“Si una persona es solicitante de asilo y se reconoce que su vida corre peligro al regresar a Venezuela, EE.UU. tiene una obligación internacional de no devolver a las personas”.

La afirmación la hizo Laura Cristina Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), quien manifestó estar preocupada por la falta de información sobre el acuerdo de deportaciones entre Estados Unidos y Venezuela, anunciado este jueves.

En entrevista con Vladimir Villegas, la experta en derechos humanos dijo que este pacto se da en un contexto electoral, tanto en Estados Unidos como en Venezuela.

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“Hay presiones por parte de gobernadores y del Congreso para que Biden adopte medidas para frenar la migración”, comentó.

Pero, en sus redes sociales, Dib alertó sobre los alcances de la medida, porque «en Venezuela no ha cesado la violación masiva de derechos humanos ni la emergencia humanitaria compleja. De hecho, bajo ese mismo argumento EE.UU. acordó extender el TPS a personas que ingresaron antes del 31/07/23 y adoptó el parole humanitario».

La activista aclara, sin embargo, que se debe ahondar en cuanto a los detalles del acuerdo y por ello pide que se ofrezca más información.

El Departamento de Seguridad Interna de EEUU anunció que había llegado a un acuerdo con Venezuela para llevar a cabo deportaciones de personas que hubiesen ingresado de forma irregular al país. https://t.co/MIrRsQmYo4 Voy con hilo ?

Organizaciones de peso en materia de Derechos Humanos como Amnistía Internacional (AI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), reaccionaron de manera airada este jueves, luego de que se ha hecho efectiva la medida acordada por las administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, contra los migrantes venezolanos que atraviesan ilegalmente de un país a otros.

En sendos comunicados, ambas ONG critican esta nueva política migratoria, a la que califican de «decepcionante».

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A Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, le llama la atención que la medida se haya tomado precisamente, días después de que la Plataforma R4V, haya alertado sobre el aumento no solo de la migración venezolana, sino de la vulnerabilidad de estas personas.

“A los pocos días de que la Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes R4V revelara que hay 7,1 millones de venezolanos que buscan protección internacional, la administración de Biden anunció vergonzosamente un nuevo plan para bloquear el acceso al asilo de los venezolanos que buscan seguridad en la frontera de EE. UU:», dice el comunicado de Amnistía.

La ONG reconoce el «importante paso dado por la administración Biden en la creación de un nuevo programa de libertad condicional para 24,000 venezolanos».

Sin embargo, agrega que «estamos muy alarmados por la expansión de la aplicación del Título 42. Esta nueva política tiene como objetivo evitar que los venezolanos busquen seguridad en la frontera. Está demostrando nuevamente que el Título 42 no tiene base en la salud pública y es contrario a las obligaciones estadounidenses e internacionales de defender los derechos de todos a buscar seguridad».

AI insiste en que «todas las personas tienen derecho a buscar seguridad, independientemente de los lazos familiares o financieros, y ningún programa de libertad condicional debe suplantar el derecho a buscar asilo».

Por ello, instan a «la administración de Biden a que reconsidere esto y, en cambio, trabaje diligentemente para poner fin al Título 42, no para expandirlo. La erradicación de esta política mortal es un primer paso fundamental para restaurar el asilo y preservar los derechos humanos de los solicitantes de asilo; cualquier otra cosa es una curita que no está resolviendo los problemas en cuestión”.

Entre tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), se mostró “decepcionada” por decisión de la administración Biden de deportar a los migrantes venezolanos que intentan ingresar a los Estados Unidos por la frontera sur.

En un comunicado afirmaron que esta respuesta busca reducir las cifras a toda costa en lugar de adoptar medidas para reabrir la frontera y permitir a estas personas acceso al asilo u otras formas de protección, en vez de excluirlos bajo el Título 42, programa que permite a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a las personas migrantes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras de vuelta a México.

Explicaron que la decisión de incluir a las personas venezolanas en el Título 42 “se debe al fuerte aumento de sus llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades fronterizas estadounidenses habían encontrado 153.905 personas de Venezuela durante los primeros 11 meses del año fiscal 2022 (octubre de 2021 a agosto de 2022), y el comunicado de prensa del DHS reveló que 33.000 más llegaron a la frontera en septiembre. Los ciudadanos de Venezuela fueron los que más llegaron a la frontera en agosto y septiembre después de los de México.”

Junto a la ampliación de la aplicación del Título 42 a Venezuela, el DHS anunció un programa de libertad condicional humanitaria para hasta 24.000 personas migrantes y refugiadas de ese país.

Teniendo en cuenta que 33.000 personas de Venezuela llegaron a la frontera en septiembre, este programa beneficiaría a un número equivalente a unas tres semanas del flujo actual.

Aparte del número limitado, «el nuevo programa excluirá a cualquier persona de Venezuela que haya cruzado irregularmente a través de Panamá y/o México después del 12 de octubre de 2022, lo que significa que las miles de personas que actualmente están en algún lugar de este traicionero viaje probablemente no calificarán, a menos que ya estén en México con algún estatus», alerta la WOLA.