La cadena de tiendas Walmart Inc. en EE.UU. informó a sus tiendas de todo el país que comiencen a identificar a las personas cuya autorización de trabajo podría estar a punto de expirar, después de que la Corte Suprema dictaminara que la administración Trump podría revocar las protecciones para cientos de miles de migrantes.

La compañía también está despidiendo a algunos trabajadores en Florida y Texas que están perdiendo su residencia legal temporal en EE. UU. tras el fallo, informó la agencia Bloomberg.

Tras la decisión de la Corte Suprema, los documentos de autorización de empleo emitidos a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con una anotación que identifica su estado de libertad condicional ya no son válidos para la autorización de trabajo, según un documento al que tuvo acceso Bloomberg News.

Por lo tanto, la autorización de empleo para ciertos empleados está expirando antes de lo que indica el sistema interno de la compañía, según el documento.

Los empleados deben volver a verificar sus documentos de autorización este mes.

El minorista más grande del mundo ha informado a los empleados de al menos dos tiendas en Florida que perderán sus empleos si no obtienen nuevas autorizaciones de trabajo, según informaron personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas a hablar al respecto.

Se desconoce el número exacto de recortes de empleo.

Los despidos están relacionados con los formularios I-9 que los empleadores estadounidenses utilizan para verificar la identidad y la autorización de empleo del personal, según las fuentes.

Walmart se encuentra entre las empresas estadounidenses que responden a los recientes fallos de la Corte Suprema que se espera afecten a cientos de miles de migrantes. El tribunal permitió al gobierno poner fin a las protecciones legales de hasta medio millón de personas de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, a quienes se les permitió ingresar legalmente al país durante el gobierno de Biden.

Esta decisión siguió a un fallo anterior del Tribunal Supremo que allanó el camino para que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones contra la deportación de aproximadamente 350,000 venezolanos a quienes se les permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

El gobierno de Trump aún no ha aclarado cómo planea abordar el caso de quienes están a punto de perder su permiso para residir en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades migratorias han advertido que cualquier persona que se encuentre en el país sin permiso podría ser arrestada y deportada.

El gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para animar a los migrantes a salir por su cuenta, ofreciendo asistencia para viajes y un estipendio de hasta 1000 dólares.

En las últimas semanas, Walt Disney Co. notificó a los empleados con sede en Florida que están perdiendo su residencia legal temporal en Estados Unidos que sus empleos serían despedidos.

“Disney marca la pauta; otras empresas de nuestra economía se fijan en ellos”, declaró la representante estatal de Florida, Anna Eskamani, demócrata que se postula a la alcaldía de Orlando. En Florida Central viven miles de venezolanos, muchos de los cuales apoyaron a Donald Trump en las elecciones presidenciales del año pasado.

“No tenemos suficientes trabajadores, así que esta es una situación grave que está empeorando”, declaró Eskamani a Bloomberg.

Walmart, el minorista más grande del mundo, cuenta con aproximadamente, 4600 tiendas en Estados Unidos, cada una de las cuales suele emplear a unos pocos cientos de empleados. La mayoría de sus 1,6 millones de trabajadores estadounidenses son empleados de tienda por hora.

Un hombre mató el martes por la noche a unas seis personas en un supermercado Walmart en el estado de Virginia, este de Estados Unidos, antes del Día de Acción de Gracias y poco después de la matanza en un club LGBTQ de Colorado que dejó cinco muertos y conmocionó al país.

El autor de la matanza, que se produjo en el supermercado Walmart de Chesapeake, fue abatido por la policía.

«Encontramos múltiples víctimas mortales y múltiples heridos», dijo a los reporteros en el lugar el oficial del departamento de policía de Chesapeake, Leo Kosinski.

«Creemos que era un solo tirador y que el único tirador está muerto ahora», añadió Kosinski, quien alabó la rápida reacción de sus unidades que entraron «inmediatamente» a la tienda.

Las primeras llamadas a los servicios de emergencia comenzaron a llegar poco después de las 22H00 horas del martes (03H00 GMT del miércoles), cuando la tienda aún estaba abierta.

La ciudad de Chesapeake señaló en su cuenta oficial de Twitter que la policía había confirmado «un incidente con un tirador activo con muertes en el Walmart de Sam’s Circle».

