Grupos de derechos civiles pidieron este lunes una «aclaración inmediata» del gobierno de Donald Trump sobre los vuelos del fin de semana que deportaron a presuntos pandilleros venezolanos desde Estados Unidos, a pesar de la orden de un juez, argumentando que el gobierno estadounidense podría haber violado la orden de la corte.

En una presentación realizada durante la noche del domingo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y otros pidieron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington que obligue a la administración del presidente Donald Trump a proporcionar información sobre si algún vuelo despegó después de que se emitieran las órdenes escritas u orales del juez, así como otros detalles sobre el horario del vuelo, reseña la agencia Reuters.

«Independientemente de si los aviones habían despegado o no del territorio estadounidense, Estados Unidos mantuvo la custodia al menos hasta que los aviones aterrizaron y los individuos fueron entregados a gobiernos extranjeros», escribieron la ACLU y la Democracy Forward Foundation.

Durante el fin de semana, la administración Trump dijo que había deportado a más de 200 venezolanos, afirmando en una declaración extraordinaria que un juez no tenía la autoridad para bloquear sus acciones.

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El juez James Boasberg había emitido un bloqueo de 14 días al uso por parte de Trump de los poderes en tiempos de guerra de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, una pandilla venezolana que ha sido vinculada a secuestros, extorsiones y asesinatos a sueldo.

Reuters no había confirmado el alcance total de las operaciones de deportación y la administración proporcionó pocos detalles en su presentación judicial el domingo.

Aunque la administración Trump ha descrito a los venezolanos de diversas maneras como pandilleros , «monstruos» o «terroristas alienígenas», la ACLU ha dicho anteriormente que esa es una descripción falsa.

Boasberg, en una audiencia el sábado por la noche, dijo que todos los vuelos que transporten inmigrantes bajo la ley deberían regresar, y su orden escrita se publicó en línea a las 7:25 p.m. ET (23:25 GMT).

Trump y la Casa Blanca han defendido el vuelo a pesar de la orden judicial, diciendo que está dentro de los derechos de la administración, mientras algunos expertos legales han respondido que la Casa Blanca está desafiando abiertamente al juez.

«Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave… llena de terroristas extranjeros que fueron expulsados ​​físicamente de suelo estadounidense», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado durante el fin de semana.

Trump dijo por separado a los periodistas a bordo del Air Force One que los presuntos miembros de la pandilla «eran malas personas», pero remitió el asunto a los abogados cuando se le preguntó si su administración había violado la orden judicial.

El lunes, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo que el vuelo ya estaba en espacio aéreo internacional, no en territorio estadounidense, cuando llegaron las órdenes del juez y que continuarían más vuelos.

“Una vez que cruzas la frontera, ya sabes, es lo que es. Pero están en aguas internacionales, ya rumbo al sur, cerca de desembarcar. ¿Sabes qué? Hicimos lo que teníamos que hacer”, declaró al programa “Fox & Friends” de Fox News.

Al preguntársele qué seguía, Homan respondió: «Otro vuelo, otro vuelo cada día», y añadió: «No vamos a parar. No me importa lo que piensen los jueces».

Tom Homan, zar fronterizo del presidente Donald Trump, espera que los vuelos que llevarían a los migrantes venezolanos en Estados Unidos de regreso a Venezuela comenzaran “dentro de los próximos 30 días”.

En una entrevista con The New York Times, el funcionario adelantó el primer indicio de un cronograma para el plan de enviar personas de regreso a Venezuela, después del anuncio de Trump de que su gobierno había llegado a un acuerdo con el presidente Nicolás Maduro.

Y, este acuerdo, ocurrió tras la visita del enviado especial de Trump a Venezuela, Richard Grenell, el pasado 31 de enero.

La semana pasada, la administración Trump dijo que había asegurado la libertad de seis estadounidenses detenidos en Venezuela y convenció a Maduro de recibir vuelos de deportación que llevarían a “todos los inmigrantes ilegales venezolanos” que viven en Estados Unidos.

A cambio, Maduro, recibió una visita muy pública de un importante asesor de Trump, Richard Grenell.

Ambos se estrecharon la mano, sonriendo, mientras el máximo legislador de Venezuela, Jorge Rodríguez, sonreía de fondo. Más tarde, el gobierno de Maduro publicó un anuncio en el que afirmaba su compromiso con el “diálogo entre iguales”.

