El hallazgo del cuerpo de una joven entre 18 y 25 años de edad, es la nueva tarea que los investigadores de homicidios tienen, después de que el cuerpo fuese hallado en una zona boscosa de la urbanización El Valle, en Caracas.

Fuentes policiales indican que el cuerpo fue localizado durante el fin de semana en la parte alta del barrio Los Cardones, del sector Las Torres, de El Valle, en una zona boscosa.

Según la información extraoficial, el cuerpo fue hallado semidesnudo, con quemadura en la cabeza y con heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

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Al parecer, tendría evidentes signos de violencia sexual.

Sin embargo, ya la dirección nacional contra homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, realiza todas las diligencias pertinentes para establecer los motivos por el cual esta joven, de entre 18 y 25 años fue asesinada, así como su identificación positiva.

Luego de hacer una encuesta en 1.200 hogares, la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reveló que más de la mitad de los consultados no está de acuerdo con la violencia justiciera, mientras que un 30 % justifica la muerte de los violadores.

Según OVV el 30 % de la población de Venezuela afirma estar de acuerdo con que una persona mate a otra en caso de que esta haya violado a su hija.

En tal sentido, el sociólogo Roberto Briceño-León, el director de la organización, explicó, durante una conferencia de prensa virtual, que la violencia, bien sea un asesinato o un linchamiento, «tiende a justificarse» cuando el delito cometido «se considera horrible» reseña El Informador citando a EFE.

Ante el caso de  la violación a una hija, tanto hombres como mujeres consideran que se trata de un hecho “horrible”.

El trabajo de OVV se da en momentos  en los que Venezuela ha vivido una ola de delitos sexuales que ha estremecido a la opinión pública y los violadores están en la mira.

Algunos sectores elevarán ante la Asamblea Nacional propuestas para castigara los violadores que van desde la cadena perpetua hasta la castración química.

En el estado Zulia  ocurrió un hallazgo macabro, vecinos del río Escalante dieron aviso a las autoridades de un cadáver en avanzado estado de descomposición, que resultó ser el de la niña Luzmary Hurtado.  Extraoficialmente se conoció que el cuerpo presentaba signos de violencia sexual y estrangulamiento.

Otros casos que conmocionaron la opinión pública fue el de un hombre de la tercera edad que abusó de sus 7 nietas de entre 3 y 16 años.

También el atroz crimen de Franyelis Veliz Rodríguez de 5 años, cuyo cadáver fue hallado con múltiples heridas y lesiones en las zonas íntimas.

La encuesta de  OVV indica que  participaron 1.200 hogares del país. Del total el  54 % de los venezolanos rechaza este tipo de violencia «justiciera» y el 16 % restante dijo que no estaba de acuerdo ni en desacuerdo.

Otro aspecto revelado por el estudio es que en el país «se justifica más la violencia cuando se trata de la defensa de la familia a cuando se refiere a la defensa de la casa como propiedad».

#ForoVictimariasYVíctimas Se justifica más la violencia cuando se trata de la defensa de la familia a cuando se refiere a la defensa de la casa o la propiedad.

Sobre este particular, el 15 % dijeron que una persona tiene derecho a matar para defender su casa o propiedad, mientras que el 22 % aprueban este tipo de violencia «para proteger a su familia».

#ForoVictimariasYVictímas 36% de la población consultada considera que la inseguridad permaneció igual.– 34% considera que aumentó.– 30% considera que disminuyó.

#ForoVictimariasYVíctimas 89% de la población consultada, rechaza la violencia en los casos de infidelidad femenina.

La situación de niños venezolanos que son sometidos a la explotación sexual o que son abusados, prende las alarmas en la zona fronteriza, donde semanalmente se conocen por lo menos diez casos.

En un trabajo especial nuestra compañera de labores, Maryné Glod, nos comenta que sobre este flagelo no hay cifras oficiales. Sin embargo, organiaciones no gubernamentales por separado pueden conocer unos diez casos semanales cada una.

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Jesus Salcedo. Defensor DDHJH niños niñas y adolescentes Tachira, indica que la mayoria de las denuncias que conocen sond e niñas menores de edad, quienes logran escaparse y cruzar la frontera hacia Venezuela buscando ayuda.

El defensor de derechos humanos «expresó preocupación porque la estadística de los casos de niños sometidos a explotacion sexual en el exterior no denunciados y que regresaron al país, puede superar el 40%».

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El Tribunal segundo municipal de Control de Ciudad Bolívar dictó medida privativa de libertad contra dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes habrían abusado sexualmente de una compañera policía.

El Ministerio Público solicitó la medida privativa de libertad en contra de los funcionarios de la PNB Leobel Abraham Suárez Aponte (25) y Yordi de Jesús Camejo Durán (24), quienes habrían cometido delitos sexuales contra una compañera de apenas 20 años de edad.

Según los alegatos de la fiscalía, el pasado 17 de mayo la joven víctima se encontraba en una habitación de un hogar con su pareja, en el sector Las Casitas de Marhuanta del municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar.

Una vez que la pareja sentimental de la joven salió, los dos policías aprovecharon e ingresaron a la habitación a la fuerza.

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Lo expuesto por el Ministerio Público indica que Leobel Abraham Suárez Aponte somete junto a su compañero a la mujer policía y abusa de ella sexualmente, mientras que Camejo Durán solamente veía.

Una vez consumado el acto, la víctima logra escaparse de la habitación y acude a una sede de la PNB cercana al lugar, para realizar la respectiva denuncia.

Una comisión de la policía busca a los dos funcionarios y procede a detenerlos para ponerlos a la orden del Ministerio Público.

Se llevan a cabo las respectivas pruebas forenses que según la fiscalía, incriminan a los dos policías, quienes son presentados ante los tribunales.

El tribunal de control de Ciudad Bolívar le dicta medida privativa de libertad a ambos policías y les ordena como centro de reclusión su sede administrativa.

A Suárez Aponte lo acusan por violencia sexual, mientras que a Camejo Durán lo señalan de cómplice no necesario de violencia sexual.

La madre salió a las 10 de la mañana del pasado sábado y dejó a su bebé de tres meses de nacida a cargo de su pareja, un adolescente de 17 años.

A las 9:00 de la noche recibió una llamada de su familia, quienes le solicitaron se trasladara al Hospital de Galapa, municipio Atlántico de Colombia por un problema con la niña.

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Al llegar, la madre de la víctima identificada como Angy González, conoció la falta noticia: “La bebé está muerta”.

Angy no entendía la situación, hasta que su progenitora le explicó lo que le dijeron los médicos, la bebé presentaba signos de violencia sexual y física.

«Cuando llego inmediatamente al hospital al verle la cara a mi mamá me supuse que mi hija estaba muerta», señaló la madre.

Tras lo ocurrido y ante la evaluación médica, familiares denunciaron a la pareja de la joven.

Las autoridades detienen al adolescente como presunto responsable del abuso y muerte de la bebé.

«Es algo que me cuesta creer ya que él con mis hijas no se portaba mal, jugaba con ellas, nunca vi un aspecto malo en él, ninguna maldad en ningún momento», señaló la mujer.

Angy González mantenía una relación sentimental con este joven desde hacía dos meses.

La Fiscalía de Colombia está a cargo del caso e investigan los hechos para que se haga justicia, reseñó Noticias Caracol.

La Personería de Bogotá adelanta procesos a varias denuncias de abuso sexual que se han presentado contra docentes de instituciones estudiantiles por haber atacado sin su consentimiento a menores de edad.

Sobre estos casos, el Ministerio Público Distrital interviene ante la Fiscalía en los procesos penales y en la defensa de las víctimas para establecer cuándo y en qué circunstancias ocurrieron estas acciones y así determinar los responsables en la que los docentes son materia de investigación penal.

