“Más de 600 personas privadas de libertad fueron trasladadas arbitrariamente desde el Centro Penitenciario Yare III hacia distintos recintos en los estados Aragua, Carabobo, Guárico y Lara”, denunció este martes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

En su cuenta en X,  el OVP dijo está es “una evidente maniobra para borrar evidencias y obstaculizar cualquier investigación, tal como ocurrió tras la masacre de Vista Hermosa”.

Recordó que, “las cinco muertes registradas siguen sin esclarecerse" y denunció "el silencio del Ministerio de Servicios Penitenciarios persiste, mientras el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo omiten su deber de actuar, convirtiéndose una vez más en cómplices por acción y omisión”.

A esto se suma “el impacto directo sobre las familias, que ahora deben recorrer cientos de kilómetros para poder visitar a sus seres queridos, asumiendo costos de traslado, alimentación y estadía, además de cubrir los insumos básicos que el sistema no garantiza”.

El OVP alertó que “hasta ahora no existe un listado oficial de los trasladados, solo algunos reclusos han logrado comunicarse con sus familiares para informar su ubicación, mientras que muchos otros permanecen desaparecidos dentro del sistema penitenciario, sin que sus allegados conozcan su paradero ni su estado de salud”.

Añade que “esta opacidad se agrava aún más al considerar que los centros a los que están siendo enviados presentan altos niveles de hacinamiento, lo que incrementa los riesgos para su integridad y salud. Lejos de aliviar la crisis, estas acciones la profundizan, trasladando el problema a recintos ya colapsados”.

Por ello,v"desde el @oveprisiones exigimos al Ministerio de Servicios Penitenciarios que publique de inmediato la lista completa de traslados, garantizando el derecho de los familiares a conocer la ubicación y condición de los internos".

Advirtió que “todos estos hechos, registrados a lo largo de la semana en Yare III, están siendo documentados y serán consignados ante instancias internacionales”.

Finalmente, recordó que “los presos sociales son, en su mayoría, los más pobres, invisibles y más vulnerables dentro de la sociedad, y son ellos quienes están pagando con su vida el abandono del sistema. Habrá justicia”.

El ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó este martes que ocurrió un motín este 20 de abril en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, donde cinco reclusos resultaron muertos.

Se trata de la primera versión oficial sobre estos hechos que ya habían sido denunciados por familiares de los privados de libertad que alertaron sobre una situación irregular en el recinto.

Según un comunicado oficial publicado por el despacho en sus redes sociales, el incidente comenzó como una "riña entre privados de libertad que devino en un motín".

El ministerio identificó a los cinco fallecidos como: Keivin Eduardo Matamoros Matamoros (CIV-25.985.557), Eliecer José Córdoba García (CIV-19.124.043), Erkin Josué Ramos Flores (CIV-19.999.143), José Pascual Andrade Aguilar (CIV-25.753.153) y Jean Carlos Jiménez Barrios (CIV-19.894.077).

Las versiones extraoficiales hablan de más víctimas y de decenas de presos heridos, pero nada de si ha sido confirmado por las autoridades. 

Familiares de reclusos que permanecen concentrados frente al penal exigen fe de vida de sus seres queridos. 

Las organizaciones no gubernamentales, Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Observatorio Venezolano de Prisiones informaron el traslado de  47 detenidos de Yare III en Miranda al Internado Judicial de Carabobo, conocido como penal de Tocuyito.

El traslado se hizo la noche del sábado, y se trata según OVP del último grupo de detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio que estaban recluidos en la prisión mirandina.

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Mientras que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó que los traslados corresponden a las detenciones ocurridas en los estados Zulia, Barinas y Yaracuy.

Recordemos que según las oenegés el 5 de diciembre fueron trasladados unos 200 detenidos de Anzoátegui, Miranda y Portuguesa desde Yare III hasta la cárcel de Tocorón en Aragua.

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Alfredo Romero, directivo del Foro Penal, denunció que en la cárcel de Yare III, en el estado Miranda, hay alrededor de 250 presos políticos jóvenes.

Romero dijo, en sus redes sociales, que gran parte de ellos son estudiantes y con edades entre 18 y 25 años. Además, hay varias mujeres, recluidas en un anexo.

