotráfico colombiano en Apure para atentar contra la vida, libertad y dignidad de los venezolanos», explicó Hernández en la red social.

«Tancol» es un acrónimo inventado Maduro para hacer referencia a los «terroristas armados narcotraficantes colombianos».

Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos disidentes de las FARC se sienten por gran parte de la frontera entre Colombia y Venezuela. Los mismos van dejando centenares de desplazados y desaparecidos en el camino.

«A nosotros nos mandaron que teníamos que dejar todo lo que teníamos», aseguró a Efe una de las desplazadas. Ella llegó hace pocos días a Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, desde Cinaruco, en Venezuela.

Esta ciudad está a más de 370 kilómetros de Saravena, Arauca, Tame y Fortul, donde a principios de enero el ELN comenzó una ofensiva de asesinatos selectivos. Lo hizo contra miembros o aliados del Frente Décimo y 28 de las disidencias. Estos ataques han dejado una ola de violencia de retaliación, incluida la declaratoria de guerra por parte de estos frentes, que dicen estar a las órdenes de unas FARC nacionales.

Hasta la fecha, a esta pequeña ciudad de menos de 20.000 habitantes se han trasladado 936 personas de 277 familias. La Defensoría del Pueblo de Colombia corroboró que 55 % de estos desplazados son indígenas migrantes. Otro 42 % son venezolanos y 3 % campesinos o pescadores colombianos.

«Ahí donde nosotros estábamos mataron a un pocotón de gente, como unos 12», aseguró uno de los campesinos.

Este confrontamiento armado entre los dos grupos ocurre en Arauca, un departamento donde el ELN concentra gran parte de sus efectivos. Allí la presencia del Estado es casi nula, lo que ha provocado el desplazamiento masivo hasta la fecha de 1.486 personas de 455 familias.

La población en la zona también vive bajo amenazas, que conciernen sobre todo a líderes sociales o presidentes de juntas de acción comunal, la prohibición de moverse entre municipios o secuestros.

También hay reportes de un incremento en el reclutamiento forzado, incluido el de menores.

«Una constante que hemos podido evidenciar: hambre, olvido y abandono», dijo a Efe el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, tras visitar a varios grupos de desplazados en Puerto Carreño, desde donde exhortó a las autoridades a una mayor presencia y atención a estas comunidades.

Lea también: Disidencias de las FARC declara la guerra a la segunda Marquetalia y el ELN

En Arauca la tensión entre el ELN y los frente Décimo y Veintiocho de las extintas FARC ha escalado brutalmente desde el comienzo del año. Ya hay al menos 34 muertos, aunque organizaciones sociales hablan de 40.

En ese departamento, el ELN y las antiguas FARC ya se enfrentaron en una «guerra de guerrillas» entre 2005 y 2011. La misma dejó medio millar de civiles muertos y una gran cantidad de bajas en las filas de ambos grupos.

De ahí salió un acuerdo, una especie de «manual de convivencia». Allí aceptaron respetar sus territorios y no enfrentarse entre ellos, que se siguió respetando tras la desmovilización de las FARC.

Sin embargo, en los últimos meses estos dos frentes, que se cree que están coordinados por las disidencias nacionales de alias «Gentil Duarte», han crecido en tamaño y amenazado la hegemonía que tiene el ELN en esta parte del país y en el lado venezolano, donde se calcula que están entre 60 y 70 % de sus efectivos.