Los familiares de los presos políticos que quedaban en la Zona 7, sede de la PNB en Caracas, levantaron el campamento levantado hace varias semanas, luego del traslado de sus seres queridos a Yare II.

Las madres de los detenidos afirmaron que continuarán luchando por la excarcelación de todos, así como ocurre en otros centros de reclusión en Venezuela.

La Zona 7, en Caracas, fue el epicentro de muchos de los reclamos más sonoros desde comienzos de este año, tras la captura de Nicolás Maduro y el inicio de las liberaciones de personas perseguidas por el régimen. 

 Yaxzorora Lozada, Mileydi Mendoza, Sandra Rosales, Wendy Hidalgo y Evelyn Quiaro —las últimas cinco mujeres que sostenían el espacio— recogieron sus pertenencias para seguir el camino.

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🚨 LEVANTARON CAMPAMENTO EN ZONA 7Este 13Mar se dio por finalizada la permanencia de familiares de presos políticos en la Zona 7, PNB Boleita Caracas, después de 64 días.12 señalados por el caso de Plaza Venezuela fueron trasladados a la Cárcel de Yare.📹 @SeirContreras pic.twitter.com/RYjxR4j7XR

De las 20 familias que inicialmente exigían justicia en este punto, ellas cinco fueron el último bastión.

Ahora, su brújula apunta a Yare II, donde continuarán alzando la voz por sus familiares vinculados al supuesto caso de explosivos de Plaza Venezuela. 

Con información del ClippVe.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe), informó que los familiares de los presos políticos de la Zona 7 denunciaron el traslado arbitrario de sus seres queridos señalados  en la denominada “causa de Plaza Venezuela”.

Se trata del “traslado de 12 personas” que “se produjo durante la madrugada de este martes #11Mar, sin notificación previa a sus familiares”, señala el ClippVe en su cuenta en X.

Dice que “11 de ellos habrían sido llevados al penal de Yare y una mujer trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ambos en el estado Miranda”.

De acuerdo con familiares y amigos presentes en las inmediaciones de la sede policial, a las 4:51 a.m. una furgoneta negra, custodiada por una camioneta de color gris, salió del recinto carcelario a alta velocidad. 

🚨 TRASLADO ARBITRARIO | Familiares de Zona 7 denuncian traslado arbitrario de sus seres queridos señalados injustamente en la denominada “causa de Plaza Venezuela”El traslado de 12 personas se produjo durante la madrugada de este martes #11Mar, sin notificación previa a sus… pic.twitter.com/JYlcyJiCj0

Aproximadamente 20 minutos después, los familiares recibieron una llamada informándoles del traslado.

“Los familiares temen que funcionarios de orden público reciban órdenes de desmantelar el campamento en el que continúan pernoctando las familias vinculadas a la “causa de Plaza Venezuela”, tal como se conoció este lunes 10Mar, desestimando las razones legítimas de su protesta pacífica y argumentando que no pueden permanecer en la zona al no encontrarse ya sus seres queridos en ese recinto policial”, dice la ONG.

Familiares reiteran que no exigen traslados, sino la libertad plena de sus seres queridos, detenidos injustamente, señaló el Comité.

Un total de 25 presos políticos que estaban en sede de la PNB conocida como Zona ,  fueron excarcelados entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de marzo, informó el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

Según el comité las excarcelaciones se otorgaron bajo medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad.

Todos los excarcelados formaban parte de la llamada “causa de los 43”, un expediente construido alrededor de un presunto complot para ejecutar atentados en el país.

El CLIPPVE advirtió que, pese a estas excarcelaciones, aún permanecen detenidas personas vinculadas al caso de los supuestos explosivos encontrados en Plaza Venezuela.

Los excarcelados son: Omar Torres, Jack TanTak, Renny Chourrio, Fernando Orozco, Brayan Orozco, Kevin Galbar, José Daniel Espinoza, Gilberto Alcalá, Richard Sardivia, Franklin Parra, Carolina Briceño, Víctor Borjes, Yusse Abdala Yunis, Jean Daoudud, José Gregorio Frafan, Antonio Briceño, Arnaldo Méndez, Edison Key, Yohander Oviedo, Rafael Oviedo, Jorge Luis Marquin (ciudadano ecuatoriano), Wifran Perea, Levy Sánchez, Yoel Freites y Humberto Jaime.

Familiares de presos políticos pidieron este viernes a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y a la jefa de misión de EE.UU. en Venezuela, Laura Dogu, visitar un comando policial en Caracas, donde permanecen los parientes a la espera de liberaciones que no se han concretado, a pesar de la Ley de Amnistía aprobada en febrero.

 Durante una actividad nocturna, Narwin Gil, hermana de un preso político, reclamó la visita de Rodríguez a este calabozo, conocido como Zona 7, y expresó la disposición de los familiares de entablar un «diálogo cordial» con ella.

«Delcy Rodríguez, como mujer, no ha venido a solidarizarse con este grupo de mujeres que estamos acá pernoctando, sufriendo. Viene el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué nos va a decir usted? (…) Así como usted sale a cumplir con sus labores, usted puede venir para acá», manifestó Gil.

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En las calles cercanas a Zona 7, los familiares se reunieron e improvisaron un buzón de quejas en un recipiente de agua y ahí depositaron lo que consideraron han sido las «promesas incumplidas» por parte de autoridades de Venezuela.

 Entre las quejas, subrayaron que varias madres se han enfermado mientras esperan la liberación de sus seres queridos, tras asegurar que han pernoctado desde enero en las adyacencias de Zona 7, luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un «número importante» de personas.

Asimismo, denunciaron el «incumplimiento» de Jorge Rodríguez, luego de que hace un mes visitara Zona 7 y prometiera desde ese lugar la liberación de «todos los detenidos» el mismo día en que se aprobara la Ley de Amnistía. Aunque la norma fue aprobada semanas después, los familiares esperan la salida de sus parientes.

Por su parte, el activista Diego Casanova, también miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, aseguró que en Zona 7 todavía quedan más de 30 presos políticos, luego de que se liberara a varios en el marco de la amnistía.

Con información de AFP

La mañana de este jueves, los familiares de los presos políticos de la Zona 7 continúan en huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos detenidos en este comando policial.

El Comité por la libertad de los presos políticos (CLIPPVE) dijo que “hasta el momento, no han recibido respuestas oficiales a su reclamo”.

Indicó que “pese a la visita de un funcionario del Ministerio Público este miércoles #18Feb, el mismo manifestó no tener información sobre las liberaciones y no sostuvo conversación sobre este asunto ni verificó la situación de los presos políticos recluidos en el lugar”.

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🚨CINCO DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE EN ZONA 7Familiares de detenidos en el comando policial de Zona 7 cumplen 120 horas sin ingerir alimentos para exigir su liberación.Este 19Feb denunciaron que no han recibido respuestas oficiales📹 @clippve pic.twitter.com/ZWWWj5Oqxi

“La ausencia de respuestas institucionales mantiene en riesgo la salud e integridad de las familias y de las personas detenidas, tras más de cinco días de ayuno y semanas de protesta pacífica”, denuncia el comité.

🚨FISCAL VISITA ZONA 7: SIN RESPUESTASUn fiscal del Ministerio Público visitó a familiares de presos políticos que realizan huelga de hambre frente a la PNB de Boleíta (Zona 7), pero solo abordó el tema de la alimentación de los detenidos📹 @clippve pic.twitter.com/M8XaenzafO

Los familiares de los presos políticos que están en la Zona 7, ya superan las 96 horas en huelga de hambre.

“La mañana de este miércoles 18Feb, familiares continúan la huelga de hambre en las inmediaciones de la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, Zona 7, exigiendo respuestas del Estado”, publicó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe).

Revela la ONG que “durante este período, cinco familiares se han descompensado como consecuencia del ayuno prolongado, sumado a más de 40 días pernoctando a la intemperie en un entorno de alta tensión”.

Destaca que “estas madres y familiares han requerido atención médica de emergencia tras presentar fuertes dolores de cabeza y abdominales, náuseas y debilidad general”.

Ratifica que las “familias exigen al Estado atender de inmediato sus reclamos y liberar a todos los presos políticos, tal como lo prometió el presidente de la Asamblea Nacional desde el pasado 8 de enero”.

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El Comité ratifica que “el Estado venezolano es el único responsable de la vida e integridad de estas familias, que han asumido esta medida extrema ante los reiterados anuncios incumplidos, los cuales han generado falsas expectativas y profundizado la incertidumbre y el sufrimiento”.

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe), denunció que sigue el deterioro de la salud de los familiares de presos políticos en huelga de hambre en la Zona 7.

La ONG informó que  “Evelin Quiaro es la tercera familiar que presenta descompensación en huelga de hambre en Zona 7”.

“La tarde de este martes #17Feb, Evelin Quiaro, madre de Joel Bravo, tuvo que ser retirada de la huelga de hambre debido al grave deterioro de su estado de salud, tras 40 días de protesta y 80 horas en huelga de hambre”, dijo el ClippVe en su cuenta en X.

Indicó que “fue atendida de emergencia al presentar intenso dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos y debilidad general”.

“El Estado venezolano es responsable del deterioro físico y psicológico que enfrentan estas madres y familiares, como consecuencia de los reiterados anuncios de liberaciones incumplidas”, lamentó el comité.

“Quienes hoy dirigen las instituciones del Estado se convierten en los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela”, agregó.

El comité exigió “atención inmediata a los reclamos justos de estas familias, el cese del desgaste y la revictimización, y la liberación inmediata de todos los presos políticos”.

Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones, bajo fuertes presiones de Washington tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero en un ataque estadounidense.

"Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso", cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.

Las excarcelaciones se producen a cuentagotas. Familiares se han plantado desde hace más de un mes a las afueras de las cárceles a la espera de que sus presos salgan.

Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.

Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.

"El cuerpo comienza a sentir los embates de no comer", pero "vale la pena, siempre va a valer la pena", dice Quiaro acostada en uno de los varios colchones dispuestos en fila bajo toldos improvisados contra el duro sol.

Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.

"¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?", se queja Quiaro. "Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite", denuncia. 

- "Peligroso" -

Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

"Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto", confía Quiaro.

Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.

"Es peligroso hacer una huelga de hambre, y más por las condiciones en que se encuentran, que están en la calle, están respirando el polvo, el sucio de la calle", explica Arreaza, que solicitó en vano visitar a los presos. Un funcionario "me pidió una orden judicial" para entrar, cuenta.

Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.

"Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer", le dice al policía, que da media vuelta.

"¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela" deben salir, pide Gil. "Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí". 

- "Desgastadas" -

Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.

La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.

Es "terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica", lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.

"Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre".

Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. "Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves".

El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. "Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia", escribió en X.

Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.

Con información de AFP

A las 3:12 a. m. de este sábado fue excarcelado el dirigente sindical, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV(, José Elías Torres.

La información la dio a conocer la ONG Coalición Sindical.

“Se encuentra nuevamente en libertad el presidente de la CTV, José Elías Torres. Fue excarcelado desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, Zona 7, tras haber sido detenido el pasado 29 de noviembre de 2025, sin orden judicial y sometido a desaparición forzada”, destacó la ONG.

“Elías nunca debió estar preso. Hoy abrazamos a su familia en este esperado reencuentro” agrega.

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Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), también saludó la excarcelación del dirigente gremial.

“Desde el SNTP celebramos la excarcelación del dirigente sindical y amigo José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Fueron casi tres meses de injusta detención y de violación a sus derechos al ser sometido a desaparición forzada”, destacó el sindicato,

EN LIBERTAD | A esta hora, 3:12 a. m. de este sábado #14Feb, se encuentra nuevamente en libertad el presidente de la CTV, José Elías TorresJosé Elías Torres fue excarcelado desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, Zona 7, tras haber sido detenido el pasado… pic.twitter.com/EtJFzB6EGV

En la madrugada de este sábado, 17 presos políticos que estaban en la sede de la PNB, conocida como Zona 7, ubicada en Boleíta, al este de Caracas, fueron excarcelados.

“Un grupo de 17 personas privadas de libertad en el centro de detención Zona 7 recibe su boleta de excarcelación en el contexto de la Ley de Amnistía”, anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de su canal oficial de Telegram.

Asimismo, destacó que la medida forma parte de los esfuerzos por fortalecer la estabilidad interna del país con la finalidad de consolidar una ruta de paz y entendimiento entre los distintos sectores de la sociedad venezolana.

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El parlamentario hizo énfasis en la necesidad de avanzar hacia una convivencia democrática que priorice los símbolos de identidad nacional y el respeto mutuo entre los ciudadanos.

“Continuemos esta ruta de paz para la construcción de una convivencia democrática y entre hermanos. Todos tenemos una misma canción: El Gloria al Bravo Pueblo. “Todos una misma bandera”, escribió.

Este viernes se había cumplido el plazo que la semana anterior dio Rodríguez para que salieran “todos” los presos políticos de Zona 7. Pero, como no se cumplió, los familiares decidieron encadenarse.

A la salida del penal, aunque muchas familias estaban felices, otras reclamaban que “17 no son todos” y protestaron porque las excarcelaciones se están dando a cuentagotas.

Con información de VTV

Este lunes, luego de permanecer durante 17 días, esperando la liberación de los presos políticos,  Evelis Cano, madre de Jack Tantak Cano, se encadenó frente a la sede de Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta, al este de Caracas.

Ella exige la liberación inmediata de su hijo y de todas las personas detenidas por motivos políticos.

Cano denunció la ausencia de respuestas por parte de las autoridades del penal  y dijo que esta situación  y el silencio institucional ha llevado a los familiares al límite.

“Mi nombre es Evelis Cano. Me acabo de encadenar por mi hijo y por todos los presos políticos. No hemos tenido respuesta alguna. Aquí lo que ha sucedido es un silencio que nos tiene desesperados”, afirmó.

Informó  que el director del organismo no ha ofrecido información sobre la situación de los detenidos y tampoco sobre posibles excarcelaciones.

Cano aseguró que permanecerá encadenada y advirtió que iniciará una huelga de hambre si no obtiene una respuesta concreta. “Si tengo que morir por mi hijo, lo he dicho en cámara y lo repito: voy a morir por él. No vamos a comer más nada hasta que nos los entreguen”, declaró.

Pidió apoyo nacional e internacional para visibilizar esta situación.

También denunció el impacto emocional que la prolongada detención ha tenido en los niños de las familias afectadas. “Nuestros niños ya no aguantan el desespero. No entienden por qué su papá o su mamá están presos”, lamentó.

En respaldo a las palabras de Cano, los familiares advirtieron que están dispuestos a cerrar las calles y mantener la presión hasta lograr la liberación de todos sus seres queridos.  

 “Queremos libertad. Queremos una Venezuela libre. Ayúdennos para que haya una liberación masiva de todos los presos políticos. Ya no aguanto ni un solo día más”, expresó. 

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció las condiciones de los presos en los calabozos de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en Boleíta, al este de Caracas, más conocida como la «Zona 7».

En un hilo en la cuenta de X de la ONG, su director, Humberto Prado, dijo que en esa sede policial hay un lugar especial, denominado «celda del Inframundo».

«El inframundo está en el último piso donde hace tanto calor que las paredes sudan y los detenidos están todo el tiempo sudados y usando shorts porque el calor los asfixia», relató.

Pero, en general, Prado alerta acerca de la situación de los presos en ese lugar que no está en condiciones de ser una prisión, puesto que son calabozos para la «detención preventiva» o temporal.

Reiteró que «el Estado venezolano debe cumplir las 48 horas de permanencia de estas personas en los calabozos. Inmediatamente, deben trasladar a estas personas al centro de reclusión, cumpliendo con todas las medidas de seguridad».

«Es necesario que cierre la Zona 7 y que quede como un comando policial únicamente, el área de reclusión debe ser eliminada. Los presos deben ser trasladados a penales o deben revisar sus casos para que les otorguen su libertad», recomendó el director del OVP.

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Humberto Prado hizo una serie de recomendaciones acerca de lo que el Estado venezolano debería hacer con la Zona 7, la cual calificó como «una bomba de tiempo».

No obstante, Prado asegura que la situación de todos los retenes policiales del país es similar, porque no son cárceles ni sus funcionarios están formados para atender a una población penal.

“Un funcionario del Cicpc, por ejemplo, está formado para la investigación criminal y no para estar cuidando presos ni para estar revisando comida”, destaca Humberto Prado.

«Los funcionarios deben estar debidamente formados para educar a los detenidos, pero no para faltar el respeto a una persona que ya viene con daños», agregó.

#InformeOVP Los calabozos de la Zona 7 de Boleíta son una bomba de tiempo.Recomendaciones al Estado venezolano del @oveprisiones:1. Cesar de forma inmediata el uso prolongado de la prisión preventiva y evitar la desnaturalización de los centros de detención preventiva.2.… pic.twitter.com/CSfeo9pWzu

La mañana del pasado lunes falleció de tuberculosis un preso que estaba recluido en los calabozos de la comisaría policial de Boleíta, mejor conocida como Zona 7.

Según la versión familiar, el detenido identificado como José Manuel Hernández, de 54 años. Y presentó un rápido deterioro en su salud y nunca fue llevado a consulta médica.

El hombre tenía un año preso por la presunta comisión del delito de homicidio.

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Durante el tiempo que permaneció tras las rejas nunca fue llevado a tribunales a realizar la audiencia preliminar.

Piden a las autoridades que se investigue la realidad que se vive en el interior de los calabozos policiales de Boleíta.

Los parientes de Hernández también aseguraron que ya es rutinario que los presos mueran por enfermedades en zona 7.

En los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta en Caracas, conocido como “Zona 7”, no dan tregua ni en plena pandemia por COVID-19. Algunos familiares apostados en las puertas del centro de detención policial denunciaron que los pagos por “privilegios” han aumentado mucho más desde que arrancó la cuarentena obligatoria.

Las presuntas extorsiones por parte de los funcionarios que custodian este lugar ya son comunes para los familiares de los reclusos, pero no por comunes son normales o dejan de estar mal. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) tuvo la oportunidad de conversar con familiares de los privados de libertad, quienes denunciaron que las tarifas para reservar la calidad de vida de sus parientes es cada vez más elevada.

Entre los privilegios por los que deben pagar los reclusos se encuentra el de poder ver la luz del día, la salida de la celda hasta el patio tiene un costo de entre $1 y $4. “Todo depende de la capacidad que tiene la persona de palabrear al funcionario”, comentó la esposa de un recluso.

“Si no pagas también es difícil que te dejen visitarlos, yo tengo dos meses que no he podido ver a mi esposo”, agregó la mujer.

El “Tigrito” es una celda en lo más profundo de los calabozos de Boleíta, donde las aguas negras corren por el piso y es por esta razón que los presos deben dormir de pie entre cucarachas, roedores, malos olores y un alto riesgo de contener cualquier tipo de enfermedad.

Familiares relataron que algunos reos han fallecido en esta celda por tener mucho tiempo encerrado bajo condiciones totalmente inhumanas. Esto como consecuencia de que no pudieron pagar por el traslado a una celda más grande.

Para poder salir de ahí los familiares deben pagar desde $80 hasta $100. Este pago les permite tener acceso a un lugar más ventilado, pero si no pagan son encerrados allí hasta el fin de su condena.

Las condiciones de las demás celdas tampoco son las más aptas, la mayoría de ellas tienen más de 95 reos en un espacio de 70 metros. Los excrementos se acumulan en bolsas de plástico entre las colchonetas y paredes, y si no pagas no sales al sol.

Carolina Girón, directora del OVP, manifestó su solidaridad con este grupo de privados de libertad, quienes desde el momento de su detención se encuentran bajo la responsabilidad del Estado y aun así con víctimas de una flagrante violación a sus derechos humanos.

En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para que ejecuten una investigación oportuna, exhaustiva y veraz sobre estos hechos que fomentan aún más el colapso del sistema penitenciario en Venezuela.