Apenas unos días después de la reunión con Grenell, Maduro propuso implementar un programa de préstamos para los migrantes que regresan y que tendría un presupuesto inicial de 10 millones de dólares.

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Para Maduro, que se encuentra cada vez más aislado en el escenario mundial, la reunión de Grenell fue una victoria importante.

Los diplomáticos estadounidenses abandonaron Venezuela en 2019. Desde entonces, solo ha habido unas pocas reuniones, muy privadas, entre funcionarios estadounidenses y venezolanos.

El gobierno venezolano aún no ha confirmado que aceptará deportados. Pero si el acuerdo se concreta, tiene el potencial de marcar un cambio significativo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

Al menos otros cinco estadounidenses y dos extranjeros con estatus de residencia en Estados Unidos siguen detenidos en Venezuela, según el grupo de derechos humanos Foro Penal, lo que le da al gobierno venezolano una importante influencia sobre la administración Trump.

En su entrevista con The Times, Homan, el zar de la frontera, dijo que era probable que los vuelos de deportación a Venezuela despegaran pronto.

“Va a suceder dentro de los próximos 30 días y no puedo decirle cuántos; todavía estamos trabajando en todos esos detalles”, dijo.

“Es enorme. Es algo grandioso que obtuvo el presidente Trump”, agregó Homan. Su esperanza es que haya una cadencia regular de vuelos de deportación.

“No creo que el presidente Trump vaya a aceptar nada menos”, dijo.

Funcionarios de la Casa Blanca están trabajando para reanudar los vuelos de deportación a Venezuela después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro detuvo el programa de repatriación en enero.

La información fue publicada por el diario el Nuevo Herald, donde señalan que la medida tomada por Maduro, tras la amenaza de EE. UU. de revertir el alivio de las sanciones, «frustró los esfuerzos de la administración de Joe Biden por contener la migración ilegal y disuadir futuros cruces de la frontera».

Agrega que esta pausa de los vuelos «es un revés en un programa que tuvo vaivenes desde que comenzó en octubre» del año 2023, una vez que se firmó el acuerdo de Barbados.

La publicación recuerda que estaba previsto que los vuelos se realizaran una vez por semana.

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Si bien los cruces fronterizos han disminuido en las últimas semanas, la suspensión de los vuelos se produce en momentos en que los migrantes venezolanos han aparecido en los titulares de la prensa de EE.UU. con dos episodios criminales violentos, incluyendo el asesinato de una estudiante en Georgia y otro de un policía venezolano retirado en Miami.

Aunque el Departamento de Estado se negó a hacer comentarios, el Herald cita a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que la administración “continúa trabajando con países de todo el hemisferio para abordar las tendencias migratorias históricas que todos estamos experimentando, incluida la de Venezuela”.

“Los migrantes que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos, incluyendo a los venezolanos, están siendo expulsados o devueltos diariamente a sus países de origen y, en algunos casos, a México”, dijo el funcionario del DHS.

“Si los migrantes venezolanos no aprovechan las vías legales, como los procesos de libertad condicional de CHNV, o no utilizan las citas de CBP One para presentarse en un puerto de entrada, están sujetos a expulsión”, agregó, refiriéndose a un programa de libertad condicional implementado el año pasado para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

“Si no logran establecer una base legal para permanecer, serán expulsados o devueltos a México o repatriados a Venezuela, y enfrentarán una prohibición de admisión de al menos cinco años”, sostuvo.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a comentar en una rueda de prensa con periodistas el miércoles si el nuevo retroceso democrático tomando lugar en Venezuela conduciría a sanciones adicionales contra Caracas.

Pero comentó brevemente sobre el asesinato de Laken Riley, de 22 años, en la Universidad de Georgia, a manos de un migrante indocumentado de Venezuela.

“Es desgarrador, ni siquiera puedo imaginar lo que está pasando la familia”, dijo Karine Jean-Pierre.

Cientos de migrantes con niños, la mayoría venezolanos, ingresaban este jueves a Chile por pasos clandestinos en la frontera con Bolivia; a pesar de que el gobierno chileno anunció que retomará las expulsiones de quienes entren al país de forma irregular.

