María Eugenia acusa a un policía de haber matado a su nieta de 11 años en una barriada de Caracas, mientras apunta con un dedo el agujero que la bala dejó en una ventana de su casa.

El policía dice que vio «una sombra», pero «él disparó a la niña, directamente a la niña», relata María Eugenia Segovia, de 54 años, al rememorar la tragedia que vivió el pasado 13 de noviembre.

Su nieta, Yadimar, dormía cuando el proyectil la alcanzó en la nuca después de atravesar una de las barras de la reja de la ventana y hacer añicos el vidrio.

Las denuncias de muertes a manos de autoridades se han multiplicado en Venezuela. La ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), referencia ante la falta de cifras oficiales, documentó más de 700 fallecimientos a manos de policías en el primer semestre del año, reseña la agencia AFP.

María Eugenia cuenta que encaró al oficial y un compañero que le acompañaba.

«Me acerqué a él y me le paré al frente y le dije: ¡le dispararon a la niña, le disparaste a mi nieta!», rememora. «Dieron la vuelta y salieron corriendo».

Al menos cinco personas fueron detenidas por este crimen, según la policía científica. «No tengo confirmación de que sean funcionarios policiales», señaló por su parte un portavoz de la Fiscalía.

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Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales en 2020 y 2021 en operaciones contra la delincuencia, lo que consideraron como una «política de Estado» de exterminio.

En un clima de impunidad generalizada ocurren igualmente casos como el de Yadimar, dice el director del OVV, Roberto Briceño León, en los que hay responsabilidad «individual» de un policía o un grupo de policías, más que órdenes superiores.

La violencia se ha ido «mudando» de los delincuentes a los policías, afirma Briceño León, quien alerta que «en buena parte del país, los policías tenían más víctimas y más muertos que los propios delincuentes».

Vecinos y familiares de la niña, que estudiaba sexto grado, dicen que los policías cacheaban a un joven en el sector y que allegados salieron a reclamar. Los funcionarios, que según Segovia pertenecían a la Dirección de Contraingeligencia Militar (DGCIM), pidieron «refuerzos» y entraron a la calle disparando de acuerdo con su relato.

Otros aseguran que los policías estaban bebiendo antes del incidente.

Los familiares de la niña hicieron una denuncia ante la Fiscalía. Piden justicia y «más control» sobre las fuerzas del orden.

«No podemos tenerles más miedo a ellos que a la propia calle», comentó Yuleimy Valencia, de 34 años, prima de la pequeña.

La ONU ha expresado su preocupación sobre los operativos policiales, mientras la Fiscalía se defiende de las acusaciones de impunidad asegurando que 358 funcionarios de seguridad han sido condenados por violar derechos humanos.

La ONG Cofavic estima que «98% de los casos de violaciones de derechos humanos no llegan a ser investigados».

«¿Por qué te fuiste Yadimar?, ¿por qué tú, amiga, te fuiste?, ¡vuela alto!», se leía en uno de los carteles pegados en las paredes de su casa.

Globos blancos, canciones infantiles, flores y marcas de manos blancas figuraban alrededor de la urna de la niña, despedida por una multitud.

Yadimar era «carismática, alegre y gozosa», coinciden su abuela y prima. Estaba bajo el cuidado de sus abuelas porque su madre había viajado a Perú a buscar a una hermana que migró y su padre murió hace nueve años por una bala perdida en un tiroteo entre delincuentes.

«¡Mi niña, te mataron igual que a tu papá!», gritó entre llantos la madre al ver el ataúd de su hija, después de un viaje de regreso de miles de kilómetros por carretera ante la falta de dinero para pagar un vuelo.

«Todavía no lo logramos entender. ¿Por qué si ella estaba dentro de su casa (…) se dio esta situación?», se pregunta la prima de Yadimar.

Las protestas callejeras en Bogotá y otras ciudades de Colombia contra la brutalidad policial que causó la muerte del abogado Javier Ordóñez durante su arresto, costaron la vida a diez personas, en una noche de vandalismo y furia que tiene como principales sospechosos a los propios uniformados.

Las manifestaciones que comenzaron el miércoles de manera pacífica frente al Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía del barrio Villa Luz, en el oeste de Bogotá, en el que trabajaban los dos uniformados involucrados en la muerte de Ordóñez, terminaron en violentos enfrentamientos y la hoy cuestionada represión de los manifestantes.

«Un comportamiento policial abusivo y violatorio de los derechos humanos, con despliegue de fuerza contra los ciudadanos rompe con la función de la fuerza pública. Los hechos conocidos no tienen conexidad con el servicio y la competencia para juzgarlos es de la justicia ordinaria». Reprochó este jueves el procurador general Fernando Carrillo.

Al finalizar este jueves el balance daba cuenta de desmanes en las ciudades de Manizales, Cali, Barranquilla, Medellín y los municipios de Soacha, Cajicá y Zipaquirá en Cundinamarca.

Tras la caótica noche del miércoles, en la que hubo incendios de instalaciones policiales y autobuses en varios puntos de Bogotá, las autoridades de la capital informaron de siete personas muertas. Además también se registran al menos 379 heridos -entre ellos 147 policías-, de los cuales 66 fueron impactados con armas de fuego.