Desde el año 2016, la entidad bogotana ha ordenado la destitución de 10 docentes involucrados en actos de violencia y acoso sexual contra niñas, niños y adolescentes; actualmente investigan treinta denuncias que están al cursar procesos penales.

De acuerdo con el reporte realizado por el Registro Único de Víctimas, durante el 2021, en Colombia 33.874 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado, de las cuales en un 91,8% las víctimas han sido mujeres.

Y según las Naciones Unidas una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual durante su vida.

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Durante los últimos años, las violencias contra las mujeres se han posicionado como un grave problema de salud pública y una violación sistemática de los derechos humanos en Colombia, que se continuó agudizando durante la pandemia, cuando por motivo del aislamiento social y obligatorio muchas mujeres tuvieron que quedarse en casa encerradas con sus agresores. 

Tan solo en 2020, 898 mujeres fueros asesinadas en el país, según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y en promedio cada 24 horas, 51.5 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual, el 78 por ciento de estos sucesos ocurridos en sus propios hogares.

Por otro lado, el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló un informe con cifras escalofriantes, se trata de las muertes violetas de mujeres entre los años 2015 y 2019. En promedio, en ese periodo, en Colombia fueron asesinadas 2,7 mujeres cada día.

Según el Sistema Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) en ese periodo se registraron 5.013 muertes violentas de mujeres. Eso quiere decir que la tasa promedio por cada 100.000 mil mujeres es de 4,12. Los días donde se atenta contra la mujer con más frecuencia son viernes, sábados y domingos.

De 600 mujeres atendidas por casos de violencia, el 86,6% fueron agredidas por su pareja sentimental, expareja, algún conocido o familiar. 

En 2.708 de los casos reportados como muerte violenta de una mujer, se utilizó arma de fuego, eso representa el 54% del total.

La ex estrella de la biotecnología Elizabeth Holmes, actualmente juzgada por fraude, se describió a sí misma como la marioneta abusada por su ex socio y pareja Ramesh “Sunny” Balwani, quien dirigía la parte operativa de su fallida empresa Theranos dedicada al análisis de sangre; contando que fue violada mientras estudiaba en la Universidad de Stanford.

Su testimonio sorpresa de que fue agredida sexualmente cuando era adolescente se produjo durante su cuarto día de sus declaraciones defendiéndose de los cargos de fraude criminal.

Contó que Ramesh “Sunny” Balwani, a quien conoció mientras estudiaba idiomas en China, la alentó a perseguir sus aspiraciones empresariales, durante el verano antes de comenzar a estudiar en Stanford, cuando tenía 18 años y él 38. Después de la violación, ella habló sobre su trauma a Balwani y él dijo que la protegería.

Según Holmes, la violación fue un factor que jugó un papel que marcó fuerte una posterior servidumbre a Balwani, ahora de 56 años.

Los dos comenzaron una relación en 2005, antes de que Balwani se convirtiera en director de operaciones de Theranos, cargo que ocupó de 2009 a 2016.

Elizabeth dijo que finalmente cayó bajo su influencia después de que abandonó la Universidad de Stanford en 2003 para fundar Theranos, una startup de Silicon Valley que manejó como directora ejecutiva durante los siguientes 15 años.

También confesó a los jurados, conteniendo lágrimas, que Balwani la denigraba constantemente y la forzó sexualmente.

“Se enojaba mucho conmigo y luego venía a nuestra habitación y me obligaba a tener sexo contra mi voluntad”, dijo Holmes en el tribunal de San José (California, oeste de EEUU) donde está siendo juzgada desde principios del pasado septiembre.

Elizabeth Holmes afirmó a la corte que Balwani la controlaba de cerca, dictaba su dieta y su horario y la alejaba de su familia.

La relación duró hasta 2016, cuando decidió dejar a Ramesh Balwani y reclutar un nuevo equipo de dirección.