«Nuestras unidades de primera respuesta están bien entrenados y preparados para responder», añadió.

Las imágenes de los noticiarios mostraban una gran presencia policial en el lugar.

Kosinski explicó que varios agentes e investigadores peinaban la superficie comercial y aseguraban la zona.

El número exacto de víctimas mortales era incierto. Pero el medio WUSA, afiliado a CBS, dijo que la policía no preveía más de diez fallecidos. Pero a medida que avanzaba la mañana de este miércoles se confirmo que eran por lo menos 6 muertos.

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Walmart, el mayor minorista de Estados Unidos, emitió un comunicado a primera hora del miércoles diciendo que estaba «conmocionado por este trágico suceso».

«Rezamos por los afectados, la comunidad y nuestros colaboradores. Estamos trabajando estrechamente con las fuerzas de seguridad y nos centramos en apoyar a nuestros colaboradores», añade el gigante estadounidense de los supermercados.

La senadora del estado de Virginia, Louise Lucas, dijo que estaba «absolutamente desconsolada de que el último tiroteo masivo de Estados Unidos ocurra en un Walmart en mi distrito en Chesapeake, Virginia, esta noche».

«No descansaré hasta que no encontremos soluciones para terminar esta epidemia de violencia con armas en nuestro país que se ha tomado tantas vidas», publicó en Twitter.

Chesapeake está situada a 240 kilómetros al sureste de la capital estadounidense, Washington.

La matanza se produjo a menos de 48 horas de que los estadounidenses de todo el país celebren el Día de Acción de Gracias.

«Trágicamente, nuestra comunidad está sufriendo otro incidente de violencia armada sin sentido justo cuando las familias se están reuniendo para el Día de Acción de Gracias», tuiteó el congresista estadounidense Bobby Scott, de Virginia.

El sábado un hombre armado abrió fuego dentro de un club nocturno LGBTQ en Colorado Springs (oeste), matando a cinco personas e hiriendo al menos a 18.

El autor, identificado como un hombre de 22 años llamado Anderson Lee Aldrich, fue controlado por dos clientes. Podría ser procesado por asesinato y un posible crimen de odio.

Por ese tipo delito se entiende en Estados Unidos un acto dirigido contra una persona por motivos de su identidad, como la raza, la religión, la nacionalidad, la orientación sexual o la discapacidad. Considerado como un delito federal con circunstancias agravantes, conlleva condenas más duras.

La violencia con armas de fuego se produce a un ritmo alarmante en Estados Unidos, donde han tenido lugar más de 600 tiroteos en lo que va de 2022, según Gun Violence Archive.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el martes a Walmart por su papel en la denominada crisis de los opiáceos. Al respecto, alegan que el gigante minorista surtió recetas incorrectamente y empeoró un desastre de salud pública.

El Gobierno acusa a Walmart de manejo irresponsable de pedidos. Llenando miles de recetas «inválidas».

Las autoridades podrían incluso disponer hasta miles de millones de dólares en multas. El litigio siguió a una investigación de varios años, explicó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

«Como una de las cadenas de farmacias y distribuidores mayoristas de medicamentos más grandes del país, Walmart tenía la responsabilidad y los medios para ayudar a prevenir el desvío de opiáceos recetados». Dijo al respecto, Jeffrey Bossert Clark, director interino de la división civil del DOJ.

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«En cambio, durante años hizo lo contrario: despachó miles de recetas no válidas en sus farmacias y no informó sobre pedidos sospechosos de opiáceos y otros medicamentos colocados por esas farmacias».

Walmart no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero la compañía minorista más grande del mundo, presentó en octubre su propia demanda contra el Departamento de Justicia en octubre.

La empresa, argumentó que la represión de Estados Unidos la puso en una posición sin salida. Y además denunció el trato injusto del gobierno para hacerle responsable por el consumo excesivo de esos medicamentos de gran adicción.

Los farmacéuticos «deben tomar una decisión difícil» entre aceptar el criterio médico de un profesional. Y despachar la receta de opiáceos, o cuestionar el criterio profesional y negarse a entregarlo.

Con información de AFP.