Además de las siete víctimas mortales en Bogotá, hubo otras tres en Soacha, una populosa localidad situada al sur de la capital colombiana.

Familiares de los fallecidos, entre ellos una universitaria, un mensajero, un guardia de seguridad e incluso desempleados, han aclarado que ellos ni siquiera participaban en las protestas. Agregaron que fueron alcanzados por disparos cuando pasaban por lugares donde había disturbios.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó con dureza la respuesta policial a los desórdenes. Además equiparó el número de heridos por disparos a los resultados de un combate.

López cuestionó el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía. La alcaldesa ha pedido este jueves «reconocer con humildad» que hubo «un ataque directo a varios ciudadanos».

La capital no vivía una jornada de protesta tan intensa desde noviembre del año pasado. En aquella oportunidad fueron movilizaciones protagonizadas principalmente por jóvenes que salieron a las calles para apoyar las manifestaciones convocadas por las centrales obreras contra la política económica y social del presidente colombiano, Iván Duque.

En enero de este año, cuando López tomó posesión, pidió que la Policía y especialmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la institución solo fueran utilizados como organismos de choque de última instancia en las manifestaciones. Pues a su criterio, los uniformados no eran reguladores de las movilizaciones ciudadanas.

Lejos de eso, la Policía, criticada por sus excesos, se ha visto involucrada en serias denuncias por violación de los derechos humanos durante protestas sociales.

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La alcaldesa hizo este jueves duros reclamos a la institución. Señaló que han desobedecido las instrucciones dadas tras la muerte de Dilan Cruz, un bachiller que falleció en noviembre pasado tras recibir un disparo de un miembro del Esmad durante una manifestación en la capital.

«Puedo decir con absoluta certeza que ni desde el Puesto de Mando Unificado Nacional ni desde el Puesto de Mando Unificado Distrital se impartió ninguna orden ni autorización de uso de la fuerza y mucho menos de armas de fuego contra los manifestantes». Aseguró López.

Según la mandataria, anoche «se usaron armas letales de manera indiscriminada contra ciudadanos inermes y jóvenes». Pues la Alcaldía tiene evidencia de «que hubo disparos indiscriminados por parte de miembros de la Policía».

Esa afirmación coincide con lo expresado por los familiares de los muertos. Y también con los testimonios de algunos heridos que cuentan que fueron atacados por la Policía sin justificación alguna. Simplemente por estar en la calle.

Uno de los casos que más ha impactado a la opinión pública es el de Julieth Ramírez Mesa. La joven, una estudiante de psicología próxima a cumplir 19 años, quien según su familia falleció al ser alcanzada por una bala perdida cuando salió a encontrarse con una amiga.

«No sé si hace parte de la Policía o de los malandros, qué se yo, me mataron a mi hija». Fue el testimonio a periodistas de Harold Ramírez, padre de la joven, quien recibió un disparo al quedar en medio de los desórdenes al noroeste de Bogotá.

Para el jefe de la Procuraduría, la pandemia del coronavirus «develó comportamientos abusivos de algunos miembros de la Policía para sancionar incumplimientos de medidas administrativas, conductas estas que resultan condenables en un Estado social y democrático de derecho, y opuestas al mandato constitucional de la protección».

Lo ocurrido en Bogotá la víspera no escapó de los pronunciamientos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó «enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial».

La CIDH aseguró hoy que «el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas».

Puntualizó que el deber del Estado es «garantizar el derecho a la vida, integridad y libertad de manifestación». Y además abogó porque «todos estos hechos deben ser esclarecidos, investigados y sancionados».

En esa misma línea, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que sigue de cerca lo que sucede en Colombia, aseguró que han recibido «graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros» de la Policía.

Indicó que los ciudadanos tienen «todo el derecho de manifestarse y deben hacerlo de forma pacífica» y que la «Policía debe garantizar respeto a los derechos humanos».

Propuso además que para prevenir los abusos de la Policía colombiana esta debe pasar a depender del Ministerio del Interior y no del de Defensa como sucede actualmente, se debe revisar la capacitación en el uso de la fuerza y armas menos letales y que las investigaciones no vayan a la justicia penal militar sino a la ordinaria.

Al rechazo a la violencia desatada por el procedimiento policial en el que murió el abogado Ordóñez se unió el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, quien dijo que la investigación del caso la asumió un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Para darle mayor alcance y rapidez a las investigaciones dispuso la creación de un equipo de las «más altas calidades forenses, investigativas y jurídicas para dar celeridad al proceso».

Por coincidencia, este jueves la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó revisar el expediente de la muerte del joven Dilan Cruz «para dirimir conflicto entre justicias penal militar y ordinaria».

El caso de Cruz ocurrió en noviembre del 2019 en una protesta en el centro de Bogotá cuando un proyectil de perdigones disparado por el Esmad impactó su cabeza causándole heridas que le provocaron la muerte dos días después.

Con información de EFE.