Balwani enfrenta acusaciones de fraude que reflejan las de Elizabeth Holmes, pero en otro juicio programado para comenzar a principios del próximo año.

Ella tenía 19 años en 2003 cuando fundó la empresa Theranos, que prometía técnicas de análisis de sangre más rápidas y baratas que las de los laboratorios tradicionales.

Sin embargo, en 2015 las investigaciones del diario Wall Street Journal revelaron que los métodos que debían permitir hasta 200 análisis a partir de algunas gotas de sangre no funcionaban y los inversores perdieron millones de dólares.

Los abogados de Elizabeth Holmes habían intentado hasta ahora pintar para el jurado la imagen de una joven y visionaria innovadora decidida a revolucionar los diagnósticos sanguíneos.

Trataron de demostrar su buena fe y refutar las acusaciones de encubrimiento de los problemas a los inversores.

La fiscalía, que la interrogará a partir de hoy, quiere demostrar que ella supervisó muy de cerca todas las actividades de su empresa.

La rubia Elizabeth Holmes podría enfrentar una sentencia de prisión de hasta 20 años si es declarada culpable.

El eclesiástico Alfredo Gallegos, sacerdote de Michoacán, México, durante la ceremonia de conmemoración dedicada a José Manuel Míreles, exlíder de las autodefensas, dijo que las mujeres deberían dedicarse a los quehaceres de la casa en vez de andar protestando por la violencia femenina.

Tales declaraciones las dijo cuando miles de mexicanas se manifiestan contra las agresiones a mujeres, disparadas en México y aumentando en el mundo.

Tan sólo el año pasado fueron asesinadas 3.723 mexicanas; lo que arroja un promedio de uno cada 31 horas, y en este año se cree podría ser el doble de las muertes a mujeres; de acuerdo a un relevamiento del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (Ofdpn)

La mayoría de las mexicanas han sido asesinadas por armas de fuego.

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 “Pónganse a hacer tortillas, sopes, tamales. Enséñense a ser mujeres”, así reprendió el padre.

Pero el cura Gallegos no se detuvo en sus reproches y recriminó más: “Algunas (mujeres) en lugar de ganarse el cariño, se ganan el desprecio de la gente”.

A este sacerdote de Michoacán le dicen el “Padre Pistolas” por sus sermones invitando a los feligreses a utilizar armas de fuego.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó un informe en donde revela un patrón de graves violaciones de derechos humanos para sofocar a la oposición. Señalan la aplicación de prácticas nazis.

El documento de 212 página es elocuente. En él la palabra “tortura” se contabiliza 214 veces, mientras que los términos “violencia sexual”, 34 oportunidades.

En el material presentado por la ONU también refieren que en Venezuela aplican secuestros, torturas y hasta un método nazi para amedrentar a los detenidos.

«La Misión pudo revisar los plazos procesales en 144 de las 183 detenciones revisadas 73 y encontró diferencias significativas entre los plazos permitidos por la ley y la práctica», indica el informe.

“El 77% de las audiencias de presentación examinadas por la Misión se produjeron después del periodo de 48 horas permitido por la ley, y el 18% de las personas detenidas se mantuvieron retenidas durante más de una semana antes de audiencias de presentación”.

“Las personas detenidas solían estar incomunicadas y sin supervisión durante este periodo y eran vulnerables a torturas, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, citó Infobae.

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Muy mal parado quedan los órganos administradores de justicia. El “sistema ha jugado un papel significativo en represión de opositores al gobierno; en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”.

Un testimonio recogido por la misión de investigadores de las Naciones Unidas reveló que los agentes de inteligencia del régimen amenazaron con perseguir a los familiares. Y cumplieron su palabra.

El documento, centrado en el sistema de justicia, denuncia varias cosas. “El Estado no adoptó medidas concretas para remediar las violaciones de derechos humanos” y los crímenes de derecho internacional.