Los migrantes, que buscan ayuda básica y refugio, ingresan de manera constante durante todo el día por Colchane, una localidad rural de poco más de mil habitantes en el altiplano.

Junto a la migración clandestina en este sitio árido y de frío extremo, a más de 3.600 metros de altitud; ha crecido también el negocio de transporte ilegal. El precio de acercar a un migrante a las ciudades alcanza hasta 70 dólares por persona, constataron periodistas de la AFP.

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«Si alguien me da agua, ya se me pasa todo. Esto es para volverse loco», dijo Xiomara R., de 30 años, arrastrando un coche con un bebé tapado de cobijas y abrigos de adultos en una mañana a 2ºC bajo los picos nevados.

Al entrar a Chile, Xiomara caminó hasta una comisaría de Carabineros para «autodenunciarse», como dicen las autoridades.

Los nombres de quienes se entregan son incluidos en un registro oficial y eso ayuda a mujeres y niños a ser trasladados 250 km hasta Iquique, la ciudad portuaria del norte de Chile, a más de 1.800 km al norte de Santiago.

«Pero esto nos sobrepasa, somos más de 100 soldados destacados en este punto fronterizo; y uno controla una parte y pasan otros cientos por otro lado. Este mes ha sido súper fuerte, no paran de llegar», dijo a la AFP; un militar que pidió no revelar su identidad, apostado cerca de un hito que separa Chile de Bolivia.

Tres carpas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dispuestas al lado de la comisaría están repletas de migrantes que duermen allí para evitar el frío extremo de la noche y la mañana.

También hay una iglesia que sirve como refugio y organizaciones diversas que ofrecen comida.

Chile anunció este miércoles que retomará las expulsiones masivas de migrantes en situación irregular; en su mayoría venezolanos, que ingresan por pasos no habilitados de Bolivia a Chile.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció la reanudación de los vuelos de expulsión, luego de haber realizado cuatro entre febrero y agosto de este año.

Con estos vuelos fueron deportadas 547 personas, mientras que durante 2020 fueron expulsados 1.365 migrantes.

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El último vuelo de deportación que realizó el gobierno fue en agosto pasado, luego que la ONU expresara su preocupación por esta medida.

Los tribunales chilenos detuvieron estas expulsiones tras admitir decenas de recursos de amparo auspiciados organizaciones que las critican porque, a su juicio, vulneran los derechos de los migrantes.

«Hemos tomado nota de las recomendaciones, hemos revisado nuestros procesos, somos respetuosos de los fallos, pero en ese contexto durante las próximas semanas vamos a retomar las expulsiones», dijo Delgado, en declaraciones a la prensa en Santiago.

El anuncio se produce también en medio de un creciente aumento del ingreso de migrantes por pasos clandestinos en la frontera con Bolivia, en el norte chileno.

Por esta parte han cruzado 23.673 migrantes en los primeros siete meses de 2021, casi 7.000 más que en todo el año pasado.

«Chile es hoy día un destino migratorio atractivo para muchos (por) la situación sanitaria, las vacunas (en contra del COVID-19), la situación económica, la necesidad de emplear a personas que, muchas veces, no se están empleando en distintos rubros», afirmó el ministro.

La localidad chilena de Colchane, a unos 3.650 metros de altitud, concentra el mayor número de migrantes que cruzan el inhóspito Altiplano. Las autoridades locales sostienen que a inicios del año sufrió un colapso por la llegada de miles de indocumentados y donde al menos han muerto 11 migrantes por las duras condiciones climáticas de la zona.

«En esto quiero ser muy claro, si uno revisa la estadística mientras pudimos expulsar nos fue bien con el flujo migratorio en la frontera con Colchane. Lamentablemente cuando tuvimos que dejar de expulsar subió el ingreso clandestino», explicó Delgado.

Solo en agosto, 331 extranjeros, de ellos 260 venezolanos, llegaron hasta Colchane. El resto son de nacionalidad boliviana, peruana y colombiana, precisaron las autoridades.

Los migrantes venezolanos, la mayor colectividad extranjera en Chile con 455.000 personas registradas, encabezan la lista de ingresos clandestinos de enero a julio, con 17.914, cifra superior a los 12.935 casos de 2020.

Con información de AFP