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«Son muchachos y muchachas muy jóvenes, son inocentes», dijo Romero, acompañado por familiares de los detenidos.

Indicó que muchos de los detenidos proceden de estados como Barinas, Anzoátegui, Portuguesa y Zulia, entre otras entidades.

Según la ONG, de las más de 1.700 detenidos desde el 29 de julio, más de 70 son jóvenes.

#10Oct ?️ LA MAYORÍA DE LOS DETENIDOS SON ESTUDIANTESEl director presidente del Foro Penal, @alfredoromero, dice que en la cárcel Yare 3 se encuentran detenidos 250 jóvenes, entre 18 a 25 años, producto de la situación postelectoral en Venezuela?: @ForoPenal pic.twitter.com/VkecSgysu8

Un total de 75 hombres fueron trasladados al Centro Penitenciario Región Capital Yare III, ubicado en el municipio Simón Bolívar de los Valles del Tuy, en el estado Miranda.

La ONG Una Ventana a la Libertad, confirmó que se trata de los 75 detenidos los días subsiguientes al 29 y 30 de julio, tras las protestas por los resultados de las elecciones del 28 de julio.

La ONG informó que «a los arrestados les dictaron medida privativa de libertad por los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, entre otros.

Estas personas estaban arrestadas en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta (Zona 7), Caracas.

Una vez celebrada la audiencia de presentación, el juez fijó la cárcel Yare III como sitio de reclusión.

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Familiares de los detenidos cuestionaron que se les haya privado de libertad y aseguraron que no se trata de delincuentes.

Indicaron que sus allegados están recluidos junto a los presos comunes. “Protestar no es un delito y menos opinar”, dijo el pariente de uno de los aprehendidos.

Por su parte, otra ONG, el Foro Penal, informó este martes que por estas protestas van 1.393 detenidos, pero sin especificar dónde se encuentran.

La mayoría de las denuncias que reciben las organizaciones defensoras de los DD. HH. es que hay un patrón en el tratamiento de estos presos, puesto que no se les permite el contacto con sus familiares y tampoco que designen a defensores privados.

Por los delitos de homicidio calificado, con alevosía por motivos fútiles e innobles y agavillamiento fueron imputados a la pareja señalada de asesinar a golpes a la niña Aranza Sofía Omaña (6) en Ocumare del Tuy.

La fiscalía 22 presentó a Newman Rafael Zambrano Castro y a María Isabel Alfaro Alcalá, ante el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de los Valles del Tuy.

Se pudo conocer de manera extraoficial que a la mujer la enviarán al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques. Mientras que el hombre le corresponde ir al Centro Penitenciario Región Capital Yare III.

Durante la presentación ante el juez, la pareja se culpó entre sí del homicidio, al igual que lo hicieron cuando declararon ante los funcionarios del Cicpc, reseñó El Pitazo.

Otro dato que trascendió fue que Zambrano lloró en medio de la audiencia.

Aranza Sofía fue asesinada a golpes el seis de noviembre, entre las 6:00 y 7:00 pm, en un apartamento de la urbanización Ciudad Betania I de Ocumare del Tuy.

De acuerdo a los vecinos sus homicidas la envolvieron en una sábana y simularon ante la vistas de todos  que la pequeña tenía fiebre y la llevaban al hospital.

Sin embargo, la triste realidad es que la pareja caminó un kilómetro hasta un terreno baldío dónde dejó el cadáver, en medio de basura y monte. Se regresaron solo con la sabana.

Pasaron los días, y fue cuando un trabajador municipal encontró el cuerpo en estado de descomposición y avisó a las autoridades.

Zambrano y Alfaro tenían dos semanas al cuidado de Aranza Sofía, luego que la madre biológica de la pequeña se las entregara.

Esta mujer, según la pareja, está en situación de calle en Caracas. El Cicpc la busca.

Los cuidadores de la niña la mataron porque no controlaba los esfínteres. Según Zambrano, Alfaro Alcalá tenía 15 días maltratando a la menor de edad.

Versión que guarda relación con los resultados de la autopsia según la cual el cadáver de la pequeña  reveló politraumatismo, fractura de cúbito y radio del brazo izquierdo, hemorragia interna y estallido hepático.

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