#16Sep ?¡CONTUNDENTE! Jueces y fiscales de Venezuela tuvieron un "papel muy importante" en graves violaciones de DDHH contra opositores, según 2do informe de la #MisiónONU que describe una "profunda erosión" de la independencia judicial en el país@milmanrique @ImpactoVE ? pic.twitter.com/yt7BZLnX0S

En el punto 73 del informe habla de cómo la persecución de la dictadura no se limitó a las figuras opositoras, sino también a su entorno cercano.

Según detallaron, en base a las entrevistas realizadas en el país: “agentes de seguridad o de inteligencia presuntamente utilizaron tácticas criminales incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos, para lograr los arrestos”.

En el caso de un acusado de participar en la Operación Gedeón (una incursión marítima en mayo de 2020), relató que en su audiencia preliminar, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) “lo torturaron y le dijeron que aplicarían el Sippenhaft (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis)”.

Sippenhaft, traducido como responsabilidad familiar, se derivó como principio legal del derecho germánico de la Edad Media.

Este método fue adaptado por la Alemania de los nazis para justificar el castigo a parientes que poco o nada tuvieron que ver con los hechos de la acusación principal.

Fue Heinrich Himmler, jefe de las SS, quien impulsó la aplicación de ese criterio contra los acusados del Plan Valquiria.

Este plan fue un fallido atentado para asesinar a Adolf Hitler en 1944.

 La supuesta “corrupción de la sangre” justificaba castigar a los familiares de los involucrados.

Por ejemplo, bajo este esquema fue juzgado y condenado por “traición” el hermano de Claus von Stauffenberg, Alexander von Stäuffenberg.

Esto pese a que trabajaba como oficial de las Fuerzas Armadas a cientos de kilómetros, en Grecia, mientras se preparó el atentado.

La esposa de Von Stäuffenberg también fue condenada a prisión y sus hijos llevados a un orfanato, salvándose de ser procesados por ser menores.

Según el testimonio del acusado en Venezuela, luego de la amenaza recibida en la DGCIM, las autoridades chavistas cumplieron su amenaza.

Esta se cumplió cuando detuvieron posteriormente a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en La Boleíta durante 32 días.

La Misión de investigación indicó que realizó 177 entrevistas, “muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos”.

la Venezuela gobernada por Maduro desde 2013 vive una debacle social y económica.

Según la última actualización de la ONU, ha forzado en los últimos años la salida del país de 6 millones de personas.

La violencia es uno de los dramas que viven las migrantes venezolanas durante su viaje de salida del país, al menos %13 reportó haber sufrido algún tipo de agresión.

Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revela los tipos de violencia sufridos por las migrantes venezolanas.

El informe reveló que el 13% de las mujeres migrantes venezolanas reportó haber sido víctima de algún tipo de violencia durante su viaje para salir de Venezuela.

La OMI observó varios tipos de violencia: 35% reportó haber sufrido violencia física, 25% violencia verbal, 11% violencia psicológica y 10% violencia sexual.

Uno de los agravantes de la situación es “el limitado o nulo acceso a servicios como salud, protección o justicia para las mujeres migrantes y refugiadas durante el trayecto”.

 Lo que aumenta la posibilidad de sufrir un continuum de violencias.

La base del trabajo son encuestas fueron realizadas en 11 países que han recibido a migrantes venezolanos.

Estos países son Trinidad y Tobago, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú, indica el portal El Aragueño.

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Según los tipos de violencia que “mencionan las mujeres, unidos a la alta presencia de discriminación xenófoba y a la hiper-sexualización de sus cuerpos, son una continuación de factores que normalizan esas formas de violencia”.

Esto impide la denuncia “pero sobre todo exacerbando el riesgo de vivir diversas formas de violencia sexual (acoso sexual extendido, sexo por supervivencia, violación y explotación sexual), e incluso violencia feminicida”.