El exdiputado Walter Márquez denunció este viernes, ante los medios de comunicación en Táchira, que las autoridades policiales le abrieron una investigación «por incitación al odio».

Márquez contó que todo ocurrió luego de que él acudiera a la Fiscalía a pedir que se profundice la investigación sobre el caso del dirigente político Edwin Santos, quien apareció sin vida en la vía entre Táchira y Apure.

Y allí fue que se enteró de que el CICPC inició una investigación paralela en su contra.

“Esta situación es muy grave porque contamina el proceso de investigación criminal, en virtud de que muchos testigos referenciales o directos que pudieran acudir a contribuir a esclarecer los hechos, se van a sentir intimidados”, alertó Márquez.

??? CICPC investigará a defensor de DD. HH. por presunta instigación al odio en caso Edwin SantosEl presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, precisó que la investigación fue una orden del director nacional del Cicpc, Douglas Rico.? Vía @johanalvarezr pic.twitter.com/iltC3p3HYJ

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“Yo mismo fui citado, por instigación al odio, a las oficinas municipales del Cicpc y me negué a declarar, porque sería a convalidar esa maniobra del Gobierno de que se intimide a los que han dicho lo contrario”, explicó.

«Se debe investigar con profundidad y no abrir una investigación paralela, que es lo que está ocurriendo, la investigación sobre la muerte de Edwin Santos está en la Fiscalía Segunda de San Cristóbal, y la investigación por la instigación al odio está en Fiscalía Primera del Ministerio Público, lo cual ese paralelismo le causa daño a la investigación”, remarcó.

Respecto a este caso, el director del Cicpc, Douglas Rico, aseguró que Santos murió «producto de un accidente de tránsito tras impactar la moto que conducía contra un árbol”.

Roco descartó las versiones según las cuales Santos habría muerto en otras circunstancias y aseguró que son «falsas».

“Intentan manipular e informar que el Gobierno pueda estar detrás de este suceso”, afirmó.

Walter Márquez, exdiputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, acudió a La Haya, para consignar nuevos recaudos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano.

Se trata de recaudos sobre «el crimen de persecución, deportación, desplazamiento y destrucción de más de 200 viviendas contra un numeroso grupo de colombianos en la frontera colombo-venezolana durante el cierre fronterizo a partir del día 19 de agosto del 2015», informa una nota de prensa.

En su visita a Holanda, Márquez acudió no solamente a la Corte Penal, sino también a la Oficina de Víctimas y Participación, además de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de ese organismo.

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Consignó los recaudos sobre 24 mil víctimas que están debidamente documentadas a través del RUD (Registro Único de Damnificados), causa que fue consignada en enero del 2016, posteriormente ratificada en el 2019 y ahora se amplían y se presentan nuevas pruebas sobre la responsabilidad penal de la responsabilidad personal que tienen el jefe de Estado y los integrantes de su equipo gubernamental, como el Fiscal, el Contralor, los que fungen de rectores y magistrados del CNE y del TSJ, respectivamente.

En La Corte Penal Internacional, Walter Márquez sostuvo reuniones de trabajo, revisando el avance de la investigación y el manejo procesal de las pruebas que han sido consignadas, generándose una expectativa de que a corto plazo pudiera haber una decisión por parte de la Corte Penal con respecto a la responsabilidad penal individual de Nicolás Maduro y su cadena de mando.

Aprovechó su permanencia en ese país, para dictar una conferencia a un grupo de venezolanos que están asilados allí, acerca del papel de la Corte Penal Internacional y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Posteriormente, el también director general de CICIVEN (Comité́ Internacional contra la Impunidad en Venezuela), dictó otra conferencia en Madrid, España, acerca del papel de la CPI en el caso de la investigación de crímenes de lesa humanidad en el país.

Esta conferencia fue organizada por el Observatorio Geopolítico de América Latina que preside Antonio Ledezma, exparlamentario y exalcalde de Caracas, quien hizo la presentación del invitado y destacó la importancia de una acción de la Corte Penal en la crisis que está viviendo Venezuela.

?NUEVAS PRUEBAS@walter_marquez consignó nuevas pruebas ante la Fiscalía de la CPI sobre el crimen de persecución, deportación, desplazamiento y destrucción de más de 200 viviendas contra un numeroso grupo de colombianos en la frontera colombo-venezolana?Vía @milmanrique pic.twitter.com/wu6LNZDqKb

A juicio del exparlamentario por el estado Táchira, Walter Márquez, la cadena de mando de funcionarios militares en la frontera también sería responsable de la muerte de la pequeña de cinco años, a quien desconectaron del oxígeno y llevaron en una carretilla hacia Colombia, porque no dejaron pasar la ambulancia, por el puente Unión, entre Boca de Grita y Puerto Santander.

En entrevista con el diario La Opinión, Márquez recordó lo que dijo el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, al referirse a que, de haber pedido permiso, habrían dejado pasar la ambulancia.

“El Gobernador está aceptando que a pesar de los anuncios oficiales la frontera está cerrada y que depende de una orden jerárquica, de una cadena de mando, en la que está el General Rosales y el propio Gobernador», explicó.

«Una situación humanitaria no puede depender en ningún momento de que a las 4 de la mañana un funcionario llame al General Rosales y este al Gobernador, que el Gobernador afirma que ellos hubieran autorizado”, aseveró.

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Destacó Márquez que la Constitución de Venezuela expresamente señala en el artículo 50 el derecho al libre tránsito, la libertad de entrar y salir del país, y acotó que cuando hay Estados de Excepción, que no es el caso, tampoco se puede vulnerar el derecho a la vida.

“Con las declaraciones del Gobernador él confirma que hay una cadena de mando, y esa cadena de mando de acuerdo al artículo 25 constitucional tiene responsabilidad por acción y por omisión en la muerte de la niña Michell Pernía, cuya vida se podía haber preservado si se hubiera autorizado el paso por parte del funcionario de turno que obedece a órdenes presidenciales de Nicolás Maduro, y a una serie de limitaciones de rango constitucional de facto, porque la frontera está cerrada por el uso de la fuerza, por abuso de poder, a pesar del anuncio de la reapertura realizado por Gustavo Petro y Nicolás Maduro”, dijo.

Walter Márquez indicó que al conversar con los padres de la menor, Jonathan Pernía y Milagros Sánchez, pudo conocer que las autoridades policiales colombianas autorizaron el paso de la niña, pero se negó en Venezuela la Guardia Nacional.

Hizo un llamado al gobernador Freddy Bernal para que a partir de este caso que cobró la vida de una niña, autoricen la apertura total de la frontera, porque no hay argumentos de carácter constitucional, diplomático, político y jurídico para que sigan ocurriendo en la frontera estos hechos que están tipificados como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma